Sala Social del TSJ Venezuela 30 de Mayo de 2018. El desistimiento de la acción en materia laboral, atenta contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos que benefician y protegen a todo trabajador

Dr. Daniel Antonio Carvajal Ariza.

Abogado.

Director.

 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas, treinta de mayo de 2018. Años: 208º y 159°

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales, indemnización por enfermedad ocupacional y demás conceptos laborales siguen los ciudadanos AUSTÍN JOSÉ FIGUEREDO HERNÁNDEZ, JIMY ALEXANDER PEÑA, ALBERT RONAL APARICIO CHACÓN, FRANKLIN RAFAEL SALAZAR LÓPEZ, ANDREY JOSÉ CRUZ PANTOJA, VÍCTOR JOSÉ TORRES ALFARO, ERY GREGORIO HERNÁNDEZ PEÑA, PABLO EDISSON JESÚS CARMONA RUÍZ, MARCOS JOSÉ REYES DUARTE, ANDDY DAVID ALFONZO, MAIKER ARGENIS ECHENIQUE URBINA, SIMÓN ALEJANDRO CASTRO MIJARES, JOSÉ ÁNGEL BUENO RAMÍREZ, CARLOS ADONAY BAENA VANEGAS, JESÚS ALBERTO MIERE BLANCO, IRVIN HUMBERTO RONDÓN ARCILES, JOSÉ ALEXANDER PÉREZ PÉREZ, ASENCIÓN ANTONIO PÉREZ MARCANO, VÍCTOR MANUEL PÉREZ PARRA y DARWIN ANTONIO PENEDA ADAME, titulares de las cédulas de identidad n° V-18.443.358, V-16.496.977, V-17.815.541, V-14.450.802, V-17.452.701, V-15.367.699, V-16.368.551, V-16.451.037, V-12.533.021, V-18.486.043, V-13.886.855, V-17.555.274, V-17.148.641, V-21.422.680, V-6.887.745, V-16.058.835, V-19.050.867, V-6.203.166, V-17.234.365 y V-15.843.568, respectivamente, representados judicialmente por los abogados Jesús Rafael Blanco Verdú, Juan Carlos Márquez González y Hamilton Melvin Rodríguez, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 40.352, 69.790 y 72.569, en su orden, contra la sociedad mercantil PEPSI COLA VENEZUELA C.A., solidariamente contra la entidad de trabajo CERVECERÍA POLAR C.A. y el ciudadanoLORENZO ALEJANDRO MENDOZA GIMÉNEZ, representados judicialmente por los abogados César A. Carballo Mena, Nelson Osío Cruz, Frank Vicent y Oriana Dos Ramos, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 31.306, 99.022, 114.270 y 219.393, correlativamente, el JuzgadoSuperior Séptimo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión el 29 de enero de 2018, en la que declaró desistido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la decisión apelada emanada del Tribunal Duodécimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, del 20 de noviembre de 2017, que declaró desistido el procedimiento.

Contra la decisión emitida por la alzada, la parte demandante, anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido fue remitido a esta Sala de Casación Social.

El 5 de febrero de 2018, la parte accionante consignó escrito de formalización del recurso de casación. No hubo impugnación.

Recibido el expediente, el 22 de marzo de 2018, se dio cuenta en Sala correspondiéndole la ponencia al Magistrado Dr. Edgar Gavidia Rodríguez.

El 18 de abril de 2018 por auto de ésta Sala, se acordó fijar la audiencia para el jueves treinta y uno (31) de mayo de 2018, a las doce y treinta minutos de la tarde (12:30 p.m.).

El 10 de mayo de 2018, los ciudadanos Pablo Carmona, Asención Pérez, José Pérez y Víctor Pérez, en su condición de accionantes debidamente asistidos manifestaron su deseo de desistir “de la presente demanda”.

Siendo la oportunidad procesal, la Sala pasa a pronunciarse conforme a las consideraciones siguientes:

 

Ú N I C O

En el presente caso de las actas que conforman el expediente, se observa que cuatro de los accionantes en el presente juicio, ciudadanos Pablo Carmona, Asención Pérez, José Pérez y Víctor Pérez presentaron diligencia mediante la cual desisten “de la presente demanda” (Vid. ff. 238 y 239 pieza n° 2), y solicitan se notifique a la parte demandada del desistimiento.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la irrenunciabilidad de los derechos laborales, en los siguientes términos:

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

(Omissis).

  1. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos.Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

En sentencia n° 425 del 10 de mayo de 2005, caso: Dulce Elena El Quza Suárez contra Alcaldía del Municipio Sucre Sabana de Mendoza del Estado Trujillo de la Sala de Casación Social, con relación a la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores estableció, que la institución de la irrenunciabilidad, persigue garantizar con la prohibición de renuncia, que el trabajador en una negociación contractual disfrute durante su desarrollo de un mínimo inexpugnable sobre el cual no puede haber acuerdo alguno en su perjuicio, pero sí en su mejora. La previsión del legislador tiene como fin garantizar el que el interés particular del sujeto débil o menos fuerte de la relación laboral, quede incólume antes y durante la relación, y que no se vea compelido a dejar de percibir los beneficios que le correspondan y en caso de no recibirlos pueda exigirlos ante los órganos competentes.

Por su parte, el encabezamiento del artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, señala:

Artículo 19. En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras.

Igualmente, el artículo 9º del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establece:

Artículo 9: Principio de Irrenunciabilidad (Transacción Laboral). El Principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador, en los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, no impedirá la celebración de transacciones, siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito o contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.”

En la sentencia de esta Sala cuyos datos fueron descritos con anterioridad, al referirse a la figura del desistimiento se cita la decisión de la Sala de Casación Civil, de fecha 11 de agosto de 1993, ratificada el 24 abril de 1998, en la que se dejó sentado:

(…) Ahora bien, en cuanto el desistimiento, como acto de autocomposición procesal en la materia que se examina, la Sala estima que nada obsta para que el trabajador pueda desistir en un proceso laboral, siempre y cuando tal acto revista todos los requisitos necesarios para tenerse como válido y además no implique una renuncia a la acción que ostenta el trabajador como actor, pues esto implicaría que éste último no pudiese eventualmente reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que indudablemente sí atenta al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador.

En efecto, puede el trabajador desistir del proceso mediante el cual reclama derechos que éste pretende, pero lo que ciertamente resulta inadmisible es que el trabajador desista de su acción y al mismo tiempo de su pretensión, pues ello se constituye en una renuncia evidente a sus derechos, y por tanto equivale a ignorar la protección especialísima que se comenta, y la cual se destina a resguardar los derechos del trabajador, frente a los actos del patrono; de admitirse lo anterior, sería desmejorar al trabajador en cuanto a sus derechos adquiridos se refiere, lo cual no es el espíritu y razón que sobre esta materia tuvo el legislador. (Subrayado de la Sala).

Observa esta Sala de Casación Social, como así quedó sentado en la decisión anteriormente transcrita, la cual acoge, que puede el trabajador desistir del proceso, pero no de la acción y de su pretensión, pues esto implicaría una renuncia a sus derechos y por ende constituye una desmejora en cuanto a los derechos adquiridos.

En el presente caso, el actor en fecha 27 de septiembre del año 2001 desistió del procedimiento, así como de la acción, e igualmente renunció a realizar cualquier tipo de cobro relacionado con alguna incidencia producida en el transcurso del proceso, alegando posteriormente, en fecha 2 de octubre del mismo año, que sus derechos laborales eran irrenunciables, en atención a la Constitución y Ley Orgánica del Trabajo y por tanto solicitó se declarara sin lugar el desistimiento.

Ahora bien, considera esta Sala de Casación Social, que al estar los derechos laborales amparados en normas constitucionales, legales y en el presente caso por la contratación colectiva del Municipio Sucre del Estado Trujillo, y al ser los mismos irrenunciables, la homologación del desistimiento de la acción en la presente causa por parte del sentenciador superior no está ajustado a derecho, pues como antes se indicó, en el mismo se está desistiendo además de la acción, del procedimiento.

Por tanto, al haberse efectuado en estos términos dicho acto de autocomposición procesal y haberlo homologado el Juzgador de alzada no debe tenerse como válido, pues, no puede el trabajador reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que a todas luces atenta contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador.

Concatenado con la norma constitucional y legal citadas, en concordancia con los criterios sostenidos por esta Sala, el desistimiento de la acción en materia laboral, atenta contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos que benefician y protegen a todo trabajador, en consecuencia, esta Sala de Casación Social niega la homologación del desistimiento de la demanda planteado por los demandantes ciudadanos Pablo Carmona, Asención Pérez, José Pérez y Víctor Pérez. Así se resuelve.

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA LA HOMOLOGACION del desistimiento de la demanda, presentado por los actores ciudadanos PABLO CARMONA, ASENCIÓN PÉREZ, JOSÉ PÉREZ VÍCTOR PÉREZ, en el juicio que por cobro de prestaciones sociales, indemnización por enfermedad ocupacional y demás conceptos laborales siguen contra la sociedad mercantil PEPSI COLA VENEZUELA, C.A., solidariamente contra la entidad de trabajo CERVECERIA POLAR, C.A. y el ciudadano LORENZO ALEJANDRO MENDOZA GIMÉNEZ.

 

Publíquese, regístrese y continúese la tramitación del recurso de casación anunciado y formalizado oportunamente por la parte accionante.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018). Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

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