Sala Constitucional 27 de Octubre de 207. La falta de cualidad como materia de orden publico

Sala Constitucional del TSJ VENEZUELA  27 de Octubre de 2017.

La Falta de Cualidad materia de orden publico. No se demando a la cónyuge.

 

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Exp.16-0284

 

El 16 de marzo de 2016, la abogada ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS, titular de la cédula de identidad n.° V-14.486.760, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 76.360, actuando en defensa de sus propios derechos e intereses, solicitó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la revisión constitucional con medida cautelar de la sentencia RC.000748, dictada el 10 de diciembre de 2015, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el recurso de casación intentado contra la sentencia dictada el 15 de enero de 2015, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la apelación ejercida contra la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, el 10 de junio de 2013, y en definitiva con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de opción de compra venta intentada por la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, contra su ex cónyuge fallecido Gustavo Emilio López Merchán.

El 18 de marzo de 2016, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la solicitud ejercida, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 28 de marzo de 2016, la abogada Adriana Piedrahita Ramos, en su carácter de solicitante de la revisión constitucional, presentó escrito mediante el cual ratificó la solicitud de decreto de medida cautelar innominada, a los fines de que se decrete la suspensión de los efectos de la decisión objeto de revisión, así como que se suspendan los actos de ejecución en el juicio donde se originó el fallo objeto de revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto el estado actual del proceso se encuentra en etapa de ejecución forzosa , lo que según alegó “implica que esta solicitante se encuentra no solo en inminente peligro de ser desalojada de mi vivienda, sino además de la pérdida definitiva de mi derecho de propiedad consagrado en el artículo 115 de Nuestra Constitución”, lo cual, según consideró constituye el “periculum in damni”, que obra en su perjuicio, y que en aras de evitar la consumación de la ejecución correspondiente al asunto identificado con la nomenclatura AH1B-V-2004-000102, que cursa ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Igualmente, para la demostración del “periculum in mora” la solicitante acompañó copias certificadas de los siguientes documentos: (i) acta de matrimonio con el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, celebrado el 25 de abril de 1992; (ii) documento de adquisición del inmueble objeto del juicio principal de fecha 10 de marzo de 1993, ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda; (iii) disolución del matrimonio, por divorcio, del 07 de octubre de 1998; (iv) contrato de opción de compra venta, del 23 de junio de 2003, firmado por el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, “sin mi conocimiento (a mis espaldas) y menos aun sin mi consentimiento, autorización y voluntad (…) sobre el bien inmueble objeto de esta controversia ubicado en la urbanización Terrazas del Ávila, calle 5, Res. Cota Mil I, piso 6, Apto N° 62, Municipio Sucre, Estado Miranda el cual pertenece a la comunidad conyugal”; y, (v) constancia de residencia emitida por el Registro Civil del Municipio Sucre, de fecha 28 de junio de 2013, donde se evidencia su lugar de residencia desde el año 1992.

El 04 de abril de 2016, la abogada Adriana Piedrahita Ramos presentó ante esta Sala diligencia, mediante la cual consignó escrito donde ratifica, con carácter de urgencia, su solicitud de decreto de medida cautelar innominada, con sus correspondientes recaudos.

Mediante escrito presentado ante esta Sala el 26 de abril de 2016, la abogada Adriana Piedrahita Ramos presentó escrito mediante el cual solicitó pronunciamiento en cuanto a la medida cautelar de suspensión de los efectos de la sentencia objeto de revisión.

El 27 de abril de 2016, esta Sala dictó sentencia n.° 298, mediante la cual se declaró competente para conocer la solicitud de revisión interpuesta, acordó la medida cautelar de suspensión de efectos de la sentencia n.° 000748, del 10 de diciembre de 2015, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mientras se decide la misma y ordenó la notificación a dicha Sala y al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El 02 de mayo de 2016, el Secretario de esta Sala dejó constancia de la notificación, vía telefónica, realizada a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de la sentencia antes mencionada.

El 10 de mayo de 2016, la abogada Adriana Piedrahita, solicitó copia certificada de la decisión dictada por esta Sala el 27 de abril de 2016.

Mediante escrito presentado ante esta Sala el 06 de junio de 2016, la abogada Adriana Piedrahita señaló que el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas pretende burlar la medida cautelar dictada por esa honorable Sala Constitucional” y, en tal sentido solicitó que se oficiara a la oficina de Alguacilazgo de los tribunales de Primera Instancia Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, instruyéndoles sobre la medida cautelar decretada por esta Sala, y que se oficie a la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda de la existencia y contenido de la referida medida cautelar.

El 07 de junio de 2016, el Secretario de esta Sala dejó constancia de la notificación, vía telefónica, realizada al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a fin de ratificar el contenido de la sentencia n.° 298 del 27 de abril de 2016, en donde se acordó la medida cautelar antes referida.

En la misma fecha, se expidieron a la parte solicitante las copias certificadas requeridas por diligencia del 10 de mayo de 2016.

Mediante diligencia del 13 de junio de 2016, la abogada Adriana Piedrahita solicitó que se oficie a la Coordinación de Alguacilazgo de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Área metropolitana de Caracas, por cuanto “el Tribunal 11° (sic) ha hecho caso omiso a las notificaciones telefónicas hechas por el Dr. José Leonardo Requena, Secretario de la Sala Constitucional”.

Por diligencia del 16 de junio de 2016, el Alguacil de esta Sala, ciudadano Édgar Nicolás Pineda González consignó oficio n.° 16-0321, del 19 de mayo de 2016, con copia certificada de la sentencia n.° 298, del 27 de abril de 2016, dirigida a la abogada Adriana Piedrahita Ramos, siendo que dicha abogada diligenció el 06 de junio de 2016 y retiró la copia certificada mencionada el 07 de junio de 2016.

El 11 de agosto de 2016, la abogada Adriana Piedrahita presentó, ante esta Sala, escrito con el cual consigna el Registro de Vivienda Principal del inmueble objeto de la demanda por cumplimiento de contrato de opción a compra venta intentada por la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel contra su excónyuge fallecido, Gustavo Emilio López Merchán, para ratificar que la decisión objeto de la solicitud de revisión quebranta su derecho constitucional al debido proceso y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Asimismo ratificó su solicitud de que se declare con lugar la revisión constitucional.

El 24 de febrero de 2017, se reconstituyó esta Sala Constitucional en virtud de la designación en sesión de la Sala Plena celebrada el 24 del mismo mes y año, de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y de las distintas Salas que lo conforman, quedando esta Sala Constitucional integrada de la siguiente forma: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Gladys Gutiérrez Alvarado, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.

El 09 de marzo de 2017, el abogado Antonio Bello Lozano Márquez, inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 16.957, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Aura Mercedes Vivas Sosa y David Vivas Sosa, titulares de la cédula de identidad nos V-17.423.224 y V-15.178.919, respectivamente, parte demandante en el juicio que por cumplimiento de contrato de compra venta interpuso la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel que cedió sus derechos litigiosos a los ciudadano David Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa contra el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, solicitó que se proceda a dictar sentencia.

Por diligencias del 05 de mayo, 12 de julio y 19 de septiembre de 2017, el abogado Antonio Bello Lozano Márquez, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano David Sosa, solicitó a esta Sala que se dicte sentencia en la presente causa.

Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

La parte solicitante de revisión constitucional expuso, en su escrito lo siguiente:

En primer lugar señaló como antecedentes del caso que, el 25 de abril de 1992 contrajo matrimonio con el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, titular de la cédula de identidad n.° V- 2.992.281, sin capitulaciones matrimoniales.

Que, el 10 de marzo de 1993, la comunidad conyugal adquirió un apartamento distinguido con el n.° 62, ubicado en la planta sexta del Edificio Cota Mil I, en la Urbanización Terrazas del Ávila, sector Norte, Calle n.° 5, Municipio Sucre del Estado Miranda.

Que, el 07 de octubre de 1998, fue disuelto el vínculo matrimonial y se ordenó la liquidación de la comunidad conyugal, lo cual nunca se llegó a realizar, por lo que el apartamento antes mencionado se mantiene en comunidad ordinaria.

Que, el 23 de junio de 2003, su ex esposo Gustavo Emilio López Merchán firmó un supuesto contrato de opción de compra venta sin su conocimiento, consentimiento y autorización, violándose la disposición contenida en el artículo 168 del Código Civil, generándose a su favor la acción de nulidad prevista en el artículo 170 eiusdem, en defensa de su derecho de propiedad sobre el bien inmueble descrito.

Que fue el 28 de junio de 2013, cuando de manera fortuita tuvo conocimiento de la sentencia definitiva dictada en primera instancia por el Juzgado Séptimo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia de fecha 10 de junio de 2013, que declaró con lugar la demanda que por cumplimiento de contrato de compra venta interpusieron los ciudadanos David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa contra la ciudadana Mariana López Semerene, en su carácter de única y universal heredera del de cujus Gustavo Emilio López Merchán, cuyo objeto es el apartamento antes mencionado.

Que, la referida demanda fue interpuesta el 29 de marzo de 2004, por la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, contra su fallecido ex cónyuge, por cumplimiento de contrato.

Que la causa primero fue conocida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, siendo admitida el 06 de abril de 2004.

Que el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán falleció el 01 de febrero de 2006, siendo consignada acta de defunción en el juicio principal, el 20 de junio de 2006; y el 14 de julio del mismo año dicho Juzgado ordenó el emplazamiento de los herederos conocidos y desconocidos de dicho ciudadano.

Que, de esta manera la ciudadana Mariana López Semerene se hizo parte en el juicio.

Seguidamente señaló, que nunca fue llamada a ese juicio, a pesar de que era obligatoria su comparecencia, por la existencia del litisconsorcio pasivo necesario, por cuanto el bien objeto del litigio forma parte de una comunidad ordinaria, y no le correspondía ser llamada a través del emplazamiento realizado a los herederos, por cuanto ya se encontraba disuelto el vínculo matrimonial.

Que, posteriormente, la causa fue remitida al Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que como itinerante dictara la sentencia definitiva.

Que, una vez enterada de la existencia de la sentencia pronunciada por la primera instancia, el 02 de julio de 2013, con fundamento en lo previsto en el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, ejerció recurso de apelación; siendo que, el 17 de septiembre de 2013, presentó el escrito de informes ante el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Que, el 15 de enero de 2015, el Juzgado Superior dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar la apelación ejercida por la parte demandada, con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de compra venta, sin lugar la reconvención planteada; improcedente la defensa de tercería invocada por ella.

Que, contra esta sentencia se ejerció recurso de casación, el cual fue declarado sin lugar por sentencia dictada el 10 de diciembre de 2015, por la Sala de Casación Civil, la cual es objeto de la solicitud de revisión.

Que, actualmente, el asunto principal se encuentra en fase de ejecución forzosa, por lo que considera inminente que se proceda a despojarla de su vivienda, obligándola a desocuparla “merced de un proceso por demás inconstitucional e injusto”.

Que, la sentencia objeto de revisión contiene evidentes violaciones a preceptos de rango constitucional, violaciones que incluso contrastan con interpretaciones constitucionales vinculantes; en este sentido la solicitante alegó que la misma atenta concretamente contra sus derechos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la defensa, la propiedad y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, por cuanto, en el juicio principal sólo se demando a uno solo de los propietarios comuneros de un inmueble, quien no tenía cualidad procesal suficiente para sostener el juicio y no se le dio oportunidad para ejercer sus defensas en primera instancia.

Asimismo, la solicitante esgrimió que la sentencia definitiva se dictó cuando la causa se encontraba paralizada por auto expreso desde el 2011, por aplicación de las normas contenidas en el Decreto Ley Contra Desalojos Arbitrarios; y que, además, se omitió el análisis de las pruebas válidamente producidas por ella en la segunda instancia.

Que, se le violentó su derecho de propiedad al estarla despojando de su único bien inmueble, que ocupa como vivienda, irrespetando las normas sobre prohibiciones de desalojos arbitrarios.

Que, la Sala de Casación Civil en la sentencia objeto de revisión se refirió al asunto y afirmó que no se produjo la violación de sus derechos, por cuanto en el juicio en cuestión se publicó el edicto para notificar a los herederos conocidos de su fallecido ex cónyuge, y que, además, ella apeló oportunamente, con lo cual se habría convalidado supuestamente la ausencia de citación y la circunstancia de que siendo propietaria no fue demandada, lo cual considera que es un error que cometió dicha Sala, por cuanto ella no es heredera del de cujus, sino copropietaria del inmueble objeto del juicio; y además, la falta de cualidad de una persona demandada no es subsanable.

Por otra parte, la solicitante esgrimió que la sentencia objeto de revisión está infectada con el vicio de silencio de prueba, toda vez que omitió analizar cinco pruebas fundamentales que fueron incorporadas en el juicio.

Por último, la solicitante pidió que se decrete medida cautelar innominada mediante la cual se suspendan los efectos de la decisión objeto de revisión dictada por la Sala de Casación Civil del 10 de diciembre de 2015, así como se suspendan los actos de ejecución en el juicio donde se originó el precitado fallo.

Finalmente, solicitó que se declare con lugar la presente revisión constitucional, se declare la nulidad de la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2015, por la Sala de Casación Civil y que se entre a conocer el fondo del asunto debatido y se declare nulas las sentencias dictadas en instancias por ser el resultado de un juicio con evidentes violaciones constitucionales.

 

 

 

 

 

II

DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN

 

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n.° 748, del 10 de diciembre de 2015, en su parte dispositiva declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, quien intervino en la causa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil en concatenación con el artículo 267 eiusdem, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 15 de enero de 2015, en el juicio que por cumplimiento de contrato de compra venta intentó la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, quien cedió los derechos litigiosos a favor de los ciudadanos David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa, contra el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán.

En la parte motiva del fallo, la Sala de Casación Civil, en primer lugar, pasó a analizar la primera y segunda denuncia por infracciones de forma, relativa al quebrantamiento de los artículos 12, 15, 146, 206 y 321 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual la formalizante alegó que se produjo su indefensión al no haber ordenado el juez de alzada la debida integración del litis consorcio pasivo necesario y obligatorio en este caso, y la consecuente citación de mi persona, al estado de contestar la demanda”.. .Al respecto decidió lo siguiente:

 

Ante lo afirmado, la Sala estima necesario desglosar lo actuado en el sub iudice –como se hace a continuación– con el objeto de verificar, si tal como lo denuncia la formalizante, quedó indefensa.

Se constata a los indicados fines, que en fecha 29-03-2004, fue consignado el libelo de demanda por ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Correspondió conocer al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la indicada Circunscripción Judicial.

La demanda fue admitida por auto de fecha 06-04-2004, mediante el procedimiento ordinario, ordenándose la citación de la parte demandada.

La contestación se produjo en fecha 29-06-2005, reconviniendo a la parte actora.

En fecha 23-07-2004 fue admitida la reconvención propuesta. Contestada el 11-08-2004.

En fecha 02-09-2004 promovió pruebas la parte actora reconvenida. El 3-9-2004 lo hizo la parte demandada reconviniente. Pruebas que fueron admitidas el 6-9-2004.

En fecha 16-05-2005, ambas partes consignaron escritos de informes.

En fechas 6 y 20 de junio de 2006, los apoderados de la parte actora y de la demandada, respectivamente, consignaron el acta de defunción del ciudadano Gustavo Emilio López Merchán.

En fecha 14-7-2006, como se constata en los folios 116 y 117 de la pieza N° 1 de los autos respectivos, el tribunal de la causa acordó librar el edicto correspondiente, el cual, una vez corregido previa solicitud del apoderado de la parte actora, fue emitido nuevamente con fecha 10-8-2006.

Consta en el escrito que riela inserto en el folio 133 de la pieza primera de los autos respectivos, que en fecha 5-03-2007, la parte actora cedió los derechos litigiosos a favor de los ciudadanos David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa.

En fecha 24-9-2007, como se verifica en el folio 117 de la primera pieza del expediente analizado, el abogado en ejercicio José Rafael Quintero Contreras, consignó instrumento poder que lo acredita como apoderado judicial de la ciudadana Mariana López Semerene, a quien señala como única y universal heredera del de cujus Gustavo Emilio López Merchán, solicitando, en la misma oportunidad, la perención de la instancia conforme al artículo 267 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 12-2-2008, la parte actora solicitó sentencia, y por auto de fecha 8-7-2009, el juez se avocó al conocimiento de la causa.

En fecha 21-9-2011, fue suspendida la causa hasta tanto las partes acreditaran haber dado cumplimiento al procedimiento especial previsto en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitrarias de Arrendamientos de Viviendas.

En fecha 16-12-2011, la parte actora solicitó la reanudación.

A través del oficio Nº 21813-12, de fecha 8-2-2012, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de documentos de los juzgados, cumpliendo lo dispuesto en la resolución Nº 2011-0062, dictada el día 30-11-2011, por la Sala Plena de este Supremo Tribunal de Justicia, mediante la cual se le otorgó el conocimiento como itinerantes a los Juzgados Ejecutores de Medidas de esta circunscripción judicial.

En fecha 30-4-2013, el Tribunal Séptimo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia de esta Circunscripción judicial, dejó constancia de haberse cumplido todas las formalidades correspondientes, decidiendo la causa el 10-6-2013, mediante sentencia en la cual declaró con lugar la demanda incoada.

En fecha 27-6-2013, la representación judicial de la parte demandada interpuso de apelación contra la indicada sentencia del a quo.

En fecha 2 de julio de 2013, como se constata entre los folios 308 al 311 de los autos respectivos, la actual formalizante, apeló de la sentencia dictada en la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el ordinal 6° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se encuentra establecida la intervención de los terceros, “…para apelar de la sentencia definitiva, en los casos permitidos en el artículo 297…”.

Como se constata en el folio 2 de la segunda pieza del expediente, el 19-7-2013 fue oído en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada ordenándose la remisión correspondiente.

El 27-9-2013, como se constata en los folios 9 al 12, la tercera interviniente ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, denunció su indefensión, ante la falta de pronunciamiento por parte del a quo, sobre el recurso del apelación que interpuso contra la definitiva de la primera instancia, en razón de lo cual en fecha 31-10-2013, el Tribunal Superior Quinto de esta Circunscripción Judicial repuso la causa al estado en el cual se produjera el pronunciamiento respectivo.

En fecha 03-12-2013, cumpliéndose lo ordenado en dicha reposición, las actuaciones fueron remitidas a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, emitió su decisión el 15 de enero de 2015, mediante el fallo objeto del recurso examinado por esta Sala.

Ahora bien, como se desprende del desglose previo, constata la Sala, que en el sub iudice, una vez consignada el acta de defunción del demandado, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, fue ordenada, tanto la suspensión de la causa, como la publicación de los edictos correspondientes, para llamar a juicio, como lo dispone el artículo 231 del referido código, a los herederos conocidos y desconocidos.

Es entonces, cuando quien actualmente formaliza: tercera interviniente conforme a lo dispuesto en el ordinal 6° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 297 eiusdem, a través del escrito de apelación respectivo, se puso a derecho en la causa.

Ahora bien, debe observarse, que como lo ha venido sosteniendo la Sala en numerosos fallos, el menoscabo al derecho a la defensa lo ocasiona el juez, cuando limita o priva a las partes del pleno ejercicio de sus facultades procesales. Cuando establece preferencias o desigualdades, rompiendo el denominado “equilibrio procesal”. Circunstancias no verificadas en el sub iudice.

Ello, por cuanto en el presente juicio, tal como se verifica en lo actuado, la formalizante efectivamente ejerció las facultades que le correspondían legalmente, sin limitación alguna: ejerció recurso de apelación contra la sentencia de la primera instancia. Obtuvo la reposición de la causa por cuanto no hubo pronunciamiento del a quo sobre la suerte de dicha actividad, y como fue ordenado en la reposición, le fue oído en ambos efectos dicho recurso, siendo resuelto en la alzada.

Debe hacer notar la Sala, ante la afirmación relativa a la falta de citación personal, que tratándose de un proceso judicial en el cual se hizo constar la muerte de uno de los litigantes (el demandado), lo procedente, como en efecto lo hizo el juez a quo, era suspender el curso de la causa hasta la citación de los herederos que siendo desconocidos, debieron ser llamados –como efectivamente ocurrió– mediante los edictos correspondientes, conforme lo regula el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual no aplica que hubiera que practicarse la citación personal de la formalizante, mucho más cuando a través de la apelación, mediante el respectivo escrito, la misma se encontraba a derecho en la causa. Así lo determina la Sala.

Ahora bien, adicional a lo anterior debe agregar la Sala, a propósito de lo afirmado en la denuncia respecto a la reposición que según criterio de la formalizante, debió decretar el juez de la segunda instancia, lo siguiente:

En armonía con la legislación, la doctrina y la jurisprudencia reiterada y pacífica, corresponde destacarse, que por efecto del recurso procesal de apelación, el ad quem adquiere plena jurisdicción sobre el asunto sometido a su consideración.

Es así como lo acoge el sistema procesal civil en la República Bolivariana de Venezuela. El juez a quien corresponda decidir la causa en la alzada, no debe reponer la causa ante la detectada nulidad de la sentencia de la instancia inferior sino resolver también sobre el fondo del litigio.

El artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

“…La nulidad de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de la instancia inferior, que se halle viciada por los defectos que indica el artículo 244, sólo puede hacerse valer mediante recurso de apelación, de acuerdo con las reglas propias de este medio de impugnación. La declaratoria del vicio de la sentencia por el Tribunal que conozca en grado de la causa, no será motivo de reposición de ésta, y el tribunal deberá resolver también sobre el fondo del litigio…”.

Claramente consagra dicha norma, la obligación que tiene el juez que conoce la apelación –no de reponer– sino de resolver –sin límites– sobre el fondo de lo controvertido para corregir –si así lo detecta– actos defectuosos o írritos del a quo.

(…omissis…)

Constata la Sala, que no estando obligado a reponer la causa, de haber advertido defectos de la sentencia del a quo; el juez de la segunda instancia resolvió lo controvertido. Consideró sin lugar las peticiones de la actual formalizante, quien como ya se ha señalado, intervino en el juicio para apelar, conforme a lo dispuesto en el ordinal 6° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con el artículo 297 eiusdem, sin limitarla en el ejercicio libre y efectivo del derecho a la defensa que le corresponde.

En consecuencia, se declara improcedente la indefensión aquí acusada, descartando la Sala en forma absoluta, que el juzgador haya impedido, limitado o lesionado a la formalizante en el ejercicio de alguna de sus facultades procesales. Así se decide.

 

Seguidamente, la Sala de Casación Civil, analizó la denuncia del vicio de incongruencia negativa denunciado por la formalizante, y al respecto decidió lo siguiente:

 

Considera la formalizante que la sentencia recurrida adolece de incongruencia negativa, “…al no pronunciarse expresamente sobre varios de los extremos o elementos de hecho que conformaban la presente litis o problema judicial, como son los contenidos en el escrito de informes presentado por mi ante la alzada…”.

Ahora bien, respecto a la denuncia de incongruencia negativa cuando se acusa la omisión de pronunciamiento sobre los alegatos expuestos en los informes de alzada, en fecha 18 de julio de 2013, para resolver el recurso de casación interpuesto en el caso Comercializadora Neopharma de Venezuela, C.A., contra Transporte Marítimo Maersk VenezuelaS.A., que cursó en el expediente N° 13-176; la Sala dejó establecido lo siguiente:

“…Acorde al anterior señalamiento, esta Máxima Jurisdicción, considera pertinente invocar el criterio establecido en sentencia N° 139, de fecha 4 de abril de 2003, Exp. N° 01-302, reiterada entre otras, en sentencia N° 396, de fecha 11 de agosto de 2011, caso: Guerrino Gemetti y otra, contra Nataly Josefina Villasmil Araujo y otra, Exp. N° 11-271, que estableció, lo siguiente:

“…la Sala deja sentado que la falta de pronunciamiento sobre los motivos de nulidad de la sentencia de primera instancia, que fueren alegados en los informes, no determina la existencia del vicio de incongruencia negativa, por las siguientes razones:

De conformidad con lo previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Sentenciador Superior revisar la sentencia apelada y decretar la existencia de los vicios previstos en el artículo 244 eiusdem, que las partes hubiesen hecho valer mediante la apelación. Asimismo, establece que la declaratoria del vicio de forma no será motivo de reposición de la causa, sino que el juez de alzada debe resolver el fondo del litigio.

En interpretación y aplicación de esta norma, la Sala ha indicado reiteradamente que si la parte hace valer la nulidad de la sentencia de primera instancia mediante la apelación y el juez de alzada no se pronuncia sobre ello de forma expresa, positiva y precisa, ese defecto de actividad no puede trascender a la casación, porque dicho precepto legal determina que los posibles vicios de la decisión apelada no serán examinados por la casación y de persistir éstos en la sentencia del Tribunal de alzada, se debe denunciar la infracción del correspondiente ordinal del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como vicio formal de la sentencia del superior, y no respecto del examen de la decisión de primera instancia.

En ese sentido, esta Sala se pronunció, entre otras, en sentencia de fecha 29 de julio de 1994, reiterada el 30 de marzo de 2000, Sentencia No. 81 (Caso: Bertha Celina Ramírez y otros c/ Fabio Germán Duque y otra), en la cual dejó sentado:

“…Si bien, en nuestra legislación, y en la mayor parte de los ordenamientos procesales, está inmerso en el recurso de apelación el antiguo recurso ordinario de nulidad, el objeto de la sentencia pronunciada en grado de apelación no es la sentencia apelada, sino la controversia, de nuevo sometida a decisión de un juez, por el efecto devolutivo del recurso, y a ello debe referirse la Casación, a menos que el recurso no se interponga contra una sentencia que resuelva el fondo de la apelación, sino contra una decisión de reposición al estado de que se vuelva a practicar alguna actividad procesal, ello dejando a salvo el control de la casación sobre la reposición preterida.

Por no tener en este caso trascendencia para la resolución de la apelación el examen de la sentencia apelada, en cuanto a los vicios que ésta pudiese contener, carecería de propósito útil el examen de esta Corte acerca de la apreciación realizada por el Juez sobre esa sentencia.

Al establecer el legislador que la nulidad de ésta no impediría a la Alzada resolver sobre el fondo, quiso poner punto final al examen de los requisitos de forma de la sentencia apelada, lo cual conduce a que no debe esta Corte examinar la denuncia planteada…”. (Destacado de la Sala).

La Sala, al reiterar el criterio jurisprudencial transcrito, establece que si la parte hace valer la nulidad de la sentencia de primera instancia mediante la apelación, y el juez de alzada no se pronuncia de forma expresa, positiva y precisa sobre los pretendidos vicios de forma, ello no trasciende a casación, pues el sentenciador de alzada tiene el deber de reexaminar la controversia sin cometer los alegados defectos de actividad advertidos en la sentencia de primera instancia, y si en definitiva incurre en los mismos vicios, éstos pueden ser denunciados en casación en cuanto a la forma de la sentencia del superior y no respecto del examen de la decisión apelada…”. (Negrillas de la sentencia, subrayado de la Sala).

Conforme al criterio ut supra transcrito, se desprende que el objeto del fallo proferido en conocimiento del recurso procesal de apelación, no es la sentencia apelada, sino los presupuestos de hecho que conforman la controversia, los cuales son de nuevo sometidos a decisión del juzgador, por el efecto devolutivo del recurso, así como, la declaratoria de existencia de los vicios de forma, que las partes hubiesen denunciado mediante la apelación…”.

En armonía con el criterio transcrito, en el caso particular la incongruencia negativa denunciada no debe proceder.

Ello, por cuanto la misma ha sido argumentada, asegurando la formalizante, que el juez de la segunda instancia no se pronunció sobre los fundamentos de su apelación expuestos en el escrito de informes.

Alegatos, que como lo advierte la Sala, además han sido denominados –de manera genérica– como “…hechos y circunstancias que eran de obligatorio razonamiento y decisión por parte del juez de la recurrida…” y “…alegatos por la violación del orden público…”.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala declara sin lugar el denunciado quebrantamiento del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

Por otra parte, la formalizante denunció la infracción en la recurrida del artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por ser la sentencia impugnada inmotivada y estar inficionada del vicio de inmotivación. Al respecto la Sala de Casación Civil observó lo siguiente:

Ha sido acusada de inmotivación la recurrida, por cuanto a criterio de quien formaliza, “…no presenta materialmente ningún razonamiento en torno al porque (sic) desechó los alegatos hechos por mí como tercera interviniente en la causa…”.

Se trata de la afirmación sobre una absoluta falta de motivos, que permite a la Sala, previa revisión de la recurrida, citar lo expresado por el ad quem al respecto.

Esto dijo:

“…DE LA TERCERA INTERVINIENTE

Corre inserto a los folios 9 al 12 de la segunda pieza del presente expediente, escrito presentado por la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, quien manifestó ejercer recurso de apelación en fecha 2 de julio de 2013 de conformidad con lo establecido en el artículo 370.6 del Código del Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 297 eiusdem.

Manifiesta en su escrito ser la ex cónyuge del ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, que no obstante estar divorciados nunca se liquidó la comunidad conyugal y por tanto la misma tornó en comunidad ordinaria, que dentro de los bienes adquiridos durante el matrimonio se encuentra el inmueble objeto de contrato de opción de compra venta, sostiene que la obligación contraía por su ex esposo está viciada de nulidad absoluta, por cuanto el inmueble pertenece a la comunidad ordinaria y ella no dio su autorización para la venta.

Que en fecha 14 de julio de 2006, se consignó al expediente oficio emitido por la Fiscalía Trigésima Segunda del Área Metropolitana de Caracas, solicitando información sobre el presente expediente y que el aquo no tomó en consideración dicha actuación al momento de decidir, así como tampoco consideró que en el contrato de opción de compra venta firmado en fecha 23 de junio de 2003, presentó cédula de identidad con estado civil divorciado y en fecha 16 de junio de 2003 aparece con estado civil casado.

Al respecto se observa que la tercera interviniente acude al proceso cuando ya se había dictado sentencia definitiva en primera instancia, de modo que al haberse publicado correctamente los edictos ordenados por el aquo, la misma se encontraba a derecho, por lo que la consecuencia es asumir el proceso en el estado que se encuentra al momento de su comparecencia en juicio.

Así las cosas se aprecia que la apelante pretende la nulidad del instrumento fundamental de la acción y consecuencialmente la revocatoria del fallo recurrido, así también solicita se le adjudique el 50% del valor del inmueble y se levante la medida cautelar decretada.

Fundamenta sus alegatos en el artículo 1.146 del Código Civil.

Por su parte, la representación del actor en su escrito de informes ante esta Alzada, manifiesta que no puede invocarse el artículo 1.146 del Código Civil en el presente caso, por cuanto la mencionada norma se refiere a la nulidad del contrato por vicios en el consentimiento, pero el alegato que sostiene la posición de la tercera interviniente se refiere a la falta o ausencia de consentimiento por ser en decir de la tercera interviniente copropietaria de inmueble, además alega que en caso de sentirse afectada lo que corresponde es demandar la nulidad del contrato por demanda autónoma y principal, ya que de resolverla en este grado del proceso atentaría contra el debido proceso y derecho a la defensa del actor que no ha tenido oportunidad de rebatir éstos hechos al no formar parte del debate procesal.

Ahora bien, se observa con claridad que la apelante pretende lo siguiente:

– La revocatoria de la sentencia apelada por considerar que el contrato suscrito está viciado de nulidad absoluta

– Se declare la adjudicación del 50% del valor del inmueble a su persona;

– Se levante la medida de prohibición de enajenar y gravar.

De lo anterior se puede colegir que en efecto, la tercera interviniente pretende que mediante la simple apelación de la sentencia dictada en primera instancia se produzcan efectos constitutivos de derechos reales en su persona negados por las partes del juicio principal, sin existir un proceso que permita declarar –en caso de ser cierto- tales derechos, pues no basta con la simple declaratoria de parte para hacerse acreedora de los mismos, pues requiere en resguardo del debido proceso y del derecho a la defensa de la actora en la presente causa, se le dé la oportunidad de rebatir dichos hechos lo cual no ocurrió en el presente caso, por lo tanto mal puede pretender en este grado del proceso, la nulidad del contrato suscrito entre las partes del juicio principal y la adjudicación del 50% del valor del inmueble sin mediar para ello un proceso que de cómo resultado una sentencia favorable a ésta.

Finalmente, respecto al oficio del Ministerio Público a que alude la tercera, así como la incongruencia manifestada en la declaratoria del notario respecto al estado civil del demandado original, se aprecia que en el primer caso tal oficio no implica ni señala en absoluto relación alguna con el caso debatido; y en el segundo caso correspondería a todo evento una incidencia de tacha para desvirtuarlo.

En consecuencia de lo anterior, se declarará sin lugar la apelación ejercida por la tercera interviniente. Así se decide…”.

Se desprenden de lo transcrito, los motivos dados por el sentenciador de la alzada, para considerar sin lugar lo pretendido por la tercera interviniente.

Estimó en dicho sentido, “…en resguardo del debido proceso y del derecho a la defensa de la actora en la presente causa...”, que para que se declarara la nulidad del negocio jurídico objeto de la demanda y el reconocimiento de derechos pretendidos por quien apeló como tercera, además de la “…adjudicación del 50% del valor del inmueble…”, debía mediar “…un proceso que de (sic) cómo resultado una sentencia favorable a ésta...”.

Para el ad quem, la existencia de los derechos pretendidos no podía reclamarse por vía de la apelación, sino a través de un proceso “…que permita declarar –en caso de ser cierto- tales derechos, pues no basta con la simple declaratoria de parte para hacerse acreedora de los mismos…”, expresiones con las cuales a criterio de la Sala resulta desvirtuada la inmotivación denunciada. Así se decide.

 

Finalmente, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pasó a analizar conforme a lo previsto en el artículo 313, ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, la denuncia acerca de que la recurrida infringió por falta de aplicación los artículos 590 eiusdem y 1.357 y 1.360 del Código Civil, al prescindir el Juez Superior del análisis de varios medios de prueba. Al respecto la Sala decidió:

Según la formalizante, la recurrida no contiene análisis sobre las pruebas que introdujo en la oportunidad de su intervención.

Señala que el juez superior prescindió del análisis de varios medios de prueba, infringiendo así por falta de aplicación, los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil y 1.357 y 1.360 del Código Civil.

Afirma que como consecuencia de ese silencio “…No se sabe si el juez aprecia o desecha las mismas. No determina el juez este aspecto, no se sabe si las valora a favor de su promovente o si las desecha, o valora en contra de este…”.

Visto que el silencio de pruebas ocurre cuando el juez examina o valora las pruebas en forma parcial, o las ignora por completo, siendo la silenciada fundamental para el dispositivo del fallo, se procede a verificar en la recurrida lo determinado por el ad quem, respecto a las referidas por la formalizante.

Esto dijo sobre dicho material probatorio:

“…DE LAS PRUEBAS

La parte ACTORA-RECONVENIDA presentó las siguientes pruebas:

(…Omissis…)

La parte DEMANDADA-RECONVINIENTE

(…Omissis…)

Por su parte, la TERCERA INTERESADA manifestó presentar medios probatorios en su escrito de apelación en fecha 02.07.2013, las cuales fueron ratificadas en el escrito de informes presentada en esta alzada en fecha 17.02.2014, siendo las siguientes pruebas a saber:

  • Copia Certificada del Acta de Matrimonio, de fecha 25.04.1992, por ante la Jefatura Civil de la Parroquia El Recreo del Municipio Libertador del Distrito Capital, Acta Nº 196, donde se evidencia que los ciudadanos Gustavo Emilio López Merchán (difunto) y Adriana Piedrahita Ramos (tercera interesada), contrajeron matrimonio civil. Dicho instrumento fue presentado a la parte contraria, y por cuanto no la impugnaron, ni tacharon de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. Así se establece.
  • Documento de propiedad del inmueble del Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda de fecha 10.03.1993, bajo el Nº 24, Tomo 27, Protocolo Primero. Dicho instrumento fue presentado a la parte contraria, y por cuanto no la impugnaron, ni tacharon de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. Así se decide.
  • Copia Certificada de la Sentencia de divorcio 185-A, dictada en fecha 07.10.1998, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de los ciudadanos Gustavo Emilio López Merchán (difunto) y Adriana Piedrahita Ramos (tercera interesada). Dicho instrumento fue presentado a la parte contraria, y por cuanto no la impugnaron, ni tacharon de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. Así se establece.
  • Constancia de residencia emitida por el Registro Civil del Municipio Sucre del Estado Miranda, donde consta que la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, (tercera interesada), reside en la Urbanización Terrazas del Ávila, Calle 5, Residencia Cota Mil I, Piso Nº 06, Apartamento 62. Dicho instrumento fue presentado a la parte contraria, y por cuanto no la impugnaron, ni tacharon de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. Así se establece…”.

Si bien es cierto que en la recurrida se hace mención del material probatorio aportado por la tercera interviniente, como se desprende de lo transcrito, lo único que expresa respecto a ello dicho juzgador de alzada, es que dicho material fue valorado “…de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1357 y 1359 del Código Civil. Así se establece...”, para resolver, habiendo examinado lo aportado, que lo pretendido por la tercera interviniente resultaba improcedente sin que mediara un debido proceso que le permitiera también a la parte actora ejercer efectivamente su derecho a la defensa.

Consideró que la nulidad del contrato objeto del litigio y la declaratoria del derecho de propiedad respecto al bien objeto de dicho contrato, pretendidos por la tercera interviniente (actual denunciante) ameritaban un proceso distinto.

Respecto al oficio del Ministerio Público determinó que “…no implica ni señala en absoluto relación alguna con el caso debatido…”, y en cuanto la declaratoria del notario respecto al estado civil del demandado original, estableció que “…correspondería a todo evento una incidencia de tacha para desvirtuarlo…”.

Ahora bien, las menciones anteriores desvirtúan la afirmación de la formalizante sobre el silencio absoluto de dichas pruebas, las cuales fueron valoradas y examinadas por el juzgador, en la forma indicada, para llegar a su determinación de considerar improcedente lo pedido por quien intervino como tercera apelando de la sentencia definitiva de la primera instancia.

En dicho sentido corresponde a la Sala destacar, la insistencia de la formalizante al alegar que la violación denunciada es determinante en el dispositivo del fallo, porque de haber sido apreciadas sus pruebas, el juez de la recurrida “…concluiría en mi propiedad como comunera sobre el bien inmueble objeto de litigio…”.

Ahora bien, en la transcripción de la sentencia recurrida se evidencia que el ad quem, además de mencionar y discriminar las pruebas a las cuales se refiere la denuncia, habiéndoles otorgado valor de documentos públicos, las analizó, llegando a establecer que la vía para reclamar las pretensiones de quien asegura ser co propietaria del bien no era la de la apelación de terceros, escogida por la formalizante para introducirse al juicio.

De allí que, no procede el vicio de silencio absoluto de pruebas denunciado por el formalizante. No, cuando la Sala aprecia que de lo planteado se desprende que a través del mismo, lo que se cuestiona es el resultado de la valoración que sobre el material probatorio efectuó el juez, lo cual debe ser denunciado con un fundamento distinto al aquí resuelto. Así se determina.

En consecuencia, el quebrantamiento de los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, se declara sin lugar. Así lo decide la Sala.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

El artículo 336, numeral 10, de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por  la Ley Orgánica respectiva”.

Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como por los demás tribunales de la República, tal y como se observa en el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, conforme lo establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

Ahora, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia definitivamente firme RC.000748, dictada el 10 de diciembre de 2015, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se decide.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En el presente caso, se pretende la revisión del fallo n.° 748, que dictó la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de diciembre de 2015, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la ciudadana Adriana Piedrahita Ramos, quien intervino en la causa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil en concatenación con el artículo 267 eiusdem, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 15 de enero de 2015, que declaró: (i) sin lugar la apelación ejercida por la parte demandada, ciudadana Mariana López Semerene, contra la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia el 10 de junio de 2013 y en consecuencia, confirmó el fallo mencionado; (ii) con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de compra venta interpuesta por los ciudadanos David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa contra la ciudadana Mariana López Semerene, actuando en su carácter de única y universal heredera del de cujus Gustavo Emilio López Merchán; (iii) sin lugar la reconvención que por resolución de contrato de compra venta intentó por la ciudadana Mariana López Semerene contra los ciudadanos David Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa; (iv) se condenó a la ciudadana Mariana López Semerene a la ejecución del contrato de compra venta; (v) que se considerará la sentencia título suficiente de propiedad si definitivamente firme la misma, y previo el pago de la cantidad adeudada que conste en autos, la demandada no otorgare el instrumento de propiedad; (vi) Sin lugar la reconvención propuesta por la parte demandada; (vii) improcedente la defensa de tercería invocada por la ciudadana Adriana Piedrahita; y viii) se condenó en costas a la parte demandada.

Delimitada la competencia de esta Sala, es necesario señalar que según el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, resulta posible ejercer la revisión en contra de sentencias dictadas por las otras Salas de este Alto Tribunal, siempre y cuando hayan: (i) desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; (ii) efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; (iii) producido un error grave en su interpretación o por falta de aplicación o infracción de algún principio o normas constitucionales; o, (iv) incurrido en violaciones de derechos constitucionales.

Ahora, esta Sala aprecia, según se desprende de las actas, que la sentencia sometida a revisión tiene el carácter de definitivamente firme, y, en tal sentido, pasa a pronunciarse acerca de la procedencia de la presente solicitud de revisión, a cuyo fin observa que la solicitante, como antes se apuntó, denunció la violación de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa, la propiedad y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, por cuanto la demanda se intentó contra uno solo de los propietarios comuneros de un inmueble, quien no tenía cualidad procesal suficiente para sostener el juicio y sin que se haya citado al otro propietario comunero, no dando oportunidad para el ejercicio de su defensa en primera instancia, no tomando en consideración el alegato esgrimido en la apelación de la sentencia de primera instancia.

Asimismo, la solicitante alegó que se violó su derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva al haberse dictado sentencia definitiva cuando la causa se encontraba paralizada por auto expreso desde el año 2011, por aplicación de las normas contenidas en el Decreto Ley Contra Desalojos Arbitrarios; y cuando se omitió el análisis de las pruebas válidamente producidas por ella como lo son el acta de matrimonio, el documento de propiedad del inmueble, la sentencia de divorcio, la constancia de residencia y las actuaciones del Ministerio Público, lo cual supone, en su criterio, el vicio de silencio de prueba, por cuanto si bien se mencionan no las analizan ni les atribuyen valor probatorio alguno, a pesar de ser documentos públicos.

Por otra parte, la solicitante denunció la violación de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, por considerar que la sentencia objeto de revisión desconoció jurisprudencia pacífica de la propia Sala de Casación Civil; y alegó además, que se violó su derecho de propiedad, debido a que se le estaría despojando del único bien inmueble que ocupa como vivienda, irrespetando las normas sobre prohibiciones de desalojos arbitrarios.

Por su parte, la Sala de Casación Civil en el fallo objeto de revisión expresó, que al analizar la denuncia relativa a la infracción de los artículos 12, 15, 146, 206 y 321 del Código de Procedimiento Civil, al haberse producido la indefensión de la formalizante, al no haber ordenado el juez de alzada la debida integración del litis consorcio pasivo necesario y la consecuente citación de su persona al estado de contestar la demanda, concluyó que, en el caso analizado no se verificó la indefensión denunciada, por cuanto la tercera interviniente pudo ejercer el recurso de apelación, sin estar limitada en el ejercicio libre y efectivo del derecho a la defensa y sus peticiones fueron declaradas sin lugar por el Juzgado Superior.

Por otra parte, en cuanto al alegato esgrimido por la formalizante del recurso de casación en relación a que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa, al no analizar sus alegatos esgrimidos en la apelación relativos a que ha debido ser llamada al juicio a través de la citación, por ser copropietaria del inmueble objeto del contrato de compraventa, por cuanto nunca se hizo la partición de la comunidad conyugal existente entre ella y su ex cónyuge; al respecto la Sala de Casación Civil concluyó que los derechos denunciados por la recurrente debían hacerse valer a través de un proceso que permita declarar los mismos.

En cuanto a la denuncia de la formalizante del recurso de casación en relación a que el tribunal de alzada silenció las pruebas promovidas en la apelación, la Sala concluyó que el Juzgado Superior hizo mención de las pruebas y determinó que lo pretendido por la tercera interviniente resultaba improcedente, sin que mediara un debido proceso que le permitiera a la parte actora ejercer, efectivamente, su derecho a la defensa.

Ahora bien, en el presente caso, la tercera interviniente en el juicio primigenio, aquí solicitante de la revisión, por cuanto no fue demandada en el juicio de cumplimiento de contrato de compra venta, al enterarse de la demanda interpuesta contra su ex cónyuge compareció en el juicio, ejerció apelación contra la sentencia dictada en primera instancia y alegó que en dicho caso al ser el objeto de la demanda un bien perteneciente a la comunidad conyugal que existió entre ella y su ex cónyuge, comunidad que nunca fue liquidada, dicho bien le correspondía en comunidad con el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, por cuanto fue adquirido durante la vigencia del matrimonio, de manera que consideró que en el presente caso se está en presencia de un litis consorcio pasivo necesario, y por tanto ella ha debido ser citada como codemandada, a los fines del ejercicio pleno de su derecho a la defensa.

En este sentido, es necesario pronunciarse acerca del vicio de incongruencia omisiva, tal como lo hizo esta Sala en sentencia del 15 de octubre de 2002, caso: José Pascual Medina Chacón, en donde precisó:

Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ´incongruencia omisiva` del fallo sujeto a impugnación.

La jurisprudencia ha entendido por “incongruencia omisiva” como el ´desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia’ (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio).

Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada (sic) fue efectivamente planteada.

Constatada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.

Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una “incongruencia omisiva”.

Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado.

 

Observa esta Sala que la referida evasión en cuanto al pronunciamiento correcto, lesiona, además, el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. En este sentido, se pronunció en sentencia n.° 1340 del 25 de junio de 2002 donde señaló:

 

(…) el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre –lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley.

 

Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002, caso: Plaza Suite I C.A., que:

 

(…) la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil:

 

Artículo 15

Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.

Artículo 243

Toda sentencia debe contener:

…(omissis)…

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

Artículo 244

Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.

 

Ahora, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión cuya revisión es solicitada, se evidencia que la Sala de Casación Civil silenció defensas de la tercera interviniente y no entró a analizar las pruebas promovidas en la segunda instancia de conocimiento, bajo el argumento tergiversado de que tales defensas debían ser ventiladas en un juicio autónomo. De esta manera la Sala de Casación Civil no analizó si se estaba en presencia o no de un litis consorcio pasivo necesario, incurriendo en el vicio de incongruencia omisiva, así como la vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 26 y 49, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que al no analizarse correctamente los alegatos y defensas de la tercera interviniente, se llegó a conclusiones erróneas que fundamentaron la declaratoria sin lugar del recurso de casación y, en consecuencia, se afectaron de forma sustancial los términos de la controversia principal.

De igual modo, la Sala observa que la ausencia de pronunciamiento en relación con la defensa de falta de cualidad infringió el derecho de la parte solicitante a una tutela judicial eficaz, ya que el análisis del argumento que fue omitido pudiera conducir a la modificación de la relación procesal. En ese sentido, la Sala estima oportuna la cita del criterio propio que fue expresado en el fallo n.º 1193 del 22 de julio de 2008, caso: Rubén Carrillo Romero y otros, donde se estableció lo siguiente:

 

La cualidad o legitimación a la causa ha sido, desde hace mucho tiempo, objeto de diversos estudios por parte de los más reconocidos estudiosos del Derecho Procesal, de donde surgió la brillante tesis del ilustre y reconocido jurista Luis Loreto “Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad”, quien precisó la cualidad como la pura afirmación de la titularidad de un interés jurídico por parte de quien lo pretende hace valer jurisdiccionalmente en su propio nombre (cualidad activa) y como la sola afirmación de la existencia de dicho interés contra quien se pretende hacerlo valer (cualidad pasiva), sin que sea necesaria, para la sola determinación de la existencia o no de la legitimación, la verificación de la efectiva titularidad del derecho subjetivo que se pretende hacer valer en juicio, por cuanto ello es una cuestión de fondo que debe resolverse, precisamente, luego de la determinación de la existencia de la cualidad, es decir, que la legitimación ad causam constituye un presupuesto procesal del acto jurisdiccional que resuelva el fondo o mérito de lo debatido, sin que ello desdiga de la vinculación evidente con el derecho de acción, de acceso a los órganos de administración de justicia o jurisdicción y, por tanto, con una clara fundamentación constitucional.

Tal vinculación estrecha de la cualidad a la causa con respecto al derecho constitucional a la jurisdicción obliga al órgano de administración de justicia, en resguardo al orden público y a la propia constitución (ex artículo 11 del Código de Procedimiento Civil), a la declaración, aun de oficio, de la falta de cualidad a la causa, pues, de lo contrario, se permitiría que pretensiones contrarias a la ley tuviesen una indebida tutela jurídica en desmedro de todo el ordenamiento jurídico, lo que pudiese producir lo contrario al objeto del Derecho mismo, como lo es evitar el caos social.

 

Con fundamento en el argumento anterior, la Sala concluye en la necesidad de efectuar ciertas precisiones en cuanto a la constitución de la relación procesal a que dio lugar al juicio de cumplimiento de contrato de compra venta.  Si bien en el presente caso fue demandado el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán, por haber celebrado el contrato de compra venta de un apartamento con la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel, que luego cedió sus derechos litigiosos a los ciudadanos David Rafael Vivas Sosa y Aura Mercedes Vivas Sosa, el arrendatario, José Luis Guerra, al comparecer la tercera interesada con el alegato de ser copropietaria del inmueble y que por tanto ha debido ser llamada al proceso, no podía el Juzgado Superior, y mucho menos la Sala de Casación Civil, dejar de analizar si en el caso bajo análisis era necesario que se conformase la relación procesal con la tercera interesada. Así se decide.

Por ello, en virtud de que esta Sala Constitucional considera que el fallo objeto de revisión vulneró directamente la doctrina acerca del análisis de la existencia de falta de cualidad, materia que ha sido considerada como de orden público, por lo que se declara que ha lugar a la revisión y, en consecuencia, anula la decisión n.°: 748, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del 10 de diciembre de 2015, y repone la causa al estado en que la referida Sala (Accidental) dicte nueva sentencia con acatamiento al criterio que se estableció en el presente fallo. Así se decide.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, esta Sala acuerda la medida cautelar de suspensión de efectos de la sentencia impugnada hasta tanto se dicte sentencia definitivamente firme sobre el fondo del juicio que por cumplimiento de contrato de compra venta interpuso la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel contra el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán. Así se decide.

 

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1.- HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional que interpuso la abogada ADRIANA PIEDRAHITA RAMOS, actuando en defensa de sus propios derechos de la sentencia n.° 748, del 10 de diciembre de 2015, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, se ANULA dicha decisión y REPONE la causa al estado en que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (Accidental), dicte nuevo fallo de acuerdo con el criterio que fue expuesto en la presente decisión.

2.- Se ACUERDA la medida cautelar de suspensión de efectos de la sentencia impugnada hasta tanto se dicte sentencia definitivamente firme sobre el fondo del juicio que por cumplimiento de contrato de compra venta interpuso la ciudadana Dulce María Sosa Pimentel contra el ciudadano Gustavo Emilio López Merchán

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 27 días del mes de Octubre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

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