SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL AVOCAMIENTO. SALA CIVIL DEL TSJ

SALA CIVIL DEL TSJ 14 DE AGOSTO DE 2017.

SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL AVOCAMIENTO.

 

Procedimiento: Avocamiento
Partes: Solicitud de avocamiento interpuesta por ETIQUETAS SOL SIL, C.A., en el juicio que por DESALOJO (INCIDENCIA DE MEDIDA) le sigue INVERSIONES BUENA VÍA, C.A.
Decisión: SIN LUGAR LA SEGUNDA FASE DEL AVOCAMIENTO
Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

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SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2017-000202

Magistrado Ponente Dr. Yván Darío Bastardo Flores

A V O C A M I E N T O

Mediante sentencia publicada en fecha 18 de mayo de 2017, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró procedente la primera fase del avocamiento solicitado por los abogados Francisco Banchs, Héctor Rojas Trías y Ángel Gil Fernández, en representación judicial de la sociedad mercantil ETIQUETAS SOL SIL C.A., de la causa que cursa en el expediente N° AP71-R-2016-000692, del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por desalojo de inmueble fue incoado en su contra ante el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil INVERSIONES BUENA VÍA, S.A., representada judicialmente por los abogados Antonio Brando Cernichiaro, Mario Brando Mayorca, Paola Brando Mayorca, Pedro Nieto Martínez, Miguel López Morales y Domingo Medina Peralta.

Siendo la oportunidad procesal correspondiente, pasa esta Sala a decidir la procedencia o no de la segunda fase del avocamiento solicitado, bajo la ponencia Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

-I-

Este Tribunal Supremo de Justicia, ha indicado en numerosos fallos que en el avocamiento deben utilizarse criterios de extrema prudencia y ponderación, tomando en consideración fundamentalmente, la necesidad de evitar graves injusticias o una denegación de justicia, o que se encuentren en disputa cuestiones que rebasen el interés privado y afecten de manera directa el interés público y social, o que sea necesario restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia (Ver, entre otras, Sentencia de fecha 3 de mayo de 2006, expediente N° 05-803), circunstancias cuya valoración quedan a la absoluta discreción de ésta Sala.

Ello es así, debido a que mediante el avocamiento, se sustrae del conocimiento y decisión de un juicio al órgano judicial que sería el naturalmente competente para resolverlo, cuando “…amerite un tratamiento de excepción con el fin de prevenir antes de que se produzca una situación de caos, desquiciamiento, anarquía o cualesquiera otros inconvenientes a los altos intereses de la Nación y que pudiera perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades políticas, económicas y sociales consagradas en nuestra Carta Fundamental”. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 5 de abril de 2004, caso de Ruth Rincón de Basso).

Por consiguiente, es necesario que “…de la solicitud y los recaudos que se acompañen se pueda inferir una grave situación de desorden procesal, que afecte el interés general del Estado y perturbe la realización del fin que subyace en toda organización política, cual es la justicia.”. (Sentencia de la Sala Político-Administrativa Nº 01201, de fecha 25 de mayo de 2000, caso de Blanca Romero de Castillo, reiterada en fallo de esa misma Sala en fecha 15 de febrero de 2001, caso de Rómulo Hernández y otro).

A ello, se ha añadido la necesaria inoperancia de los medios procesales existentes para la adecuada protección de los derechos e intereses en juego, como también que las irregularidades procesales denunciadas hayan sido advertidas oportunamente en la instancia.

Por esa razón, este Supremo Tribunal ha dejado expresamente establecido que no puede pretenderse que esta figura excepcional se convierta en la regla y pretender los interesados que mediante el avocamiento se repare cualquier violación al ordenamiento jurídico que pueda ser reparada mediante el planteamiento de un recurso ante cualquier instancia competente.

En consecuencia, tal excepción deber ser ejercida prudencialmente en los casos extremos y siempre que se den los requisitos concurrentes a que hace referencia la ley.

Sobre el particular, esta Sala en sentencia del 21 de mayo de 2004, acogió el criterio establecido por la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal en fallo de fecha 2 de abril de 2002, (caso de Instituto Nacional de Hipódromos y Procurador General de la República), al concluir que en definitiva “…los supuestos de procedencia del avocamiento sujetos a la exclusiva valoración y ponderación de este Alto Tribunal, son los siguientes: a) Que se trate de un asunto que rebase el mero interés privado de las partes involucradas y afecte ostensiblemente el interés público y social, o cuando sea necesario restablecer el orden del algún proceso judicial que lo amerite en razón de su importancia o trascendencia, o que exista una situación de manifiesta injusticia o de evidente error judicial; b) Que las garantías o medios existentes resulten inoperantes para la adecuada protección de los derechos e intereses jurídicos de las partes; y, c) Que las presuntas irregularidades denunciadas en la solicitud de avocamiento hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia..”. (Vid. Avoc. N° 03-049, caso de Ruth Rincón de Basso).

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala considera necesario insistir que debido a la naturaleza discrecional y excepcional de este instituto procesal, el mismo debe emplearse con criterio de interpretación restrictiva de manera que permita el uso prudente de esta facultad, la cual debe ser ejercida sólo cuando deba impedirse o prevenirse situaciones que perturben de forma flagrante el orden institucional y constitucional, que justifiquen la intervención de alguna de las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, con objeto de subsanar, corregir y restablecer el orden procedimental subvertido, evitando conflictos que puedan ocasionar trastornos, confusión, zozobra colectiva, o que de algún modo puedan entorpecer la actividad pública.

Por consiguiente, la Sala establece que el campo de aplicación de esta figura jurídica debe limitarse únicamente a aquellos casos en que resulta afectado de manera directa el interés público o social, el cual debe prevalecer frente a los intereses de las partes, o cuando existe un desorden procesal de tal magnitud que no garantice el derecho de defensa de las partes y el debido equilibrio en el proceso.

En efecto, respecto a la figura del avocamiento, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 106, 107, 108 y 109, dispone expresamente lo siguiente:

 

Artículo 106.- Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

Artículo 107.- El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

 

Artículo 108.- La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al Tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

 

Artículo 109.- La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente en la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.

 

Como puede observarse, del contenido de las disposiciones precedentemente transcritas, se pone de manifiesto, que exclusivamente procede la aplicación de la especialísima figura procesal del avocamiento cuando se observe una manifiesta injusticia o denegación de justicia y siempre que en criterio exclusivo de este Supremo Tribunal, existan razones de interés público y social que justifiquen la medida.

Así pues, ha sido pacífica la doctrina de este Alto Tribunal al considerar que la prudente aplicación del avocamiento se encuentra vinculada no sólo al carácter extraordinario que presenta, sino que se desprende también, implícitamente, de la propia redacción del texto legal, la necesidad de cumplir un procedimiento por etapas sucesivas, a saber: análisis de la solicitud para requerir el expediente, el estudio directo del asunto por este Supremo Tribunal antes de pronunciarse acerca de la procedencia del avocamiento si fuere el caso, que sólo habrá de producirse cuando la Sala lo estime pertinente.

Hechas estas consideraciones previas, la Sala pasa a analizar si efectivamente en el presente juicio existen las irregularidades denunciadas por la representación judicial de la sociedad mercantil Etiquetas Sol Sil C.A., solicitante del avocamiento, y a tal efecto se observa lo siguiente:

 

-II-

Quienes hoy acceden a esta suprema jurisdicción civil, fundamentan su solicitud de avocamiento de fecha 22 de febrero de 2017, que consta a los folios 1 al 68 y sus anexos que rielan a los folios 69 al 202 de la tercera pieza del expediente, alegando lo siguiente:

“…                       ANTECEDENTES

Ciudadanos Magistrados, esta representación judicial considera oportuno hacer un breve resumen sobre los términos y límites en que fue fijada la controversia que nos ocupa, de donde se evidencian las graves violaciones y desordenes procesales que se traducen en una vulneración meridiana al ordenamiento jurídico que nos rige.

El juicio objeto de la causa cuyo avocamiento se solicita, fue iniciado por demanda intentada por la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A. contra nuestra representada, cuya pretensión de desalojo de dos inmuebles destinados al uso industrial.

…Omissis…

Ciudadanos Magistrados, resulta importante destacar que, de los recaudos aportados conjuntamente al libelo de la demanda, se evidencian sendos contratos de arrendamiento cuyas partes, objeto y causa son idénticos. En ese sentido, nos permitimos, desde ya, advertir a esa Sala, que la parte actora, consignante de esos recaudos, sabe conoce y aceptó voluntariamente que el uso destinado a los inmuebles objeto del arriendo era y es industrial.

…Omissis…

Además de ello, resulta aún más grave el hecho que en los sendos contratos acompañados al libelo de la demanda se desprende que las partes contratantes acordaron un compromiso arbitral a los efectos de dirimir cualquier conflicto futuro o eventual que surgiera de la relación arrendaticia.

En efecto, se estableció de manera inequívoca, en la “cláusula vigésima primera” –la cual también estaba contenida en el primero de los contratos celebrados- del segundo de los contratos de arrendamiento consignados por la parte actora, lo siguiente : (…).

Ciudadanos Magistrados, no pretende esta representación ahondar en este capítulo respecto de los graves vicios que afectaron al ordenamiento jurídico venezolano, pero desde ya advertimos que se verificó una violación inequívoca a la garantía constitucional del Juez (sic) Natural (sic) así como a la voluntad de las partes, habida cuenta que, el tribunal de la causa, al percatarse de la referida cláusula compromisoria, debió declarar inadmisible la demanda –como en efecto se solicitó en diversas oportunidades– por no tener jurisdicción.

…Omissis…

Cabe destacar, ciudadanos Magistrados, a los efectos de la presente solicitud de avocamiento, la flagrante y burda violación al ordenamiento jurídico venezolano, sobre todo tomando en cuenta la existencia del Decreto con Fuerza y Rango de Arrendamiento Inmobiliarios, aplicable en el presente caso, el cual permite la aplicación de la contractualmente pactada cláusula compromisoria de arbitraje que resultó burlada mediante la aplicación de una ley que, de forma clara, inequívoca y evidente, no constituye el texto normativo adecuado que habría de aplicarse a los supuestos de hechos que las partes esgrimieron y que, además, se evidencian de las actas del expediente.

El sentido de la flagrante violación que hemos anunciado, encuentra su razón de ser en la inequívoca aplicación de una ley al caso concreto, con la agravante que dicha ley no permite –inconstitucionalmente, dicho sea de paso– la ejecución de cláusulas compromisorias de arbitraje.

…Omissis…

El Juez (sic) de la primera instancia dictó sentencia en fecha 15 de junio de 2016, en un fallo que señalamos carece de argumentación ajustada a derecho, que le haya permitido declarar procedente la pretensión de desalojo, ignorando la franca y grosera violación al ordenamiento jurídico venezolano al silenciar medios probatorios aportados por la misma parte actora, que evidenciaban una clara falta de jurisdicción, por contener el contrato ya aludido una cláusula compromisoria, todo lo cual, en respeto de la Constitución y la ley, debió declararse inadmisible.

Además de ello, se evidenció del referido fallo una falta de conocimiento que degrada la majestuosidad del poder judicial, habida cuenta que, a todas luces, el juicio que nos ocupa fue tramitado y sentenciado fundamentándose en una ley inaplicable al presente caso.

Estas violaciones que repercuten de manera directa en el orden público constitucional, en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva, resultan deshonrosas para la administración de justicia, ello evidentemente rebasa el interés privado, y es por tal razón que requerimos de su competente autoridad para evitar una flagrante injusticia.

En ese mismo orden, esta representación apeló en tiempo hábil de la inconstitucional decisión, y luego de ser distribuida la causa por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores (…), le correspondió conocer al Juzgado Superior Primero de la referida Circunscripción Judicial, tal y como se evidencia del auto de fecha 20 de julio de 2016.

Seguidamente, esta representación, en tiempo hábil, el 28 de septiembre de 2016, consignó escrito de informes contentivo de seis denuncias que sustentan las graves y desproporcionadas violaciones al orden público constitucional que afectan, ineludiblemente, la imagen de nuestro Poder Judicial.

…Omissis…

Por su parte, en la causa cuyo avocamiento se solicita, se viola igualmente, de forma flagrante, el derecho a la defensa, la garantía del Juez (sic) Natural (sic), la tutela judicial efectiva, el fin de la justicia y, en definitiva, el debido proceso, así como el orden público constitucional, que resulta vulnerado a tal punto que se perjudica ostensiblemente la imagen del poder judicial, y por tanto, tales violaciones sobrepasan el interés particular, por lo que se requiere la intervención de esa Sala, con carácter de urgencia, para impedir semejante injusticia.

…Omissis…

Pues bien, de materializarse la ejecución de una sentencia infundada en derecho, basada en alegatos y hechos inciertos, estaríamos en presencia de una injusticia de magnitud tal que empañaría y desdice de la majestuosidad de nuestro Poder Judicial.

…Omissis…

En el presente caso, ciudadanos magistrados, se observan evidentes violaciones a principios fundamentales del proceso, la justicia y la tutela judicial, como son la transparencia, equidad e idoneidad, al aplicarse, inconstitucionalmente, una ley que no corresponde aplicar, que en todo caso perjudica abiertamente al demandado y que, a todo evento, contiene una norma -aplicada en el presente caso- abiertamente inconstitucional.

…Omissis…

De los graves desórdenes procesales y escandalosas violaciones al orden público constitucional que perjudican ostensiblemente la imagen del Poder Judicial.

…Omissis…

En cuanto a que la relación arrendaticia está excluida del ámbito de aplicación de la ley que se aplicó en la causa objeto de la presente solicitud, es importante referir que, en consecuencia, resultó “procedente” para los jueces que la conocieron y decidieron, ignorar la cláusula compromisoria y declarar así su jurisdicción cuando, realmente, no la tienen respecto al presente caso.

…Omissis…

Como se observa, con la inadecuada aplicación de la ley de arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, se ignoró por parte de los jueces que conocieron la causa –a pesar de la evidente inconstitucionalidad de la norma- la cláusula arbitral suscrita por los contratantes; de allí que no sólo se verifican los vicios propios de carácter sustantivo y procesal que implica aplicar normas que no corresponden, sino, incluso, la voluntad de las partes.

…Omissis…

En definitiva, la causa en curso en la cual ha resultado injustamente vencida nuestra representada, no fue juzgada por su Juez (sic) Natural (sic) y, en todo caso, no fue juzgada con las garantías establecidas en la Constitución; todo lo cual evidencia la grave violación al ordenamiento jurídico que perjudica ostensiblemente la imagen de nuestro poder judicial.

…Omissis…

CAPÍTULO VI

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE LA CAUSA

A todo evento, debemos referir que el Tribunal (sic) de la Primera (sic) Instancia (sic) que conoció el juicio es el (…), y que, según su nomenclatura, las actuaciones de la causa se acumularon en expediente signado AP31-V-2015-000449, al cual, como se dijo, en la alzada –donde actualmente se encuentra- se le asignó la nomenclatura antes aludida, AP71-R-2016-000692.

…Omissis…

Como puede observarse, el requerimiento del expediente de la causa a los efectos de la presente solicitud de avocamiento, es necesario y, además, es una actuación ajustada a la ley y a la jurisprudencia; por ello, solicitamosrespetuosamente a esa Sala de Casación Civil se sirva admitir la presente solicitud de avocamiento y, en consecuencia, se requiera de parte del Juzgado (sic) correspondiente, el expediente de la causa.

…Omissis…

CAPÍTULO IX

PETITORIO

Ciudadanos Magistrados, es por todo lo expuesto que esta representación solicita formalmente ante esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que, debido a las flagrantes violaciones al ordenamiento jurídico y al orden público constitucional que en ella se verifican, se avoque a la causa (…), con el fin de que se decreten la nulidades a que haya lugar y, en consecuencia, se recomponga la causa. En sentido de ello, solicitamos respetuosamente a esa Sala que:

Primero: Se admita la presente solicitud de avocamiento.

Segundo: sea requerido el expediente de la causa (…).

Tercero: Se avoque a la causa civil que actualmente conoce el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, expediente signado AP71-R-2016-000692 (…).

Cuarto: Requerido el expediente, se decrete la nulidad del auto de admisión de la demanda y todo (sic) las actuaciones posteriores a éste, a fin de que la causa se tramite y se juzgue conforme a la ley aplicable, cual es el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamiento Inmobiliario, (…), y, en consecuencia, se declare inadmisible la demanda en virtud de que la causal de desalojo en que se fundamentó no está contemplada en dicha ley como una de las causales taxativas que permite su admisión.

Quinto: Subsidiariamente, se declare inadmisible la demanda interpuesta en fecha 30 de abril de 2015, la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., contra nuestra representada Etiquetas Sol Sil, C.A., por ante el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecución (sic) de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de su evidente falta de jurisdicción en el presente caso, en virtud del acuerdo arbitral establecido en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes. (…)…”. (Mayúsculas, resaltado, cursivas y subrayado del texto).

 

Asimismo, se transcribe primer escrito complementario de la solicitud de avocamiento que consta a los folios 203 al 217 y sus anexos que rielan a los folios 218 al 387 de la tercera pieza del expediente, consignado ante la secretaría de esta Sala en fecha 17 de marzo de 2017, que señala expresamente lo siguiente:

 

“…     MOTIVO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN

Ciudadanos Magistrados, en esta oportunidad comparece esta representación a los efectos de referir a la Sala, de forma oportuna, algunas actuaciones que se llevaron a cabo en sede judicial, las cuales se relacionan de manera directa al caso objeto de la presente solicitud de avocamiento, de donde se verifican posibles alteraciones el efecto y eficacia de la garantía constitucional a la cosa juzgada material.

Resulta que la demanda por la que se inició (sic) causa cuyo avocamiento se solicita, no es la primera vez que se intenta, pues, ya en el pasado se intentó al menos dos veces, en los mismos términos, siendo que en la segunda de éstas se declaró la falta de jurisdicción.

…Omissis…

La primera sentencia encontrada fue dictada por el “Juzgado Decimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas”, en fecha 31 de mayo de 2011, en el expediente signado con el número AP31-V-2011-000143, tal y como se desprende del siguiente enlace www.caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2011/MAYO/2166-31-AP31-V-2011-000143-.HTML, donde se declaró lo siguiente: (…).

Por su parte, la segunda sentencia encontrada-la cual resulta de suma importancia al presente caso –fue dictada el 19 de marzo de 2012 por el “Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas”, en el expediente número AP31-V-2011-00179, la cual fue confirmada el 23 de mayo de 12 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, expediente número 2012-0597, con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, en la que se declaró lo siguiente: (…).

Ahora bien, ciudadanos Magistrados, esta representación explicará en lo sucesivo las implicaciones graves que se derivan de la sentencia antes mencionada al caso que nos ocupa, por lo que nos permitimos advertir desde ya que la parte demandante, esto es, la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., violó y transgredió la garantía constitucional de la cosa juzgada material, habida cuenta que, sabiendo desde hace más de tres años que el poder (sic) judicial (sic) no tiene jurisdicción para conocer y decidir cualquier controversia producto de la relación arrendaticia que mantiene con nuestra representada, presentó nuevamente una demanda cuya pretensión es igualmente sustentada en el mismo contrato de arrendamiento que contiene una cláusula arbitral –situación que impedía que el poder judicial sustanciara su petición-, obteniendo el mandato de entrega material de los inmuebles objeto de controversia.

En efecto, la grave situación que se explicará en lo sucesivo, además de afectar la majestuosidad del poder judicial, hace que, de manera ineludible, esa Sala de Casación Civil se avoque, lo más pronto posible, al caso que nos ocupa y se impida la ejecución de una sentencia dictada en franco desconocimiento de las más mínimas garantías constitucionales que deben estar presentes en todo proceso.

…Omissis…

Resulta ser que aproximadamente tres años después que ese Máximo Tribunal ratificó que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para decidir cualquier controversia surgida derivada de la relación arrendaticia que mantiene la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., con nuestra representada (…), sorprendentemente, y obviándose el efecto de la cosa juzgada material que se desprende de la referida decisión, la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., intentó la misma demanda fundada en el mismo título y en documentos que evidencian la falta de jurisdicción. Lamentablemente, bajo el amparo de una ley que abierta y evidentemente no correspondía aplicar al caso –ley (sic) de arrendamiento (sic) de inmuebles (sic) para uso comercial (sic)- se pretendió restarle valor a la cláusula arbitral.

No existe lugar a dudas que la parte demandante intentó la tercera demanda transgrediendo la cosa juzgada producida como efecto de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, que, a su vez, ratificó la sentencia emitida en el segundo juicio que incoó la misma parte contra nuestra representada.

La violación a la cosa juzgada se encuentra referida, particularmente, a la falta de jurisdicción del poder judicial y a la ley que se aplicó para sustanciar las primeras dos demandas intentadas (…). Tales circunstancias fueron ignoradas por la parte demandante, así como por los tribunales que sustanciaron, en contra de la Constitución (sic), el caso que nos ocupa.

…Omissis…

Ciudadanos Magistrados, esta representación considera que la parte actora en el juicio de la solicitud de avocamiento evidentemente se encontraba en conocimiento de la decisión dictada por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, en el sentido que el poder judicial no tiene jurisdicción para resolver cualquier disputa surgida entre ella y nuestra representada que se derive del contrato de arrendamiento ya aludido; sin embargo, la misma parte actora planteó demanda ante el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial a sabiendas que el referido Tribunal (sic), no tenía jurisdicción para tramitar tal demanda. Todo ello, bajo el amparo de una norma que no sólo (sic)  es inconstitucional, sino que además, no es aplicable a los hechos controvertidos –cuestión que se evidencia de forma clara en las actuaciones correspondientes y que los juzgadores ignoraron-…”. (Resaltado y subrayado del texto).

 

De la misma manera, se pasa a transcribir segundo escrito complementario de la solicitud de avocamiento que consta a los folios 390 al 395 de la tercera pieza del expediente, consignado en la secretaría de esta Sala en fecha 21 de marzo de 2017, que expresó lo siguiente:

 

“…                               ÚNICO

LA REPRESETNACIÓN (sic) JUDICIAL DE INVERSIONES BUENA VÍA, S.A. ESTABA EN CONOCIMIENTO DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN AL MOMENTO EN QUE INTENTÓ EL JUICIO OBJETO DE AVOCAMIENTO.

…Omissis…

Como explicado por esta representación, resulta que la referida empresa Inversiones Buena Vía, S.A., había intentado en el año 2011 una demanda contra mi representada –en los mismos términos en que está planteada la demanda a que se refiere la causa cuyo avocamiento se solicita- en la que, resultó mediante sentencia definitivamente firme, la falta de jurisdicción del poder judicial debido a la existencia de una cláusula arbitral.

En tal sentido, como lo hemos sostenido, a pesar de que la parte estaba en conocimiento de dicha falta de jurisdicción, definitivamente firme y pasada en autoridad de cosa juzgada material, intentó nuevamente, en franca violación al sistema de justicia y a la voluntad de las partes, una demanda en la que, además, se verificaron diversas otras violaciones que afectan de manera ostensible la imagen del poder judicial, haciéndose  procedente el avocamiento solicitado por esta representación.

Ahora bien, resulta que, de las copias que hemos acompañado a nuestro escrito de fecha 17 de marzo de 2017, referentes a la totalidad de las actuaciones que contiene el expediente signado AP31-V-2011-00179 en el que se produjo la decisión de falta de jurisdicción aludida, hemos constatado que no solo la parte -Inversiones Buena Vía, S.A.- sino incluso su actual apoderado judicial, conocía suficientemente tal imposibilidad del poder judicial de conocer de la causa por efecto de la cosa juzgada material que alcanzó la decisión 19/03/2012 (sic) relativa a la falta de jurisdicción, confirmada por la Sala Político Administrativa de ese Máximo Tribunal mediante sentencia de fecha 23 de mayo de 2012.

En efecto, como se verifica de las referidas copias, el abogado Domingo Medina Peralta, titular de la cédula de identidad número V-17.797.644, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 128.661, apoderado judicial de Inversiones Buena Vía, S.A., compareció ante la referida causa AP31-V-2011-00179, donde insistimos se produjo la sentencia de falta de jurisdicción, en tres oportunidades: (…).

…Omissis…

Es decir, resulta forzoso concluir en que el apoderado judicial de Inversiones Buena Vía, S.A., en representación de ésta, intentó contra mi representada una demanda de desalojo a pesar de conocer que el poder judicial no tenía jurisdicción para tramitarla y decidir, tal y como se desprende de un pronunciamiento definitivamente firme pasado en autoridad de cosa juzgada, Ello se desprende de lo siguiente:

  • La sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., intentó en el año 2011 una demanda contra mi representada, por desalojo, referente a una relación arrendaticia que mantienen, la cual se tramitó ante el Juzgado 22° de Municipio (sic) del Área Metropolitana de Caracas según el expediente AP31-V-2011-00179;
  • El referido Juzgado 22° de Municipio (sic) del Área Metropolitana de Caracas, declaró adecuadamente la falta de jurisdicción aludida en fecha 19 de marzo de 2012;
  • La Sala político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia , mediante sentencia de fecha 23 de mayo de 2012, confirmó la aludida decisión adoptada por el Juzgado 22° de Municipio (sic) del Área Metropolitana de Caracas, respecto a la falta de jurisdicción, adquiriendo firmeza ésta y carácter de cosa juzgada material;
  • El apoderado judicial de Inversiones Buena Vía, S.A., efectuó diversas actuaciones en el mes de marzo de 2015 –cuando ya se le había apoderado- en la causa contenida en el expediente AP31-V-2011-00179, donde se había declarado la falta de jurisdicción;
  • En el mes de abril de 2015, la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., con conocimiento de que existe una decisión firme –con carácter de cosa juzgada material- que declaró la falta de jurisdicción en los términos ya indicados por esta representación, demandó a mi representada plantando (sic) la misma pretensión. Nótese que el apoderado judicial que suscribe la demanda, fue quien también representó a la demandante en marzo de 2015 para solicitar unas copias certificadas en el expediente AP31-V-2011-00179 en el que se había producido dicha decisión de falta de jurisdicción.

En conclusión, ciudadanos Magistrados, tanto la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., como su apoderado judicial, demandaron a mi representada, Etiquetas Sol Sil, C.A., en el mes de abril de 2015, a pesar del innegable conocimiento que tenían de la falta de jurisdicción declarada y su carácter de cosa juzgada. Ello sin lugar a dudas se traduce en otro motivo para que el avocamiento solicitado sea admitido y declarado procedente, en virtud de las graves violaciones que se verifican en la causa correspondiente…”. (Mayúsculas, resaltado y cursivas del texto).

-III-

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar o no, la existencia de las supuestas irregularidades denunciadas por los solicitantes del avocamiento en estudio, esta Sala de Casación Civil, considera oportuno analizar las actas procesales en las tres (3) piezas que conforman el expediente, por lo cual se pasa a realizar un recuento de aquellos hechos relevantes, de obligatoria y necesaria mención para determinar la existencia de lo alegado, y en tal sentido se observa lo siguiente:

PRIMERA PIEZA DEL EXPEDIENTE

(Cuaderno de Medidas)

Consta a los folios 13 al 17, que el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, decretó medida de secuestro en fecha 28 de junio de 2016, contra el bien inmueble objeto de litigio sobre dos (2) locales comerciales distinguidos con los números 13 y 14.

Consta a los folios 140 al 157, que el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sentencia interlocutoria de fecha 3 de abril de 2017, declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la demandada contra el fallo de fecha 28 de junio de 2016 que decretó la medida de secuestro contra el bien inmueble objeto de litigio, y revocó la decisión dictada por el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con la expresa orden de levantar la referida medida de secuestro.

SEGUNDA PIEZA DEL EXPEDIENTE

Consta a los folios 2 al 10, que en fecha 30 de abril de 2015 2 al 7, fue presentada demanda por desalojo de dos (2) locales comerciales distinguidos con los números 13 y 14, por los abogados Mario Brando y Domingo Medina, actuando como representantes judiciales de la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., contra la sociedad mercantil Etiquetas Sol Sil, C.A., estimándose la cuantía de la demanda en la cantidad de cuatrocientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y cinco bolívares con dieciséis céntimos (Bs. 437.945,16) que equivalen a 2.919,63 unidades tributarias, de acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial N° 40.608 de fecha 25 de febrero de 2015, que estableció cada unidad tributaria en la cantidad de ciento cincuenta bolívares exactos (Bs. 150,00).

Consta a los folios 19 al 29, copia certificada del contrato de arrendamiento de dos (2) locales distinguidos con los N° 13 y 14, ubicados en la avenida Rómulo Gallegos, sector Boleíta Sur, Municipio Sucre del estado Miranda, dados en arrendamiento por la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., a la sociedad de comercio Etiquetas Sol Sil, C.A., debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital, anotado en los libros respectivos bajo el N° 25, Tomo 72, en fecha 12 de mayo de 2006.

Consta a los folios 52 y 53, que en fecha 5 de mayo de 2015, fue admitida la demanda por el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez titular Juan Alberto Castro Espinel.

Consta al folio 186, que en fecha 7 de diciembre de 2015, tuvo lugar la audiencia preliminar, y el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se reservó el lapso procesal correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, para establecer mediante auto razonado la fijación de los hechos y los límites de la controversia.

Consta a los folios 239 al 247, que en fecha 15 de junio de 2016, el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia definitiva, en la cual declaró con lugar la acción de desalojo incoada y la orden a la demandada de entregar los dos (2) inmuebles objetos de litis.

Consta al folio 249, que en fecha 20 de junio de 2016, la demandada apeló del fallo antes señalado.

Consta a los folios 258 al 277, que en fecha 28 de septiembre de 2016, la representación judicial de la sociedad mercantil Etiquetas Sol Sil, C.A., consignó ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, escrito de informes en la cual denunció la incorrecta admisión de la acción incoada, la falsa aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, y que las partes de acuerdo a la cláusula vigésima primera del contrato de arrendamiento se obligaron expresamente someter bajo un proceso de arbitraje la solución de posibles controversias, y que por ello, el presente asunto no puede ser conocido por la jurisdicción civil.

Consta a los folios 361 al 385, que en fecha 3 de febrero de 2017, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dicto sentencia definitiva en la cual declaró parcialmente con lugar la acción incoada, ordenó la entrega de los dos (2) inmuebles arrendados y condenó en costas procesales a la parte demandada de acuerdo con los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil.

Consta a los folios 386 al 388, que la representación judicial de la demandada mediante diligencia de fecha 17 de febrero de 2017, peticionó al ad quem lo que a continuación se transcribe:

 

“…En tal sentido, y en virtud de todo lo anteriormente esgrimido, es por lo que solicitamos formalmente a esta alzada que, conforme a lo que establecen los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil antes indicados, remita de inmediato las actuaciones del presente caso a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de la consulta obligatoria correspondiente respecto a la jurisdicción…”. (Resaltado del texto).

 

Consta al folio 389, que en fecha 20 de febrero de 2017, la representación judicial de la demandada mediante diligencia anunció recurso extraordinario de casación contra el fallo emanado del ad quem de fecha 3 de febrero de 2017.

Consta a los folios 394 al 396, que el ad quem mediante auto de fecha 21 de febrero de 2017, inadmitió el recurso extraordinario de casación anunciado por la representación judicial de la demandada contra el fallo de fecha 3 de febrero de 2017.

Consta a los folios 400 al 405, que en fecha 2 de marzo de 2017, la representación judicial de la demandada ejerció el recurso de hecho contra el auto que inadmitió el recurso extraordinario de casación anunciado contra el fallo dictado por el ad quem en fecha 3 de febrero de 2017.

Consta a los folios 416 al 428, que en fecha 18 de mayo de 2017, que esta Sala de Casación Civil declaró sin lugar el recurso de hecho ejercido por la demandada contra el auto emanado del ad quem que inadmitió el recurso extraordinario de casación anunciado contra el fallo definitivo de fecha 3 de febrero de 2017.

TERCERA PIEZA DEL EXPEDIENTE

Consta a los folios 1 al 68, solicitud de avocamiento consignado ante la Secretaría de esta Sala en fecha 22 de febrero de 2017.

Consta nuevamente a los folios 134 al 160 del expediente, que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 3 de febrero de 2017, declaró parcialmente con lugar la acción incoada, ordenó la entrega de los inmuebles arrendados y condenó en costas procesales a la parte demandada de acuerdo con los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil.

Consta a los folios 164 al 166, que la representación judicial de la sociedad de comercio Etiquetas Sol Sil, C.A., mediante diligencia peticionó al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, lo siguiente:

 

“…En tal sentido, y en virtud de todo lo anteriormente esgrimido, es por lo que solicitamos formalmente a esta alzada que, conforme a lo que establecen los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil antes indicados, remita de inmediato las actuaciones del presente caso a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de la consulta obligatoria correspondiente respecto a la jurisdicción…”. (Resaltado del texto).

 

En respuesta a lo antes transcrito, consta a los folios 167 al 169, que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21 de febrero de 2017, expuso lo siguiente:

“…VistA (sic) la diligencia que antecede, (…).

…Omissis…

Así las cosas, y de la revisión de las actas procesales mencionadas anteriormente, no se desprende que en el presente proceso, ante el Tribunal (sic) de la causa, ni ante esta Alzada (sic), se haya propuesto, discutido y mucho menos decidido la supuesta falta de jurisdicción que señala la representación judicial de la parte demandada, (…), por lo que, considera esta Superioridad (sic), que tal aseveración respecto a que ambos órganos jurisdiccionales se pronunciaron en cuanto a la supuesta falta de jurisdicción, resulta grave y relevante error de apreciación, para lo cual, se insta a la representación judicial de la parte demandada a no continuar en el futuro, realizando falsos señalamientos contra los jueces en sus decisiones, (…), de allí que resulta IMPROCEDENTE, el alegato de que se realice la consulta obligatoria correspondiente a la falta de jurisdicción, por cuanto no fue alegada durante la secuela del proceso la defensa de falta de jurisdicción, ni ante el Tribunal (sic) de Municipio (sic), ni ante este Juzgado (sic) Superior (sic), resultando imposible el trámite de dicha solicitud, y ASI (sic) SE DECIDE…”. (Mayúsculas y resaltado del texto).

 

Consta a los folios 203 al 217 y sus anexos que rielan a los folios 218 al 387, escrito complementario de la solicitud de avocamiento consignado ante la Secretaría de esta Sala en fecha 17 de marzo de 2017.

Consta a los folios 218 al 220, copia simple de fallo dictado en fecha 31 de mayo de 2011, por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró la perención breve de la instancia de conformidad con el numeral 1° del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio por desalojo de inmuebles incoado por la sociedad de comercio Inversiones Buena Vía, S.A., contra la sociedad mercantil Etiquetas Sol Sil C.A.

Consta a los folios 221 al 227, copia simple del libelo de demanda en el juicio por desalojo de inmuebles pretendido por la sociedad de comercio Inversiones Buena Vía, S.A., en fecha 26 de enero de 2011, contra la sociedad mercantil Etiquetas Sol Sil C.A., incoado ante el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y admitida en fecha 8 de febrero de 2011.

Consta a los folios 228 al 236, que el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 19 de marzo de 2012, dictó sentencia interlocutoria con carácter de definitiva, declarando: “…CON LUGAR LA CUESTION (sic) PREVIA OPUESTA por la parte demandada, en el presente juicio que por DESALOJO INCOARA INVERSIONES BUENA VÍA, S.A., CONTRA ETIQUETA (sic) SOL SIL C.A.- EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE EL PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO. Se declara extinguido el presente juicio.”

Consta a los folios 362 al 376, sentencia N° 560 de fecha 23 de mayo de 2012, expediente N° 12-597, emanada de la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 19 de marzo de 2012, declarando que “…el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir de la demanda por desalojo de un inmueble, interpuesta por los abogados Gustavo López Gorrín, Carlos Mederico y Ángel Morillo, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INVERSIONES BUENA VÍA S.A., contra la sociedad mercantil ETIQUETAS SOL SIL, C.A.. En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia dictada (…).”.

Consta a los folios 390 al 395, escrito complementario de la solicitud de avocamiento consignado por la sociedad mercantil Etiquetas Sol Sil C.A., ante la Secretaría de esta Sala en fecha 21 de marzo de 2017.

Consta a los folios 527 al 555, que esta Sala de Casación Civil en fecha 18 de mayo de 2017, declaró procedente la primera fase del avocamiento solicitado por la sociedad de comercio Etiquetas Sol Sil, C.A.

Consta al folio 556, que en fecha 19 de mayo de 2017, esta sala ordenó al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la remisión a esta Sala del expediente original N° AP71-R-2016-000692.

 

-IV-

Una vez analizadas pormenorizadamente las actas que conforman el presente expediente y examinado lo alegado por la solicitante del avocamiento, esta Sala procede a dictar su máxima decisión en los siguientes términos:

La presente causa, versa sobre un juicio de desalojo de dos (2) locales distinguidos con los N° 13 y 14, ubicados en la avenida Rómulo Gallegos, sector Boleíta Sur, Municipio Sucre del estado Miranda, los cuales fueron dados en arrendamiento por la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., a la solicitante del avocamiento, la sociedad de comercio Etiquetas Sol Sil, C.A., mediante contrato debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital, anotado en los libros respectivos bajo el N° 25, Tomo 72, en fecha 12 de mayo de 2006.

Dicha causa, fue admitida y sustanciada por el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez Juan Alberto Castro Espinel, que en fecha 15 de junio de 2016, declaró con lugar la pretensión de desalojo y la ordenó a la demandada entregar a la demandante los dos (2) inmuebles objetos de litigio.

Y en segunda instancia, por efecto de la apelación ejercida por la demandada, dicha causa fue conocida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la juez Indira París Bruni, que en fallo de fecha 3 de febrero de 2017, declaró parcialmente con lugar la acción incoada y ordenó la entrega de los inmuebles arrendados, con expresa condena en costas procesales a la demandada, sociedad de comercio Etiquetas Sol Sil, C.A., de acuerdo con los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, los alegatos expuestos por la solicitante del avocamiento se dirigen a la existencia de una situación de manifiesta injusticia y de evidente error judicial consistente en el desacato desplegado por el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que conocieron del presente asunto como juzgado de cognición y superior jerárquico, respectivamente, de la sentencia emanada de la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 560 de fecha 23 de mayo de 2012, expediente N° 12-597, que señaló expresamente lo siguiente:

 

“…Ahora bien, se advierte que el órgano jurisdiccional consultante declaró mediante sentencia de fecha 19 de marzo de 2012, con lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil opuesta por la representación judicial de la demandada y determinó que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer del caso de autos, en virtud que las “…partes al contratar manifestaron su voluntad inequívoca de someter cualquier controversia derivada del contrato por la vía del procedimiento arbitral…”.

En primer término, es necesario precisar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 258 el deber que tiene el legislador de promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos, como alternativa ante las típicas disputas o querellas en sede judicial, lo que refleja la constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de conflictos.

De manera que el arbitraje constituye una excepción a la competencia constitucional que tienen los tribunales ordinarios del país de resolver, por imperio de la Ley, todas las querellas que les sean sometidas por los ciudadanos a su conocimiento.

En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia han considerado al arbitraje como un medio de autocomposición extrajudicial entre las partes, quienes, mediante una voluntad expresa, convienen de forma anticipada, en sustraer del conocimiento del Poder Judicial (acuerdo éste que también podría ser posterior, esto es, ya iniciada una causa judicial), las diferencias, controversias o desavenencias que por la ejecución, desarrollo,  interpretación o terminación de un negocio jurídico, sobrevengan entre ellas.

Precisado el anterior marco jurídico doctrinario, en el presente caso esta Sala observa que el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, determinó que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer del presente caso, basándose en que, las  partes al contratar manifestaron su voluntad inequívoca de someter cualquier controversia derivada del contrato por la vía del procedimiento arbitral.

…Omissis…

Dicho lo anterior, se aprecia que el contrato objeto de autos contiene en efecto una cláusula arbitral, que excluye la jurisdicción del Poder Judicial para conocer del asunto controvertido, por lo cual, se impone atender al contenido del artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela Nº 36.430 del 7 de abril de 1998, que consagra expresamente la posibilidad de que las partes sometan a arbitraje la resolución de controversias o disputas, mediante un pacto denominado “acuerdo de arbitraje”; en los términos expresados a continuación:

 

Artículo 5: El `acuerdo de arbitraje´ es un acuerdo por el cual las partes deciden someterse a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente.

En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”.

 

De conformidad con la norma anteriormente citada, al estar el acuerdo de arbitraje contemplado en una cláusula del contrato, adquiere carácter vinculante para las partes que lo han suscrito, quienes por dicha disposición renuncian a acudir ante los órganos jurisdiccionales ordinarios para someter sus conflictos.

Asimismo, dispone la primera parte del artículo 6 de la precitada Ley de Arbitraje Comercial que: “…El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje…”.

…Omissis…

Establecido lo anterior esta Sala observa, que en el caso de autos, en la cláusula vigésima primera, del contrato suscrito por las partes, se estableció lo siguiente:

 

VIGÉSIMA PRIMERALas partes de mutuo acuerdo y en virtud de su carácter de comerciantes y la forma  mercantil del presente contrato, escogen como medio de solución de todas las controversias que pudieran presentarse entre ellos y que no puedan ser solucionadas de manera amistosa, el procedimiento de arbitraje establecido en la Ley de Arbitraje Comercial. Asimismo las partes declaran, que dicho procedimiento se ventilará por ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, bajo el procedimiento de la Ley de Arbitraje Comercial, en aplicación conjunta con el procedimiento arbitral del mencionado centro…”.

 

De la lectura de la cláusula transcrita, se constata que las partes decidieron, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, consagrado en el artículo 1.159 del Código Civil, someter las controversias que pudiesen surgir entre ellas a la decisión de un tribunal arbitral, sin que pueda colegirse de la referida cláusula una manifestación genérica, imprecisa o incompleta; lo cual en la situación analizada es suficiente para concluir que la acción planteada debe ser admitida, sustanciada y decidida por el mencionado tribunal de arbitraje.

En consecuencia, debe declararse que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir de la demanda por desalojo de un inmueble interpuesta. En virtud de lo anteriormente expuesto, se confirma el fallo sometido a consulta obligatoria. Así se decide.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir de la demanda por desalojo de un inmueble, interpuesta por los abogados Gustavo López Gorrín, Carlos Mederico y Ángel Morillo, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INVERSIONES BUENA VÍA, S.A., contra la sociedad mercantil ETIQUETAS SOL SIL, C.A.

En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 19 de marzo de 2012, por el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas…”. (Mayúsculas, resaltado y cursivas del fallo).

 

De acuerdo a la sentencia antes transcrita, se tiene que la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal Republicano, declaró en fecha 23 de mayo de 2012, que el poder judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir de la demanda que por desalojo de inmueble interpuso la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., en contra de la sociedad de comercio Etiquetas Sol Sil, C.A., al verificarse que el contrato de arrendamiento suscrito por las partes contiene en una cláusula arbitral, que expresamente excluye a la jurisdicción del poder judicial para conocer y decidir del presente asunto.

Ahora bien, para la resolución del presente asunto, es importante destacar, si el mismo cumple con la doctrina de esta Sala, respecto a los REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA FIGURA DEL AVOCAMIENTO y el alcance del concepto de ORDEN PÚBLICO PROCESAL INTERÉS PÚBLICO, plasmada en su sentencia N° Avoc-211 de fecha 3 de mayo de 2005, caso de Nais Blanco Useche, expediente N° 04-1009, que indicó lo siguiente:

 

“…En relación con los requisitos de procedencia de la figura del avocamiento, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, en sentencia de 13 de abril de 2000, (caso: Fondo de Inversiones de Venezuela), señaló que para que pudiese dicha Sala avocarse al conocimiento de alguna causa –criterio que acoge esta Sala- debían concurrir los siguientes elementos:

 

1) Que el objeto de la solicitud de avocamiento sea de aquellas materias que estén atribuidas ordinariamente, por el legislador, al conocimiento de los tribunales, aun cuando no sea strictu sensu materia contencioso administrativa.

 

2) Que un asunto judicial curse ante algún otro Tribunal de la República;

 

3) Debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia o, cuando en criterio de la Sala, existan razones de interés público o social que justifiquen la medida o cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia

 

4) Que en el juicio cuya avocación se ha solicitado exista un desorden procesal de tal magnitud que exija su intervención, si se advierte que bajo los parámetros en que se desenvuelve no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones’.

 

Previo a cualquier otro señalamiento es importante precisar, que para que la Sala estime procedente hacer uso de la facultad excepcional de avocamiento, es necesario que se den por lo menos tres requisitos. Los dos primeros requisitos deben concurrir siempre, bien con uno de los supuestos alternativos contenidos en el tercer requisito, o bien con el cuarto requisito.

 

El primero de los requisitos establecido por la jurisprudencia exige que el objeto de la solicitud de avocamiento sea de aquellas materias que estén atribuidas ordinariamente, al conocimiento de los Tribunales, aun cuando no sea strictu sensu materia contencioso administrativa.

(…Omissis…)

El segundo de los requisitos establecido por la jurisprudencia exige que el asunto cuyo avocamiento se solicita, curse ante algún otro Tribunal de la República.

Este requisito está directamente relacionado con la interpretación que se la ha dado a la expresión ‘…que curse ante otro Tribunal…’, contenida en el artículo 42, ordinal 29 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y sobre el particular la jurisprudencia ha sostenido (Vid. Sentencias de la Sala Político-Administrativa de 3 de noviembre de 1994 y 13 de marzo de 1997) que se debe tratar de juicios no terminados, antes de que la sentencia definitiva quede firme.

(…Omissis…)

Por otra parte no es suficiente que el proceso esté en curso, sino que además debe estar en otro Tribunal de la República, esto es, ante un Tribunal distinto e inferior desde el punto de vista jerárquico (Vid. Sentencias de la Sala Político-Administrativa de 10 de agosto de 1989 y 15 de junio de 1993), pues estima esta Sala que no es procedente avocarse al conocimiento de un asunto si se encuentra en la misma Sala o en otra Sala del Tribunal Supremo.

(…Omissis…)

El tercero de los requisitos establecido por la jurisprudencia exige que el asunto cuyo avocamiento se solicita, debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia o, cuando en criterio de la Sala, existan razones de interés público o social que justifiquen la medida o cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia.

El tercer requisito de procedencia del avocamiento contiene varios supuestos alternativos y basta que se verifique la existencia de uno de ellos para que la Sala pueda considerar satisfecho el mismo.

Sobre el particular la Sala debe insistir –de nuevo- que cualquiera que sea el supuesto invocado por el solicitante o examinado de oficio por la propia Sala, es menester tener siempre como guía que el avocamiento es una facultad discrecional y excepcional y que por tanto debe administrarse la misma con criterios de extrema prudencia, con suma ponderación y cautela, examinando exhaustivamente caso por caso (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa de 30 de julio de 1992, entre otros fallos).

Ahora bien cuando la jurisprudencia indica que para que proceda el avocamiento de un asunto debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia, se trata de un supuesto en el cual el Tribunal adopta una decisión que sin duda alguna es contraria a la ley, aunque también puede evidenciarse cuando el Tribunal incurre en denegación de justicia, al omitir la decisión debida en un tiempo razonable. (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa de 14 de agosto de 1996).

Por otra parte cuando se establece que deben existir razones de interés público o social que justifiquen la medida, se refiere a que el asunto objeto del avocamiento debe rebasar el interés privado involucrado, lo que es bueno aclarar, no necesariamente está relacionado con la cuantía del asunto. Se refiere más bien a los casos que pueden crear confusión y desasosiego en la colectividad, afectar la paz social, la seguridad jurídica, trabar el normal desempeño de la actividad pública, o afectar de manera directa y ostensible el orden público y el interés público y social.

(Vid. Sentencias de la Sala Político-Administrativa de 27 de agosto de 1993,14 de diciembre de 1994, y 13 de marzo de 1997, entre otros numerosos fallos).

Así mismo cuando se señala que procede el avocamiento, siempre que sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia, se debe entender, en primer lugar, que es posible el avocamiento si estamos en presencia de irregularidades o trastornos procesales graves; se trata de casos anómalos extraordinarios, en los cuales incluso pueden llegar a verse afectados en forma flagrante, los derechos procesales constitucionales de las partes, tales como: los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso, a la defensa, a ser oído, al juez natural, a no ser juzgado dos veces por lo mismo, entre otros; y, en segundo lugar, que el caso sea realmente trascendente e importante, pues no basta que exista un trastorno procesal grave es necesario que el asunto revista particular relevancia, lo que sólo se da en forma excepcional cuando el alcance de los efectos jurídicos de las decisiones que deban ser dictadas, influyen sobre un considerable número de personas o afectan lo más altos intereses tutelados por el ordenamiento jurídico.

Así si el asunto objeto del avocamiento se trata de un caso de manifiesta injusticia, en los términos indicados o, cuando en criterio de la Sala, existan razones de interés público que justifiquen la medida o, cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia, estaría satisfecho el tercer requisito para poder avocarse al conocimiento y decisión del mismo.

(…Omissis…)

El cuarto de los requisitos establecido por la jurisprudencia exige que en el asunto cuyo avocamiento se solicita, exista un desorden procesal de tal magnitud que bajo los parámetros en que se desenvuelve no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones, requisito este que guarda estrecha relación con el último supuesto alternativo contenido en el tercer requisito ya explicado.

Ahora bien, cuando la jurisprudencia indica que para que proceda el avocamiento de un asunto debe tratarse de un caso en el que exista un desorden procesal de tal magnitud que no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones, se trata de un supuesto en el cual hay irregularidades procesales graves, en los cuales incluso pueden llegar a verse afectados en forma evidente, los derechos procesales constitucionales de las partes. Pero se diferencia del último supuesto alternativo contenido en el tercer requisito, antes explicado, en que el caso no tiene por qué ser particularmente trascendente o importante, pues en este supuesto el avocamiento se justificaría al garantizar los derechos y equilibrio procesales de las partes…’.

A los cuatro requisitos de procedencias citados, explicados y exigidos por la jurisprudencia transcrita, debe agregarse uno más, el cual fue referenciado por la Sala de Casación Penal en su fallo N° 406 del 13/11/03, exp. 03-0405, citando otra de la Sala Político-Administrativa de fecha 7 de marzo de 2002, cual es ‘…Que las garantías o medios existentes resulten inoperantes para la adecuada protección de los derechos e intereses jurídicos de las partes intervinientes en determinados procesos…”.

Los precedentes jurisprudenciales de manera clara establecen la especialidad de la figura jurídica excepcional del avocamiento, vista con criterios de extrema prudencia, tomando en consideración y de manera fundamental la necesidad de evitar flagrantes injusticias que trasciendan las esferas particulares, que lesionen al colectivo, afectar la paz social, la seguridad jurídica o entraben el normal desempeño de la actividad pública (…)

(…Omissis…)

Como lo indica la jurisprudencia ut supra transcrita, la finalidad del avocamiento excede a lo particular, debiéndose demostrar que lo señalado como desorden procesal o desconocimiento del derecho pone en riesgo intereses de la Nación a que pueda afectar servicios públicos; por tanto, pretender su procedencia por simples alegatos de incumplimiento de trámites procesales en asuntos entre particulares y cuyos intereses no se traspolan a la Nación, será desconocer principios constitucionales como el Juez natural, el debido proceso y la previsión de los recursos ordinarios y extraordinarios para atacar los vicios o desacuerdos que las partes tengan en la tramitación o resolución de un asunto.

Por lo anteriormente expuesto, no se evidencia que las garantías constitucionales o los medios procesales existentes sean inoperantes para la adecuada protección de los derechos e intereses jurídicos de las partes intervinientes en la controversia, por lo que la presente solicitud de avocamiento es improcedente. Así se decide…”. (Resaltado, cursivas y subrayado del fallo transcrito).

 

De igual forma, sobre el mismo punto referente al INTERÉS PÚBLICO y al ORDEN PÚBLICO PROCESAL, esta Sala en sentencia N° Avoc-481 de fecha 25 de octubre de 2011, caso de Anselmo Alvarado, expediente N° 09-502, señaló lo siguiente:

 

“…Al respecto cabe señalar, el criterio sustentado por esta Sala en su fallo N° 364 del 16 de noviembre de 2001, Exp N° 99-529 y 99-075 en el juicio de ELECTROSPACE C.A., contra Banco Del Orinoco S.A.C.A., en torno al INTERÉS PÚBLICO y al ORDEN PÚBLICO, ratificado el 18 de abril de 2006, (Vid. Avoc-277, Exp. N° 05-618, caso: Sociedad Civil Comuneros y Adjudicatarios del Lote C-C1 del Sitio de Suárez), ratificado el 25 de septiembre de 2006, (Vid. Avoc-697, Exp. N° 06-548, caso: del abogado José Luís Mejicano Llamozas), y vuelto a ratificar mediante fallo del 18 de enero de 2008, (Vid. Avoc-5, Exp. N° 07-699, caso de la Sociedad Mercantil denominada SOYAJOR C.A.), reiterado en fallo de fecha 29 de abril de 2008, N° Avoc-249, Exp. N° 2008-047, caso José Benjamín Gallardo González, este último con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión, dispuso lo siguiente:

“…Para afianzar aun más la precedente declaratoria, y tomando en cuenta la infracción de orden público observada la Sala se permite consignar lo que en el campo del proceso civil interesan al orden público.

A tal respecto, en sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 8 de julio de 1999, se dijo:

‘…en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento.

(…Omissis…)

…la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia obligatoria del proceso civil, es impositiva, es decir, obligatoria en su sentido absoluto, para las partes y para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos…’.

Por otra parte, es oportuno acotar que los principios relativos a la defensa del orden público y constitucional y el debido proceso, imponen al juzgador dar aplicación a los principios procesales de saneamiento, relevancia o trascendencia, de nulidad esencial y el de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la Ley, y como bien lo indica el procesalista, DEVIS ECHANDIA,

(…) La ley nos señala cuáles son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de proceso o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los particulares, aun existiendo acuerdo entre todos los interesados en el caso, ni a las autoridades o a los jueces MODIFICARLOS O PRETERMITIR SUS TRÁMITES. (DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Editorial ABC: Tomo I, Décima Edición. Pág. 39, Bogotá 1985).

El postulado contenido en la transcripción autoral que precede, está recogido en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil.

En el mismo orden de ideas, y lo referente al concepto de orden público, esta Sala,  elaboró su doctrina sobre el concepto de orden público, con apoyo en la opinión de Emilio Betti, así:

‘…QUE EL CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO REPRESENTA UNA NOCIÓN QUE CRISTALIZA TODAS AQUELLAS NORMAS DE INTERÉS PÚBLICO QUE EXIGEN OBSERVANCIA INCONDICIONAL,  y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público.

(…Omissis…)

A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a  hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento’ (G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y S. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983).

 

Más recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en fecha 9 de marzo de 2000, exp. Nº 00-0126 conceptualizó, en materia de Amparo Constitucional, el comportamiento que debe asumir el juez cumpliendo con la función tuitiva del orden público, de esta manera decidió:

 

‘…Sin embargo, no escapa a esta Sala, como ya le ocurrió a la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia y que plasmó en fallo del 24 de abril de 1998 al cual luego se hace referencia, que el conocimiento de unos hechos que no fueron alegados como supuestos de hecho de las normas constitucionales denunciadas como infringidas, pueden y deben producir otras situaciones a ser tomadas en cuenta por los sentenciadores, ya que a pesar de ser ajenas a la pretensión de amparo, siempre que sean cuestiones de orden público, sobre las cuales el juez puede de oficio resolver y tomar decisiones, si constata que las mismas no lesionan derecho de las partes o de terceros. Cuando los afectados por las decisiones han sido partes en el juicio donde se constatan los hechos contrarios al orden público, y ellos son generadores de esos hechos, el derecho a la defensa y al debido proceso no se les está cercenando si de oficio el juez cumpliera con la función tuitiva del orden público, ya que es la actitud procesal de las partes las que con su proceder denota la lesión del orden  público, entendido éste como el ‘…Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, no pueden ser alteradas por voluntad de los individuos…’ (Diccionario Jurídico Venezolano D & F, pág. 57). La ineficacia de esas condiciones fundamentales generaría el caos social….” (Resaltados, subrayado y cursivas del fallo transcrito).

 

En el presente caso, una vez analizados con detenimiento todos los alegatos precedentemente expuestos, hechos por la solicitante del avocamiento, así como revisado todo el procedimiento llevado en el juicio principal, esta Sala de Casación Civil, en acatamiento a la doctrina de la Sala Constitucional y de esta Sala, antes señaladas en este fallo, y visto que no se deben confundir los conceptos antes citados, con el hecho de que se señalen como afectados los supuestos derechos o intereses de un particular en un juicio, lo cual se indica como supuestamente violatorio del orden público, concluye, que la situación planteada por el solicitante del avocamiento no trasciende ni afecta gravemente el interés general o público, ni perturba la paz social o genera un estado de zozobra o conmoción en un grupo social determinado directamente interesado en la solución del conflicto, únicos supuestos que podrían activar la excepcionalidad de la figura del avocamiento, dado que con las decisiones dictadas en el juicio principal, sólo se verían afectados derechos de particulares, única y exclusivamente, lo que determina que la presente solicitud de avocamiento es improcedente, dado que los motivos que sustentan la solicitud de avocamiento se corresponden al desacuerdo del solicitante con los procesos judiciales y decisiones que le fueron adversas, y que son de orden privado, que sólo afectan a las partes contendientes de dichos juicios, y que no se evidencia que afecten gravemente el interés general o público, ni perturba la paz social o genere un estado de zozobra o conmoción en un grupo social determinadosino que dichas decisiones dictadas en el proceso, se corresponden a la función jurisdiccional privativa de los jueces de mérito que conocieron del caso y de los recursos interpuestos, conforme a la forma procesal en que se ejerció la defensa en los distintos procesales judiciales acontecidos. (Cfr. Fallo de la Sala de Casación Civil N° AVOC-3, de fecha 14 de julio de 2009, Exp. N° 2009-162, caso: Panadería, Pastelería y Charcutería Candelaria Pan 85 S.R.L.).-

En consideración a todos los fundamentos de hecho, de derecho, doctrinales y jurisprudenciales anteriormente expuestos, esta solicitud de avocamiento en su segunda fase es improcedente. Así se decide.

D E C I S I Ó N

En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR LA SEGUNDA FASE DEL AVOCAMIENTO SOLICITADO, y en consecuencia ordena:

SEGUNDO: El archivo de la presente solicitud.

TERCERO: La remisión del expediente principal, al Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, incluido el expediente N° 2017-264, contentivo de recurso de hecho que fuera anexado a esta causa, conforme a auto dictado en fecha 19 de marzo de 2017, y sentencia de esta Sala N° RH-304, de fecha 18 de mayo de 2017, a los fines de la prosecución de la causa principal, que fuera suspendida temporalmente por esta Sala, mediante sentencia N° AVOC-309, de fecha 18 de mayo de 2017, que declaró ha lugar la primera fase del avocamiento.

Dada la naturaleza especial y extraordinaria del avocamiento, NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce días del mes de agosto de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

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