LA PERENCION DE LA INSTANCIA POR FALTA DE IMPULSO PROCESAL PARA LA CITACION DEL DEMANDADO

SALA CIVIL 14 DE AGOSTO DE 2017.

LA PERENCION DE LA INSTANCIA .

N° SENTENCIA: RC.000583

N° EXPEDIENTE: 17-234

Procedimiento: Recurso de Casación
Partes: MARÍA EVELIA BELISARIO GONZÁLEZ contra MANUEL JOSÉ GUERRERO NAVARRO Y OTROS.
Decisión: SIN LUGAR
Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

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SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. N° 2017-000234

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

 

En la acción mero declarativa de reconocimiento de unión estable de hecho (concubinato), incoada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, por la ciudadana MARÍA EVELIA BELISARIO GONZÁLEZ, representada judicialmente por los ciudadanos abogados Abrahanny María Maldonado, Yexxy Simarai Pérez Ojeda y Edgar Alexander Tovar, contra los ciudadanos MANUEL JOSÉ GUERRERO, LUIS ENRIQUE GUERRERO NAVARRO y SOLEDAD SCARLET GUERRERO NAVARRO, patrocinados judicialmente por los ciudadanos abogados Francis Acosta Osto y Alexis Rafael Moreno López; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, dictó sentencia definitiva en fecha 16 de enero de 2017, declarando lo siguiente:

“(…) PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogada Abrahanny Maldonado… …en su condición de apoderada judicial de la parte demandante, contra la Sentencia (sic) de fecha 15 de abril de 2015, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Apure, que decretó la Perención (sic) de la Instancia (sic) en el juicio de Acción (sic)  Mero (sic)  Declarativa (sic) de Concubinato (sic) incoada por la ciudadana María Evelia Belisario González, contra los ciudadanos Luis Enrique Guerrero Navarro, Manuel José Guerrero Navarro y Soledad Scarlet Guerrero Navarro, respectivamente. SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión apelada en cuanto a que declaro la Perención (sic) de la Instancia (sic) de conformidad con el ordinal 1 del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Se declara Con (sic) Lugar (sic) la Apelación (sic)  interpuesta por la abogada Francis Acosta Osto… …en su condición de apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, contara la sentencia interlocutoria con fuerza definitiva de fecha 15 de abril de 2015, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Apure, que decretó la Perención (sic) de la Instancia (sic, recurso de apelación interpuesto sólo en lo que respecta a la falta de pronunciamiento de la perención ordinaria y sobre las medidas cautelares. CUARTO: Se MODIFICA la sentencia interlocutoria con fuerza definitiva de fecha 15 de abril de 2015, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Apure, sólo en lo que respecta a la omisión en que incurrió al omitir pronunciamiento con respecto a la perención ordinaria y a la suspensión de las medidas, también solicitado por la parte co-demandada. QUINTO: Se declara la perención de la instancia y la extinción del proceso, de conformidad con el encabezamiento y al (sic) ordinal 1 del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que operó la Perención (sic) Ordinaria (sic) y Breve (sic) en el juicio contentivo de Acción (sic) Mero (sic) Declarativa (sic) de Concubinato (sic) incoada por la ciudadana María Evelia Belisario González contra los ciudadanos Luis Enrique Guerrero Navarro, Manuel José Guerrero Navarro y Soledad Scarlet Guerrero Navarro, respectivamente. SEXTO: Se suspende las siguientes medidas decretadas 1.- Medida de prohibición de venta de los animales o ganados, caballar, mular, porcino, caprino que se encuentren marcados con el hierro quemador signado con la figura (MG2). 2.-La Medida de Prohibición (sic)  de Enajenar (sic)  y Gravar (sic)  sobre el Hato ‘Campo Alegre’, el cual consta de dos mil ochenta y dos Hectáreas (2082 Has), ubicado en la Parroquia guachara del Municipio Achaguas del Estado (sic)  Apure,  y cuyos linderos se encuentra especificados en sentencia del tribunal A-quo que acordó la medida. 3.- La medida de embargo sobre el 50% del inmueble casa quinta, ubicada en ‘Llano Alto, constante de 423,34 M2, distinguida con el N° A-146 del Sector ‘A’, Municipio Biruaca del Estrado (sic) Apure. 4.- la medida de secuestro sobre el vehiculo  con las siguientes características MARCA TOYOTA, MODELO: LAND CRUISER P. SERIAL DE CARROCERIA TELJ71J4700120006, SERIAL DE CHASIS A54AG8H, SERIAL DEL MOTOR 1FZ0744519, AÑO 2007, COLOR: ROJO, CLASE: RÚSTICO, PLACAS: A54AG8H. En tal sentido, se ordena al Tribunal (sic) A-Quo, librar lo conducente para la suspensión de cada una de estas medidas. SÉPTIMO: no se condena en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. OCTAVO: Por cuanto la presente sentencia se dicto fuera del lapso legalmente establecido se ordena la notificación a las partes…”. (Destacado de lo transcrito)

 

Contra la referida decisión de alzada, la demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación pertinente. Hubo réplica y contrarréplica.

En fecha 9 de marzo de 2017, la Sala recibió el expediente; y el 22 de marzo de 2017, se dio cuenta en Sala y se asignó la respectiva ponencia correspondiéndole la presente al magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.

Con ocasión de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el período 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente: Dr. Yván Darío Bastardo Flores; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrado: Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba y Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

PUNTOS PREVIOS

-I-

Primeramente es necesario referir lo que esta Sala ha establecido de manera pacífica y reiterada, en relación a la carga que tiene el formalizante de atacar en forma previa o en primer término a cualquier otro particular del juicio, la cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito o cuestión jurídica previa, en la cual se fundamente una sentencia, tal como ocurre en este caso con la decisión recurrida, la cual declaró la perención de la instancia (ordinaria y breve) en el presente juicio.

Al efecto, esta Sala en torno a la existencia de una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito o cuestión jurídica previa, en la cual se fundamenta la sentencia, en su fallo N° RC-504, de fecha 17 de septiembre de 2009, expediente N° 2007-900, caso: Chee Sam Chang contra Manuel Lorenzo Benítez González y otra, que refiere al fallo Nº RC-306, de fecha 23 de mayo de 2008, expediente Nº 2007-904, caso: Representaciones Valeri Fashion F, C.A., contra las sociedades mercantiles Administradora Alegría, C.A. y Centro Importador Abanico, C.A., que fue reiterada en fallo Nº RC-824, de fecha 9 de diciembre de 2008, expediente Nº 2008-095, caso: La Rinconada C.A., contra los ciudadanos Gladys Gubaira de Matos y otros, estableció lo siguiente:

 

“(…) Ahora bien, sobre la cuestión jurídica previa en la sentencia de mérito, la Sala ha establecido de forma reiterada, entre otras, en sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, Caso: Rose Marie Convit de Bastardo y otros c/ Inversiones Valle Grato C.A. que:

 

‘(…) cuando el Juez resuelve una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito del proceso, debe el recurrente, en primer término, atacarla en sus fundamentos esenciales, pues si los hechos invocados y la norma jurídica que le sirve de sustento legal no existen o ésta fue mal aplicada, o por el contrario, tienen otros efectos procesales distintos a los establecidos en la Alzada, o en el caso, por el Tribunal de Reenvío, el recurrente está obligado a combatirlos previamente; y si tiene éxito en esta parte del recurso, podrá, en consecuencia, combatir el mérito mismo de la cuestión principal debatida en el proceso…’.

 

En igual sentido, este Alto Tribunal estableció en decisión de fecha 24 de septiembre de 2003, Caso: Construcciones y Mantenimiento S Y P C.A., c/ Rasacaven S.A., que:

 

‘(…) el formalizante omitió impugnar, a través de su denuncia de actividad, la cuestión jurídica previa establecida por la recurrida… Sobre la carga del formalizante de atacar la cuestión jurídica previa establecida, la Sala de Casación Civil ha señalado lo siguiente: ‘…Como previamente fue establecido, en el caso bajo estudio, el Juez de la recurrida se basó en una cuestión jurídica previa para declarar sin lugar la demanda…´, que de conformidad con la doctrina de esta Sala ha debido ser atacado en forma previa por el formalizante ya sea bajo el amparo de denuncias por defectos de forma o por defectos de fondo…’.(Mayúsculas y cursivas del texto).

 

Es claro, pues, que el recurrente ha debido combatir el pronunciamiento del Juez Superior…”.(Destacado de la Sala)

 

En consecuencia, dado que el juez de alzada basó su decisión, en la existencia de una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito o cuestión jurídica previa, en base a la perención de la instancia y esta tiene fuerza suficiente para descartar cualquier otro pronunciamiento sobre los alegatos y pruebas vinculadas al fondo o mérito de la controversia; esta Sala por consiguiente conocerá de la denuncia contenida en el escrito de formalización, si el recurrente ataca con prioridad, el asunto de derecho, es decir lo relacionado a la perención de la instancia (ordinaria y breve) decretada en el presente caso. Así se establece.

-II-

La demandante consignó anexo a su escrito de formalización, un legajo de copias simples constante de 61 folios, que corren insertos a los folios 1779 al 1840, de la pieza tres de este expediente.

De igual modo, la demandada consignó anexo a su escrito de impugnación, un legajo de copias certificadas constante de 46 folios, que corren insertos a los folios 1847 al 1891, de la pieza tres de este expediente.

La Sala al respecto, observa:

No es dado a las partes durante el lapso de tramitación del recurso extraordinario de casación, el consignar ningún tipo de pruebas ante esta sede casacional, pues esta Suprema Jurisdicción tiene el encargo de vigilar y corregir la aplicación del derecho, y en tal virtud, determinar si los jueces de instancia cumplieron, en el desarrollo de su función sentenciadora, con todos los preceptos legales al efecto, dada su condición de tribunal de derecho, y por cuanto que, en el procedimiento establecido para la sustanciación del recurso extraordinario de casación, no se prevé ninguna oportunidad procesal para la promoción de pruebas, conforme a lo señalado en el libro primero, título octavo, del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 312 al 326.

Al efecto esta Sala, en su fallo N° RC-014, de fecha 11 de febrero de 2010, expediente N° 2009-491, reiterado mediante sentencias números RC-340, de fecha 6 de agosto de 2010, expediente N° 2010-183; RC-239 de fecha 2 de junio de 2011, expediente N° 2010-106; y RC-629, de fecha 3 de octubre de 2012, expediente N° 2012-222, estableció lo siguiente:

 

“(…) Ahora bien, la Sala, ejerciendo su función pedagógica jurídica, informa a la recurrente que ante esta Máxima Jurisdicción Civil, no resulta pertinente presentar ninguna clase de pruebas, ya que, este Tribunal Supremo de Justicia, por su condición de tribunal de derecho, debe revisar y controlar la legalidad de los fallos emitidos por los juzgados de instancia y es, sólo en casos excepcionales tales como cuando se delatan violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, entre otros y las que constituyen infracciones a garantías constitucionales derivadas de transgresiones a reglas procesales, que este Alto Juzgado analiza los hechos o las pruebas.

 

Asimismo, esta Sala de Casación Civil, observa con extrañeza que, siendo la formalizante profesional de la abogacía no hubiese promovido la documental en comentario, en las oportunidades previstas legalmente para ello.

 

Con base a los razonamientos expuestos la Sala no procede al análisis del instrumento consignado por la recurrente. Así se decide…”.

 

Es consideración a lo antes expuesto, esta Sala de Casación Civil, se ve imposibilitada de conocer, y por ende, no procede al análisis de los instrumentos probatorios consignados tanto por la demandante así como por la demandada, anexos a sus escritos de formalización e impugnación, respectivamente. Así se decide.

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 15 y 207 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 267 eiusdem, y artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por quebrantamiento de formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa.

Señala el formalizante:

 

“(…) DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICA

 

Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil… denuncio la infracción por la recurrida de los artículos 15 y 207 del C.P.C. (sic), así como la infracción del artículo 267 eiusdem por quebrantamiento de formas procesales, ya que el Juez (sic) Superior (sic) Accidental (sic), al declarar el acaecimiento de la perención conjunta, con lo cual le genero indefensión que le impide continuar con el proceso a la parte por quebrantamiento de formas procesales, así como lo contemplado en los artículo 26, 49 ordinal 3ero y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al quebrantar formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa puesto que declaró la perención de la instancia en el proceso, luego de que mi representada cumpliera con las obligaciones para lograr la citación de la parte demandada, más aún, en los casos donde la citación debe practicarse mediante comisión por cuanto de conformidad a la sentencia N° 466, de fecha 21 de julio de 2008, de la Sala de Casación Civil, para interrumpir la perención breve, basta con cumplir con una de las obligaciones para llevar a cabo la misma, ya que la Jueza (sic) Superior (sic) Accidental (sic), al haber declarado el acaecimiento de la perención ordinaria y breve en el presente juicio, le generó una indefensión que le impide continuar con el proceso a la parte demandante, además, le violentó el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa que tiene mi representada; lo cual, genera igualmente el quebrantamiento de normas de orden público.

 

Sobre este particular es oportuno señalar que esta sanción no puede ser utilizada como un mecanismo para terminar el juicio, colocando la supremacía de la forma procesal sobre la realización de la justicia, por cuanto ello atenta contra el mandato contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por el contrario esta figura procesal debe ser empleada en aquellos casos en los que exista un evidente desinterés de la prosecución del proceso, ´pues la determinación de la jueza que la declara, frustra el hallazgo de la verdad material y la consecución de la justicia. Por esta razón, la aptitud de la jueza en la conducción del proceso debe ser en beneficio de la satisfacción de ese fin último de la función jurisdiccional y de la producción de la sentencia de merito, y no la necesidad de culminar los proceso con fundamento y aplicación de formas procesales establecidas en la ley, pues tal conducta violenta en forma flagrante principios y valores constitucionales.

 

El fallo recurrido de fecha 16 de Enero (sic) del año 2017, señala lo siguiente:

 

(…omissis…)

 

Más adelante señala en la sentencia:

 

‘De esta forma, después de descritas las diversas actuaciones procesales acaecidas en este juicio, se observó que desde la admisión de la demanda contentiva de Acción (sic) Mero (sic) Declarativa (sic) de Concubinato (sic), lo cual tuvo lugar en fecha 20 de febrero de 2014 exclusive, hasta el 24 de abril de 2014 inclusive,  fecha en la cual el Tribunal (sic) A (sic) Quo (sic) dejó constancia de haber recibido sin cumplir el despacho de comisión librado al tribunal de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, el cual fue devuelto por el Instituto Postal telegráfico (IPOSTEL) por cambio de domicilio, transcurrieron sesenta y cuatro días 864 días)…’

 

Yerra la ciudadana Jueza (sic) al señalar:

 

En este sentido, cuando como en este caso, se trata de citación de varios demandados, es decir, de existencia de un litis consorcio pasivo, en ese lapso de de treinta días deben cumplirse las obligaciones de rango legal en orden  a la citación respecto de todos ellos. Se trata de un lapso único para todos, no establece la norma es ese caso que se conceden tantos lapsos de treinta días como co-demandados haya, ni que las diligencias practicadas interrumpirán o prorroguen automáticamente ese lapso respecto de todos los co-demandados, hay un único lapso de treinta días’.

 

Ya que (sic) Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada el 29 de Marzo (sic) de 2007, RC N° AA20-C-2006-000748. Señaló lo siguiente:

 

(…omissis…)

 

En atención a lo planteado con anterioridad, informo a la sala que la jueza de alzada concluye que la parte actora ciertamente indicó en el libelo de la demanda la dirección de los domicilios de los co-demandados, no obstante, no dejó constancia de la consignación de los emolumentos para que el alguacil practicara las citaciones de los co-demandados, sin embargo ha sido criterio de esta sala reiteradamente que aun cuándo se verifique en el expediente la falta de cancelación de los conceptos inherentes a la obligación del demandante para efectuar la citación, o el hecho que no conste en auto la declaración expresa del alguacil de haber recibido los emolumentos y gastos, no significa que la demandante no haya cumplido con ello, pues al trasladarse el alguacil y realizar diligencias de las citaciones, existe la presunción de que le proporcionó los medios, porque de lo contrario no se entiende como el funcionario se trasladó a practicarlas, se denota pues el interés por parte de la demandante de darle continuidad al proceso, porque según puede evidenciarse en las actas procesales, una vez que se da por citado el co-demandado LUIS ENRIQUE GUERRERO NAVARRO, siempre ese estuvo gestionado la Citación (sic) personal y por carteles de los Co-demandados MANUEL JOSÉ GUERRERO NAVARRO y SOLEDAD SCARLET GUERRERO NAVARRO, tales actuaciones estuvieron encaminadas en todo momento a la obtención de comunicación procesal de citación.

 

Así pues que, en los autos se observa que desde el 20-02-2014 inclusive hasta el 23 de abril de 2014 inclusive, se realizaron las siguientes actuaciones las cuales la misma sentenciadora hace mención en la sentencia.

 

(…omissis…)

 

En correspondencia a lo que establece La (sic) Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de abril de  2014. RC N° AA20-C-2013-000590, en la que se reitera:

(…omissis…)

 

Partiendo de este criterio jurisprudencial, se puede afirmar que (sic) este caso existe además la participación de la parte demandada en el proceso desde el 25 de febrero de 2014, fecha en la cual uno de los co-demandado Luis Enrique guerrero, otorgo poder apud acta a los abogados Alexis Moreno y Francis Acosta Osto. En esta misma fecha por actuación separada, se da por citado en la causa el ciudadanos Luis Enrique Guerrero, lo cual es providenciado el mismo día por el tribunal (f.88), que sin duda alguna, ponen de manifiesto la intención de la parte actora de cumplir con las obligaciones relacionadas con la citación y la participación de una de las parte (sic)  demandada en el proceso, siendo evidente la intención de ambas partes cumplir con las obligaciones relacionadas con la citación de los demandados.

 

(…omissis…)

 

DE LA PERENCIÓN ORDINARIA

 

‘Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el  transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la casusa , no producirá la perención’.

 

Señala la sentencia recurrida:

 

‘Ahora bien en virtud de la apelación interpuesta por la parte co-demandada, sólo con respecto a la falta de pronunciamiento de la perención ordinaria y sobre las medidas cautelares, lo cual también fue solicitado mediante escrito de fecha 09 (sic) de abril de 2015, en tal sentido, determinando como ha sido en efecto tal omisión, por consiguiente, esta Alzada (sic) por los razonamientos anteriormente expuestos en cuanto a que la presente causa tiene más de un año en estado de citación, ocasionado por la conducta de la parte actora tendiente a subvertir las normas vigentes en materia de citación, en tal sentido, quien aquí decide declara la perención de la instancia en el presente juicio de conformidad con el encabezamiento y al ordinal 1 del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que operó la Perención (sic) Ordinaria (sic) y Breve (sic) en el presente asunto. Así se decide’.

 

También yerra la Ciudadana (sic) Jueza (sic) al declarar la perención de un año, ya que desde el 20 de febrero de 2014 hasta el 15 de abril del año 2015, fecha en la cual el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Apure declaro la perención breve se realizaron las siguientes actuaciones:

 

De acuerdo a todo lo antes planeado se evidencia que en ningún momento la causa estuvo paralizada en virtud de que se realizaron actuaciones que demuestran el INTERÉS de la demandante de continuar con la causa, en cuanto la jueza incurre en los errores inexcusables de declarar las PERENCIONES BREVE Y ORDINARIA…” (Destacado de lo transcrito)

 

Para decidir, la Sala observa:

En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que la formalizante denuncia que del fallo recurrido se produjo el quebrantamiento de formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensapor considerar que la alzada “…declaró la perención de la instancia en el proceso, luego de que mi representada cumpliera con las obligaciones para lograr la citación de la parte demandada…”

Señalando además que la alzada “…al haber declarado el acaecimiento de la perención ordinaria y breve en el presente juicio, le generó una indefensión que le impide continuar con el proceso a la parte demandante, además, le violentó el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa que tiene mi representada; lo cual, genera igualmente el quebrantamiento de normas de orden público…”

En tal sentido la Sala, ha sido constante al señalar que las formas procesales dispuestas por el Legislador constituyen fórmulas de modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, que permiten el normal desenvolvimiento de los procedimientos establecidos, para dirimir las pretensiones de las partes.

La observancia de esos trámites esenciales del procedimiento está directamente vinculada al principio de legalidad de las formas procesales. Por esa razón, no se le está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento, esto es precisamente, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse dichos actos procesales, dado que las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa de las partes y la tutela judicial efectiva atañen al orden público; y es al Estado a quien le corresponde, particularmente ser el garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. (Cfr. Fallo N° RC-696, de fecha 27 de noviembre de 2009, expediente N° 2009-412, caso: Antonio Manuel López Márquez contra Luis Zambrano Moros,).

Por su parte, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, consagra de forma expresa el derecho de defensa, el cual constituye una garantía constitucional inviolable en todo estado y grado del proceso, tal como se encuentra preceptuado en el ordinal 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual se traduce en la posibilidad de ejercer los recursos o medios procesales establecidos en la ley, así como, la posibilidad de cuestionar, contradecir, impugnar y probar los alegatos realizados o efectuados por la contraparte; teniendo los jueces, en consecuencia la obligación de garantizar el correcto desenvolvimiento del proceso en conformidad con la ley y en igualdad de condiciones, así como el deber de otorgarle a ambas partes, los mismos términos, lapsos y recursos procesales, siempre que por disposición de la ley o la naturaleza del acto no resultare contrario a la misma, conforme lo prevé el artículo 204 del Código de Procedimiento Civil. (Cfr. Fallos números RC-812, del 11 de diciembre de 2015, expediente N° 2015-120, caso: Galería Publicitaria Plaza Las Américas, C.A. contra Condominio del Centro Comercial Plaza Las Américas y otros, C.A.; y RC 112, de fecha 24 de marzo de 2011, expediente N° 2010-353, caso: C.O.G. Construcciones, C.A., contra Constructora Consabarca).

Ahora bien, la formalizante considera que el sentenciador de alzada quebrantó formas sustanciales que menoscabaron su derecho a la defensa, en tal sentido esta Sala, ha señalado en cuanto al vicio aducido que:

 

“…la indefensión por quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa de las partes sólo ocurre por actos del tribunal, es decir, atribuible al juez al conculcar de forma flagrante el ejercicio a uno de los justiciables, esto es, imposibilitar formular alegatos o defensas, de promover o evacuar pruebas, o de recurrir la sentencia que considere le causa un gravamen en los términos previstos en la ley.” (Subrayado de la Sala) (Cfr. fallos N° RC-857, de fecha 9 de diciembre de 2014, caso: Luis Antonio Palmar González y otros contra Asociación Cooperativa de Transporte Expresos Maicao (ACOOTEMA) RL; y N° RC-015, de fecha 14 de febrero de 2013, expediente N° 2012-525, caso: Seguros Pirámide, C.A. contra Instaelectric Servicios, C.A. y otros).

 

Establecido lo anterior, observa la Sala en el presente caso, que el recurrente alude en su escrito de formalización que el juzgado de instancia, le menoscabo su derecho a la defensa al haber declarado tanto la perención ordinaria como la breve en el presente juicio, lo cual le ocasionó indefensión a la demandante vulnerando así el debido proceso.

Así las cosas, en relación con la naturaleza de las normas que prevén la perención y su denuncia en casación, la Sala ha establecido que “…Las normas sobre perención suponen el examen del íter procedimental para constatar el incumplimiento de actos impuestos a las partes por mandato de la ley, con el propósito de garantizar el desenvolvimiento del proceso hacia el final y evitar su paralización o suspensión indefinida. Por consiguiente, esas normas no son atinentes a la relación jurídico material discutida por las partes, sino a un aspecto meramente procesal, que consiste en la falta de interés para continuar el juicio…”. (Cfr. Fallo N° 31, de fecha 15 de marzo de 2005, expediente N° 1999-133, caso: Henry Enrique Cohens Adens contra Horacio Estéves Orihuela y otros).

En ese sentido, el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

 

“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención

 

También se extingue la instancia:

 

1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”.

 

La anterior disposición consagra la institución de la perención de la instancia la cual ha sido catalogada en reiteradas oportunidades por esta Sala como una institución de orden público que “…se traduce en una sanción que produce el declive del juicio como consecuencia de la inactividad de las partes, quienes durante el transcurso de un tiempo previsto en la ley, no impulsan el proceso ocasionando su extinción…” (Cfr. Fallo N° RC-006, de fecha 17 de enero de 2012, expediente N° 2011-225, caso: Vicente Ríos Castillo y otra; contra Hippocampus Vacation Club, C.A. y otros).

La perención breve prevista en el ordinal 1° de la norma en referencia, se verifica cuando la parte actora incumple con las obligaciones legalmente establecidas para llevar a cabo la citación de la parte demandada dentro del lapso de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, obligaciones estas que han sido claramente determinadas, entre otros, en fallos N° RC-537, de fecha 6 de julio de 2004 y RC-548, de fecha 6 de agosto de 2012, consistentes en lo siguiente:

a.- La obligación de suministrar la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar.

b.-La elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo y libramiento de boleta de citación; y,

c.-La presentación de diligencias en las que ponga a la orden del alguacil tanto las referidas compulsas como los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal. (Cfr. Fallo N° RC-362, de fecha 7 de junio de 2017, expediente N° 2016-842, caso: Asociación Civil Profesional Mata Borjas, Priwin & Ferreras; contra Corporación Vadiher C.A., y otro).

Ahora bien ante la afirmación de la recurrente, la Sala estima necesario realizar un orden cronológico de lo actuado en el presente asunto, con el objeto de verificar, lo alegado por la demandante, en tal sentido:

En fecha 22 de enero de 2014, la ciudadana María Evelia Belisario González interpuso demanda contra los ciudadanos Soledad Scarlet Guerrero Navarro, Manuel José Guerrero Navarro y Luis Enrique Guerrero Navarro, por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas. (f. 1 al 68 pieza I del expediente)

En fecha 3 de febrero de 2014, el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, mediante auto planteo su incompetencia en razón por la materia. (fs. 70 al 73 pieza I del expediente)

En fecha 20 de febrero de 2014, mediante auto el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, admite la demanda incoada por la ciudadana María Evelia Belisario González contra los ciudadanos Soledad Scarlet Guerrero Navarro, Manuel José Guerrero Navarro y Luis Enrique Guerrero Navarro, ordenando la citación de los mismos, librando despacho de comisión al Área Metropolitana de Caracas, para emplazamiento de la ciudadana Soledad Scarlet Guerrero Navarro, otorgando un lapso de cuatro días como termino de la distancia. (f. 78 pieza I del expediente)

En fecha 24 de febrero de 2014, mediante diligencia la ciudadana María Evelia Belisario González, confirió poder apud acta a los ciudadanos abogados Abrahanny María Maldonado y Edgar Alexander Tovar. (f. 84 pieza I del expediente)

En fecha 25 de febrero de 2014, mediante diligencia el ciudadano Luis Enrique Guerrero Navarro, confirió poder apud acta a los ciudadanos abogados Francis Acosta Osto y Alexis Moreno López. (f. 86 pieza I del expediente)

En fecha 25 de febrero de 2014, mediante diligencia el ciudadano Luis Enrique Guerrero Navarro, se dio por citado del presente juicio. (f. 87 pieza I del expediente)

En fecha 26 de febrero de 2014, el demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, asistido por el abogado Alexis Rafael Moreno, solicita la impugnación por vía de regulación de competencia el auto de fecha 20 de febrero de 2014. (f. 89 pieza I del expediente)

En fecha 5 de marzo de 2014, los apoderados judiciales de la demandante Edgar Alexander Tovar y Abrahanny María Maldonado, solicitan pronunciamiento sobre las medidas cautelares, y la acumulación de las causas 6561 y 6565. (F. 91 pieza I del expediente)

En fecha 6 de marzo de 2014, la apoderada judicial de demandante solicita copias certificadas del expediente.

En fecha 6 de marzo de 2014, el alguacil del tribunal de instancia consigna copia del oficio N° 84, librado al Tribunal de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dejando constancia que el mismo fue recibido por el secretario de IPOSTEL. (F. 100 pieza I del expediente).

En fecha 6 de marzo de 2014, el alguacil del tribunal de instancia consigna boleta de emplazamiento dirigida al ciudadano Luis Enrique Guerrero Navarro, dejando constancia que el mismo se dio por notificado en fecha 25 de febrero de 2014. (F. 104 pieza I del expediente).

En fecha 12 de marzo de 2014, el tribunal de instancia acuerda copias fotostáticas solicitadas por el demandado. (F. 105 pieza I del expediente).

En fecha 12 de marzo de 2014, el tribunal acuerda las copias solicitadas por la demandante. (F. 106 pieza I del expediente).

En fecha 17 de marzo de 2014, el juzgado de instancia, decretó medida de prohibición de venta de los animales o ganados vacuno, caballar, mular, porcino, caprino que se encuentren marcados con el hierro quemador con la figura “MG2”. (F. 02 al 04 cuaderno de medidas)

En fecha 7 de abril de 2014, el alguacil del juzgado de instancia, consigna boleta de emplazamiento librada al ciudadano Manuel Guerrero, dejando constancia que no pudo localizar al referido ciudadano en la Urbanización Serafín Cedeño, vereda N° 3, casa N° 12. (F. 122 pieza I del expediente)

En fecha 9 de abril de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el Hato Campo Alegre, y negó la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble ubicado en la Urbanización Llano Alto, así como también negó la medida de secuestro solicitada sobre un vehículo marca Toyota. (F. 10 cuaderno de medidas)

En fecha 23 de abril de 2014, mediante diligencia la apoderada judicial de la demandante, solicitó al juzgado de instancia la citación por carteles de los co-demandados ciudadanos Soledad Scarlet Guerrero Navarro y Manuel José Guerrero Navarro. (f. 123 pieza I del expediente)

En fecha 24 de abril de 2014, mediante auto el tribunal de instancia deja constancia que la comisión librada no fue efectiva, es decir, “sin cumplir”, en virtud que el Instituto Postal Telegráfico del estado Apure, devuelve la referida comisión motivado a cambio de domicilio. (F. 142 pieza I del expediente)

En fecha 28 de abril de 2014, mediante auto el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, ordena citar vía cartel a los co-demandados ciudadanos Soledad Scarlet Guerrero Navarro y Manuel José Guerrero Navarro, en los diarios Últimas Noticias y Visión Apureña. (f. 143 pieza I del expediente)

En fecha 30 de abril de 2014, la secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, hizo entrega de dos (2) carteles de citación a la apoderada judicial de la demandante, a objeto de ser publicados en los diarios visión apureña y últimas noticias. (f. 145 pieza I del expediente)

En fecha 7 de mayo de 2014, se designa secretaria accidental para fijar los carteles de citación de los co-demandados Manuel Guerrero y Soledad Guerrero, en la Urbanización Serafín Cedeño, vereda N° 3, casa N° 12, indicando la ciudadana Cruz Elena Blanco, residente del lugar manifestó a la ciudadana secretaria que “…Ya no residen en esta casa…”. (F. 149 pieza I del expediente)

En fecha 7 de mayo de 2014, mediante auto el tribunal de instancia niega las copias certificadas de los folios 201 al  220 y sus vueltos del libro de préstamos de expedientes, solicitadas por la apoderada judicial de la demandante. (F. 152 pieza I del expediente)

En fecha 12 de mayo de 2014, la apoderada judicial de la demandante, consigna cartel de citación librado a los co-demandados Manuel José Guerrero Navarro y Soledad Scarlet Guerrero Navarro, un ejemplar de Últimas Noticias de fecha 6 de mayo de 2014 y un ejemplar de Visión Apureña de fecha 10 de mayo de 2014 (F. 151 y 157 pieza I del expediente)

En fecha 12 de mayo de 2014, mediante auto el tribunal de instancia ordena agregar al expediente los referidos carteles. (F. 188 pieza I del expediente)

En fecha 16 de mayo de 2014, la apoderada judicial de la demandante, solicita se tengan por citado a los co-demandados a través de sus apoderados judiciales en la causa N° 6561. (F. 191 pieza I del expediente)

En fecha 21 de mayo de 2014, mediante auto el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, negó lo peticionado por la demandante en relación a dar por citados mediante apoderados a los co-demandados ciudadanos Soledad Scarlet Guerrero Navarro y Manuel José Guerrero Navarro. (f. 224 pieza I del expediente)

En fecha 26 de mayo de 2014, mediante diligencia la apoderada judicial de la demandante, ejerció recurso de apelación contra el auto dictado en fecha 21 de mayo de 2014, dictado por el tribunal de instancia. (f. 225 pieza I del expediente)

En fecha 27 de mayo de 2014, mediante diligencia el apoderado judicial de la demandante, solicitó al juzgado de instancia comisionar al Tribunal Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a objeto de fijar cartel de citación en la residencia de los demandados ciudadanos Soledad Scarlet Guerrero Navarro y Manuel José Guerrero Navarro. (f. 226 pieza I del expediente)

En fecha 30 de mayo de 2014, mediante auto el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, oyó en un sólo efecto la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la demandante. (f. 227 pieza I del expediente)

En fecha 2 de junio de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, acuerda comisionar al tribunal del Área Metropolitana de Caracas y se designa correo especial al apoderado judicial de la demandante. (F. 232 pieza I del expediente)

En fecha 4 de junio de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, deja constancia que al folio 124 y su vuelto cursa sobre blanco donde se indicó los motivos de devolución de la comisión, cambio de domicilio; dejando constancia de igual modo que no existe sello alguno que evidencie haber ingresado al tribunal comisionado, ni consignación del alguacil de dicho tribunal. (F. 235 pieza I del expediente)

En fecha 4 de junio de 2014, la apoderada judicial de demandante, señala las copias que deberán ser remitidas al tribunal superior en razón del recurso de apelación ejercido en el presente asunto. (F. 236 pieza I del expediente)

En fecha 5 de junio de 2014, se juramenta el apoderado judicial de la demandante Edgar Alexander Tovar, como correo especial y se hace entrega de oficio al tribunal comisionado del Área Metropolitana de Caracas. (F. 238 pieza I del expediente)

En fecha 6 de junio de 2014, mediante auto el tribunal de la causa ordena librar oficio al juzgado superior, a los fines del recurso de apelación interpuesto en un sólo efecto. (F. 242 pieza I del expediente)

En fecha 11 de junio de 2014, mediante auto el tribunal comisionado recibe la comisión en cuestión y ordena lo conducente a objeto de que la secretaria lo fije en la morada de la demandada. (F. 252 pieza I del expediente)

En fecha 12 de junio de 2014, el secretario del tribunal comisionado, deja constancia que fijó cartel de citación en la puerta de la Urbanización Carlos Delgado Chalbaud, vereda 93, casa N° 2, Parroquia Coche, Municipio Libertador, Distrito Capital. (F. 253 pieza I del expediente)

En fecha 16 de junio de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, deja constancia que no se encuentran citados los ciudadanos Manuel José Guerrero Navarro y Soledad Scarlet Guerrero Navarro; ordenando en consecuencia dejar sin efecto actuaciones cursantes a los folios 281 y 290, estableciendo que no se proveerá la apertura del lapso probatorio ordenado por el tribunal superior, hasta tanto no conste en autos las debidas citaciones. (F. 24, cuaderno de medidas).

En fecha 18 de junio de 2014, el apoderado judicial de la demandante, consigna resultas de la comisión, relacionada con la fijación del cartel en la morada de la ciudadana Soledad Scarlet Guerrero Navarro (F. 254, pieza I del expediente)

En fecha 18 de junio de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, deja constancia que se recibe la comisión cumplida del tribunal comisionado. (F. 256 pieza I del expediente)

En fecha 3 de julio de 2014, mediante auto la juez natural del tribunal de instancia, abogada Luz Marina Silva Pérez, se aboco al conocimiento del presente asunto. (F. 257 pieza I del expediente)

En fecha 14 de julio de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, deja constancia que se citó por carteles a la co-demandada Soledad Scarlet Guerrero Navarro, sin haber agotado la citación personal, existiendo ausencia de citación personal, declarando nulas las citaciones por carteles, ordenando su citación personal para el acto de contestación de la demanda y comisionó al Juzgado Distribuidor del Municipio del Área Metropolitana de Caracas. (F. 259 pieza I del expediente)

En fecha 23 de julio de 2014, el apoderado de la demandante solicitó al tribunal de la causa, comisionar al Tribunal de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin que practique la citación personal de la co-demandada Soledad Scarlet Guerrero Navarro. (F. 264 pieza I del expediente)

En fecha 29 de julio de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, ordenó librar boleta de emplazamiento a la co-demandada Soledad Scarlet Guerrero Navarro, comisionado al Juzgado Distribuidor del Municipio del Área Metropolitana de Caracas, designando como correo especial al apoderado judicial de la demandante. (F. 265 pieza I del expediente)

En fecha 13 de agosto de 2014, el alguacil del tribunal comisionado consignó boleta de emplazamiento sin firmar de la co-demandada Soledad Scarlet Guerrero Navarro, donde dejó constancia que, por cuanto, se trasladó a la Urbanización Coronel Carlos Delgado Chalbaud, vereda N° 93, casa N° 14, con la finalidad de practicar el mencionado emplazamiento, señalando que el día 11 de agosto de 2014, al tocar la reja no recibió respuesta y en el segundo traslado siendo el día 12 de agosto de 2014, fue atendido por un ciudadano quien dijo ser primo de la ciudadana antes mencionada y quien le informó que la ciudadana ya no vive en dicho inmueble desde hace un tiempo atrás. (F. 471 pieza I del expediente)

En fecha 14 de agosto de 2014, mediante auto el tribunal de instancia en virtud de la declaración del alguacil ordena librar cartel de emplazamiento en los diarios de el Nacional y Últimas Noticias, para que la ciudadana Soledad Scarlet Guerrero Navarro, comparezca en el lapso de 15 días continuos después de publicado y fijado el cartel, advirtiéndole que de no comparecer se le designará defensor judicial. (F. 485 pieza I del expediente)

En fecha 18 de septiembre de 2014, la apoderada judicial de la demandante, solicita la reposición de la causa por cuanto se omitió con la admisión la publicación del edicto. (F. 276 pieza I del expediente)

En fecha 23 de septiembre de 2014, la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, solicita copias certificadas. (F. 289 pieza I del expediente)

En fecha 23 de septiembre de 2014, mediante auto el tribunal de instancia acuerda lo solicitado por las partes. (F. 291 pieza I del expediente)

En fecha 24 de septiembre de 2014, la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, solicita aclaratoria del auto de dictado en fecha 23 de septiembre de 2014. (F. 294 pieza I del expediente)

En fecha 6 de octubre de 2014, la apoderada judicial del co-demandado abogada Luis Enrique Guerrero Navarro, apeló del auto dictado en fecha 23 de septiembre de 2014. (F. 295 pieza I del expediente)

En fecha 24 de septiembre de 2014, mediante auto el juzgado de instancia, realiza aclaratoria solicitada. (F. 298 pieza I del expediente)

En fecha 6 de octubre de 2014, la apoderada judicial del co-demandado abogada Luis Enrique Guerrero Navarro, señaló copias con ocasión al recurso de apelación incoado. (F. 431 pieza I del expediente)

En fecha 6 de octubre de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, remite copias certificadas al juzgado superior, en razón al recurso de apelación interpuesto en un solo efecto. (F. 433 pieza I del expediente)

En fechas 20, 21, 24 y 31 de octubre de 2014, mediante diligencia la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, solicito copias certificadas (F. 440, 443, 445 y 463 respectivamente, pieza I del expediente)

En fechas 20, 21, 27 y 31 de octubre de 2014, mediante auto el juzgado instancia acuerda las copias solicitadas. (F. 440, 444, 446 y 463 respectivamente, pieza I del expediente)

En fecha 29 de septiembre de 2014, el apoderado judicial de la demandante, retira cartel de emplazamiento. (F. 488 pieza I del expediente)

En fecha 6 de octubre de 2014, el apoderado judicial de la demandante, consigna cartel de emplazamiento. (F. 489 pieza I del expediente)

En fecha 20 de octubre de 2014, , el apoderado judicial de la demandante, solicita el traslado de la secretaria del tribunal comisionado a los fines de fijar cartel de notificación en la morada de la demandada. (F. 494 pieza I del expediente)

El 27 de octubre de 2014, la secretaria del tribunal comisionado hace constar que el 24 de octubre de 2014, fijó cartel de emplazamiento a la co-demandada Soledad Scarlet Guerrero Navarro, en el siguiente domicilio urbanización Coronel Delgado Chalbaud, vereda N° 93, casa N° 14, Parroquia Coche, Municipio Libertador, Distrito Capital. (F. 495 pieza I del expediente)

En fecha 28 de octubre de 2014, mediante auto el tribunal comisionado da por cumplida la comisión y ordena su devolución. (F. 496 pieza I del expediente)

En fechas 7 y 10 de noviembre de 2014, la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, solicita se liberen 250 semovientes, a objeto de cancelar ante la Gerencia Regional de Tributos Internos, Región Los Llanos (SENIAT) los derechos sucesorales. (F. 499 y 502, respectivamente, pieza I del expediente)

En fecha 11 de noviembre de 2014, mediante escrito el apoderado judicial de la demandante, se opuso a la solicitud de liberar los semovientes interpuesta por el co-demandado. (F. 503 pieza I del expediente)

En fecha 11 de noviembre de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, niega la solicitud de liberación de semovientes interpuesta por el co-demandado. (F. 505 al 507 pieza I del expediente)

En fecha 12 de noviembre de 2014, la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, solicita aclaratoria de sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 2014 (F. 509 y 510 pieza I del expediente)

En fecha 13 de noviembre de 2014, la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, apela de la sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 2014 (F. 511 pieza I del expediente)

En fecha 14 de noviembre de 2014, mediante auto el tribunal de instancia niega la aclaratoria solicitada. (Fs. 515 al 517 pieza I del expediente)

En fecha 28 de noviembre de 2014, mediante diligencia la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, indica copias a los fines de ser remitidas al juzgado superior en razón del recurso de apelación interpuesto. (F. 663 pieza II del expediente)

En fecha 1 de diciembre de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, remite copias al juzgado superior en razón del recurso de apelación interpuesto. (F. 665 pieza II del expediente)

En fecha 3 de diciembre de 2014, mediante auto el tribunal de instancia, ordena hacer cómputo por secretaria para determinar el vencimiento del lapso de 15 días calendarios para que la co-demandada Soledad Scarlet Guerrero Navarro, se dé por citada, dejando constancia que el 21 de noviembre de 2014, se venció el lapso para que antes referida se diera por citada no compareciendo ni por sí, ni por medio de apoderada judicial alguno. (F. 668 pieza II del expediente)

En fecha 16 de diciembre de 2014, mediante diligencia la apoderada judicial de la demandante, solicita se designe defensor ad litem, a los ciudadanos Manuel José Guerrero Navarro y Soledad Scarlet Guerrero Navarro. (F. 669 pieza II del expediente)

En fecha 7 de enero de 2015, mediante auto el tribunal de instancia designa defensor de oficio a los co-demandados Manuel José Guerrero Navarro y Soledad Scarlet Guerrero Navarro, correspondiéndole al abogado Luis Eduardo Lima; librando boleta de notificación. (F. 670 pieza II del expediente)

En fecha 15 de enero de 2015, el juez provisorio del tribunal de instancia abogado Francisco Javier Reyes Piñate, se inhibe de conocer el presente asunto. (F. 674 pieza II del expediente)

En fecha 21 de enero de 2015, mediante auto el tribunal de instancia remite actuaciones a objeto de ser resuelta la inhibición planteada. (F. 678 pieza II del expediente)

En fecha 23 de enero de 2015, mediante auto el tribunal de instancia, ordena agregar legajo de copias certificadas proveniente del juzgado superior. (F. 798 pieza II del expediente)

En fechas 4 y 9 de febrero de 2015, mediante auto el tribunal de instancia ordena agregar legajo de copias certificadas proveniente del juzgado superior. (Fs. 835 y 836 respectivamente, pieza II del expediente)

En fecha 11 de febrero de 2015, el apoderado judicial de la demandante, solicita la expedición y entrega de edicto, en virtud de las decisiones emitidas por el juzgado superior. (F. 837 pieza II del expediente)

En fecha 18 de febrero de 2015, mediante auto el tribunal de instancia, acuerda lo solicitado por la demandante. (F. 838 pieza II del expediente)

En fecha 20 de febrero de 2015, mediante diligencia la apoderada judicial de la demandante, solicita acumulación de las causas 6561 y 6565. (F. 840 pieza II del expediente)

En fecha 24 de febrero de 2015, mediante diligencia la apoderada judicial de la demandante, solicita al tribunal de instancia sirva expedirle boleta de notificación del abogado Luis Lima, quien fue designado defensor ad litem. (F. 842 pieza II del expediente)

En fecha 24 de febrero de 2015, mediante auto el tribunal de instancia, niega la acumulación de causas solicitada. (F. 843 pieza II del expediente)

En fecha 26 de febrero de 2015, la secretaria del tribunal de instancia deja constancia de la entrega de edicto a la apoderada judicial de la demandante. (F. 849 pieza II del expediente)

En fecha 2 de marzo de 2015, mediante diligencia el apoderado judicial de la demandante, apela de la decisión que negó la acumulación de causas. (F. 850 pieza II del expediente)

En fecha 3 de marzo de 2015, mediante auto el tribunal de instancia, oye el recurso de apelación ejercido en un solo efecto. (F. 853 pieza II del expediente)

En fecha 16 de marzo de 2015, la apoderada judicial de la demandante, consigna un ejemplar del diario Visión Apureña, de fecha 20 de marzo de 2015, donde se encuentra reflejado en su página 20, que fue publicado edicto.(F. 858 pieza II del expediente)

En fecha 26 de marzo de 2015, mediante auto el tribunal de instancia, deja constancia que no comparecieron terceros interesados a contestar la demanda. (F. 872 pieza II del expediente)

En fecha 26 de marzo de 2015, la ciudadana Solveig del Coromoto Navarro Farías, asistida por el abogado Nabor Jesús Lanz Calderón, consigna escrito de oposición. (Fs. 874 al 884 pieza II del expediente)

En fecha 31 de marzo de 2015, mediante escrito la apoderada judicial de la demandante, solicita sea negado lo pedido en el escrito de oposición. (F. 896 pieza II del expediente)

En fecha 6 de abril de 2015, el alguacil del tribunal consigna boleta debidamente practicada al defensor ad litem designado. (F. 899 pieza II del expediente)

En fecha 6 de abril de 2015, mediante auto el tribunal de instancia, niega la intervención realizada por la ciudadana Solveig del Coromoto Navarro Farías, en el presente juicio, y declaró inadmisible los antes referidos escritos. (F. 900 pieza II del expediente)

En fecha 7 de abril de 2015, mediante diligencia la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, solicita copias. (F. 903 pieza II del expediente)

En fecha 7 de abril de 2015, mediante auto el juzgado de instancia acuerda las copias solicitadas. (F. 904 pieza II del expediente)

En fecha 9 de abril de 2015, mediante escrito la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, solicita se certifique que se concedió término de la distancia de cinco (5) días en cartel, publicado en los diarios El Nacional y Últimas Noticias; el cual fue librado a la co-demandada Soledad Scarlet Guerrero Navarro. (Fs. 904 al 909 pieza II del expediente)

En fecha 9 de abril de 2015, el juzgado de instancia deja constancia que no compareció el defensor ad litem designado para el acto de juramentación. (F. 912 pieza II del expediente)

En fecha 9 de abril de 2015, mediante escrito la apoderada judicial de la demandante, solicita copias. (F. 913 pieza II del expediente)

En fecha 10 de abril de 2015, mediante auto el juzgado de instancia, acuerda las copias solicitadas. (F. 914 pieza II del expediente)

En fecha 10 de abril de 2015, mediante escrito la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, solicita copias. (F. 915 pieza II del expediente)

En fecha 13 de abril de 2015, mediante escrito la apoderada judicial de la demandante, solicita sea designado otro defensor ad litem. (F. 916 pieza II del expediente)

En fecha 15 de abril de 2015, mediante decisión el juzgado de instancia, declara la perención de la instancia en el presente juicio y libra boletas de notificación. (Fs. 917 al 923 pieza II del expediente)

En fecha 20 de abril de 2015, mediante diligencia la apoderada judicial de la demandante, interpuso recurso de apelación contra la decisión de fecha 15 de abril de 2015. (F. 928 pieza II del expediente)

En fecha 21 de abril de 2015, mediante diligencia la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, interpone recurso de apelación sólo en lo que respecta a la falta de pronunciamiento sobre la perención ordinaria y la suspensión de las medidas. (F. 934 pieza II del expediente)

En fecha 24 de abril de 2015, mediante diligencia la apoderada judicial del co-demandado Luis Enrique Guerrero Navarro, solicita copias certificadas y la certificación de los hechos pedidos en el numeral 8°, letras “a” y “b” de la mencionada solicitud. (F. 937 pieza II del expediente)

En fecha 28 de abril de 2015, mediante auto el juzgado de instancia, acuerda las copias certificadas solicitadas. (F. 938 pieza II del expediente)

En fecha 29 de abril de 2015, mediante auto el juzgado de instancia, oye el recurso de apelación en ambos efectos y remite actuaciones al juzgado superior. (F. 939 pieza II del expediente)

En fecha 16 de enero de 2017, el tribunal de alzada accidental dictó sentencia mediante la cual confirmó el fallo del juzgado de primera instancia y modificó el pronunciamiento declarando la perención ordinaria y la suspensión de las medidas. (Fs. 1724 al 1747 pieza III del expediente)

Así las cosas, tenemos que la formalizante aduce que la alzada incurre en la infracción por quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales del proceso que menoscaban el derecho de defensa por acción u omisión del juez, el cual sucede cuando se conceden preferencias, se acuerdan facultades, medios o recursos no establecidos por la ley o se niegan los permitidos en ella, en perjuicio de una de las partes.

Asimismo, se considera vulnerado el mencionado derecho a la defensa, si el juez no provee en tiempo hábil las peticiones de alguna de las partes en perjuicio de la otra; en general, cuando el juez niega o cercena a las partes los medios legales con que pueden hacer valer sus derechos, rompiendo así el equilibrio procesal en perjuicio de un litigante. (Cfr. Sentencia Nº RC-736, de fecha 10 de diciembre de 2009, expediente N° 2008-564, caso: Toyama Maquinarias, S.A. contra Apca Mantenimiento y Servicios, C.A.).

De igual manera, en lo que respecta al caso bajo estudio referente a la “perención” es importante destacar que esta Sala ha señalado que “…las infracciones de las normas sobre perención sólo pueden ser alegadas en el contexto de una denuncia de quebrantamiento u omisión de formas procesales con menoscabo del derecho de defensa, prevista en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil…”. (Cfr. Fallo N° RC-031, de fecha 15 de marzo de 2005, expediente N° 1999-133, caso: Henry Cohens contra Horacio Esteves).

Reiterándose que la “perención o perención de instancia”, es definido por el doctrinario Guillermo Cabanellas de Torres, en su obra titulada “Diccionario Jurídico Elemental”, Pág. 293, 17ª.ed-Buenos Aires: Heliasta. Año 2005, como la: Prescripción procesal por inactividad de las partes…”

Ahora bien, es importante destacar que la palabra “perención” proviene del latín peremptio, de perimere que significa destruir, demoler, devastar.

Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), define la “perención” como la prescripción que anulaba el procedimiento, cuando transcurría cierto número de años sin haber gestiones de la partes.

Y en materia estrictamente procesal, la perención de la instancia” se refiere a la figura que extingue el proceso por la inactividad de las partes por el transcurso de un (1) año sin ningún acto de procedimiento por las partes, debiéndose destacar, que la perención se encuentra determinada por tres (3) condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad que se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un (1) año, el cual se computará a partir del último acto de procedimiento que conste en autos. (Cfr. Fallo N° RC-425, de fecha 28 de junio de 2017, expediente N° 2016-958, caso: Hugo Lino, C.A. (HUGOLICA) contra Elías Enoc Franco y otros).

Establecido lo anterior, y a fin de verificar lo denunciado por la recurrente en casación, la Sala procede a transcribir la parte pertinente del fallo de alzada, en el cual expresamente se señaló lo siguiente:

 

“(…) De esta forma, después de descritas las diversas actuación procesales acaecidas en este juicio, se observó que desde la admisión de la demanda contentiva de Acción (sic) Mero (sic) Declarativa (sic) de Concubinato (sic), lo cual tuvo lugar en fecha 20 de febrero de 2014, exclusive, hasta el 24 de abril de 2014 inclusive, fecha en la que el Tribunal (sic) A Quo dejó constancia de haber recibido sin cumplir el despacho de comisión librado al Tribunal de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, el cual fue devuelto por el Instituto Postal telegráfico (IPOSTEL), por cambio de domicilio, transcurrieron sesenta y cuatro (64) días, en consecuencia por las razones antes expuestas, en el caso de autos, ha habido desinterés en la prosecución de la causa al siguiente iter procedimental, como es la contestación de la demanda, y aunado a ello, también ha habido negligencia e incumplimiento por la parte actora de sus obligaciones inherente a la citación pues, se hace evidente  en las actas procesales que transcurrieron más de treinta días desde la fecha de la admisión de la demanda, sin que se hubiese practicado la citación de la parte co-demandada, de manera que operó el lapso extintivo, y es que, lo que sanciona el ordinal 1° del artículo 267 del Código Civil, es el incumplimiento por la parte actora de las obligaciones que le impone la ley para sea practicada la citación, con lo cual se persigue evitar que se incoe una demanda se logren incluso medidas preventivas, y luego quede pendiente e irresuelta  la citación de la parte demandada, conculcando de esta manera no sólo el principio de la celeridad procesal, sino además el principio de la instrumentalizad del proceso para la realización de la justicia. ASÍ SE DECLARA

 

En este sentido, cuando como en este caso, se trata de citación de varios demandados, es decir, de existencia de un litis consorcio pasivo, en ese lapso de treinta días deben cumplirse las obligaciones de rango legal en orden a la citación respecto de todos ellos. Se trata de un lapso único para todos, no establece la norma en ese caso que se conceden tantos lapsos de treinta días como co-demandaos haya, ni que las diligencias practicadas interrumpan o prorroguen automáticamente ese lapso respecto de todos los co-demandados, hay un único lapso de treinta días.

 

Si, como ocurrió en el presente caso alguno de los co-demandados se pone a derecho voluntariamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 216 del Código Procedimiento Civil, la parte actora no está obligada a realizar ninguna gestión de citación respecto de este, que voluntariamente se puso a derecho.

 

Pero, respecto de los otros co-demandados que aún no se han puesto a derecho, la parte actora tiene la obligación prevista en el ordinal 1° del artículo 216 supra transcrito, es decir, tiene que cumplir todas las obligaciones de rango legal en orden a la citación, dentro de ese lapso de treinta días, lo cual esta alzada deja sentado con respecto a lo argumentado por la parte demandante, hoy recurrente, en su escrito de informe, donde pretende hacer uso de la única citación ocurrida en el proceso, la cual fue tacita y voluntaria por parte del co-demandado Luis Enrique Navarro, para entonces perpetuar en el tiempo el cumplimento de sus obligaciones inherentes a la citación de los co-demandados Manuel Guerrero y Soledad Guerrero, respectivamente, (en un proceso donde fueron acordadas medidas preventivas), e incluso trae a colación ante esta Alzada (sic) lo estipulado en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, aún cuando no lo hizo dentro del proceso ante el Tribunal  A Quo, donde nunca se llevó a cabo la suspensión a tenor de esta normativa.

 

Ahora bien, esta Alzada (sic) de forma pedagógica y atendiendo a asimismo a lo argumentado por las partes en sus escritos de informes, y enalteciendo lo establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasa a dilucidar sobre las actuaciones capaces de interrumpir la perención, así como aquellas que si lo hacen, en tal sentido, partiendo de lo señalado en sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 12 de marzo de 2012 (…) cuyo criterio esta Alzada (sic) toma suyo y comparte de conformidad con el principio de expectativa plausible, en el cual se explica que: ‘las únicas actuaciones válidas a los fines de evitar que se consume fatalmente la perención, son las de impulso procesal, es decir, aquellas que tengan como objetivo la realización del acto procesal inmediato proveniente en el iter procesal, por lo que actuaciones, tales como: solicitudes de copias, sustituciones de poder y otras similares, no son consideradas como actos de impulso procesal pues (se repite) no persiguen la continuación del juicio y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención’.

 

En consecuencia, en el presente caso las actuaciones realizadas por la actora como la solicitud de copias, el impulso de medidas cautelares solicitadas y solicitud de acumulación, no tuvieron como objetivo alcanzar la citación de los co-demandados y con ello pasar al acto procesal siguiente, como sería el de la contestación de la demanda, por el contrario se persistió en una conducta evidente de subvertir el orden procesal.

 

En cuanto a las actuaciones capacees de interrumpir la perención, al respecto la decisión N° 06 (sic), , de fecha 17 de enero de 2012, en el caso VICENTE LEONEL RÍOS CASTILLO contra las Sociedades (sic) Mercantiles (sic) HIPPOCAMPUS VACATION CLUB C.A., ORGANIZACIÓN TRIPLE R, C.A., y ORGANIZACIÓN ALTAMAR C.A., de la Sala de Casación Civil, expresó lo siguiente:

 

(…omissis…)

 

En tal sentido, de acuerdo a los precedente jurisprudenciales supra transcritos, se puede precisa las actividades necesarias o los actos pertinentes para interrumpir la perención, los cuales son 1.-) Que el demandante deje constancia mediante diligencia consignada en el expediente que cursa en el tribunal de la causa, haber puesto a la orden del Alguacil (sic) del tribunal comisionado los medios u recurso necesarios para el logro de la citación de la parte demandada; y que el Alguacil (sic) mediante diligencia consignada en el expediente que se abra en el tribunal comisionado, con ocasión de la comisión para la citación, deje constancia de que la parte demandante le proporcionó lo exigido por la ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. 2.-) Que el demandante proporcione la dirección donde se practicará la citación del demandado. 3.-) Que si la citación debe realizarse fuera de la localidad mediante tribunal comisionado, el demandante debe dejar constancia de haber cumplido con la obligación de suministrar los medios para citar, dentro de los treinta días siguientes al auto de admisión de la demanda, lo cual fue modificado por la Sala mediante la referida sentencia N° 466, de fecha 21 de julio de 2008, caso: Comercializadora Dicemento C.A., contra Benito Antonio Valera y otros, por cuanto en esta sentencia de fecha ´posterior se estableció de forma clara que el requerimiento de que se libre citación es suficiente para impedir la perención breve.

 

En relación a la práctica de la citación por comisión quedó establecido: ‘…estas consideraciones permiten determinar que la Sala debe modificar su doctrina por cuanto el criterio que se abandona en esta sentencia, no responde a la realizada practica, pues el cumplimiento eficaz de esa obligación depende de los requerimientos del alguacil que deba practicar ese acto procesal y por ende, la obligación de poner a disposición dl alguacil os medios necesarios para practicar la citación debe ser cumplida respecto del alguacil del tribunal comisionado, a quien corresponde llevar a cabo el acto de citación y es en el cuaderno de la comisión que debe quedar constancia de esa actuación procesal sin que sea necesario que se deje igual constancia en el tribunal de la causa, lo cual determina que sólo podría ser declarada la perención de la instancia previo examen de las resultas de la comisión, una vez que esta ha sido recibida por el tribunal de la causa…’

 

Por consiguiente, aplicando los anteriores criterios al caso de autos, esta Alzada (sic) concluye, que la parte actora ciertamente indicó en el libelo de demanda la dirección de los domicilios de los co-demandados, no obstante, no dejó constancia de la obligación de los emolumentos para que el alguacil practicara las citaciones de los co-demandados, por el contrario de la revisión de las actas se observa que en el transcurso de sesenta y tres (63) días, no hubo intención de la parte actora procurando la citación de los co-demandados, muy a pesar que no constaba en autos, las resultas de la comisión librada, no es sino hasta 23 de abril de 2014, cuando la apoderada judicial de la parte demandante Abrahanny Maldonado, diligencia solicitando se ordene la citación por carteles, actuación esta por más de equivoca, por cuanto ocasionó, que se fijara cartel en un domicilio distinto al que esta misma señaló con respecto a la ciudadana co- demandada Soledad Guerrero, domiciliada en la ciudad de Caracas y no en la dirección ‘Serafín Cedeño’ de San Fernando de Apure, y lo que es aún más execrable, incurriendo incluso en el vicio de ausencia de citación, delatado por el tribunal mediante auto de fecha 14 de julio de 2014, conllevando entre una y otra actuación negligente, a que la presente causa se encuentre desde hace más de un año en el estado de citación, tal y como se evidencia de diligencia de fecha 13 de abril de 2015, mediante la cual la representación de la parte demandante solicita al Tribunal (sic) A Quo, se designe nuevo defensor Ad-Litem. Así se establece.

 

En consecuencia, es forzoso para quien aquí sentencia declarar Sin (sic) Lugar (sic) la demanda interpuesta por la parte actora, tal y como se dispondrá en la parte dispositiva de esta sentencia, en tal sentido, se confirma la decisión del Juez A Quo en cuanto a que declaró consumada la perención de la instancia en el presente juicio de conformidad con el ordinal 1 del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

 

Ahora bien, en virtud de la apelación interpuesta por la parte codemandada, respecto a la falta de pronunciamiento de la perención ordinaria y sobre las medidas cautelares, lo cual también fue solicitado mediante escrito de fecha 09 (sic) de abril de 2015, en tal sentido, determinado como ha sido en efecto la omisión, por consiguiente, esta Alzada por los razonamiento anteriormente expuestos en cuanto a que la presente causa tiene más de un año en estado de citación ocasionando por la conducta de la parte actora tendiente a subvertir las normas vigente en materia de citación, en tal sentido, quien aquí decide, declara la perención de la instancia en el presente juicio de conformidad con el encabezamiento y al ordinal 1 del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que opero la Perención (sic) Ordinaria (sic) y Breve (sic) en el presente asunto. Así se decide.

 

Por último, en cuanto a la suspensión de las medidas cautelares, se trae a colación la sentencia de fecha 24 de mayo de 200, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, donde resolvió un caso similar y estableció lo siguiente:

 

(…omissis…)

 

La precedente transcripción permite que el pronunciamiento de juez de lazada sobre las medidas preventivas decretadas en el juicio, solo tiene por objeto determinar las consecuencias jurídicas que se derivan de la declaración de perención de la instancia, decisión esta que produce la extinción del proceso.

 

En efecto, las medias preventivas se caracterizan por: a) la instrumentalizad, porque anticipan los efectos de la sentencia definitiva del juicio para asegura su eficacia; b) la urgencia, porque su objeto es impedir que se produzcan o continúen produciéndose daños jurídicos derivado del retardo de la providencia jurisdiccional definitiva; y c) la provisionalidad, porque no es definitivo, sino surte efectos mientras dure el juicio.

 

En consecuencia, extinguido el proceso por haberse declarado la perención, cesan los efectos de las medias preventivas decretadas en el juicio, pues corren la misma suerte que el juicio principal, por lo que esta alzada suspende las medidas preventivas decretadas en el presente asunto, en tal sentido, se modifica la decisión del Tribunal de (sic) A Quo, de fecha 15 de abril de 2015, solo en lo que respecta a (sic) perención ordinaria y la suspensión de las medidas. Las decisiones en conjunto de seguida se dispondrán en el dispositivo de la presente decisión, y habiendo sido declaro la perención de la instancia y con ello la extinción del proceso, resulta inoficioso para Alzada pronunciarse con respecto al resto de los argumentos presentados por las partes.” (Destacado de lo transcrito)

 

De la relación cronológica de las actuaciones habidas en la presente causa y de la transcripción de la parte pertinente del fallo recurrido, se observa que contrario a lo aducido por la formalizante esta Sala pudo verificar que en fecha 22 de enero de 2014, la ciudadana María Evelia Belisario González interpuso demanda de acción mero declarativa de unión concubinaria contra los ciudadanos Soledad Scarlet Guerrero Navarro, Manuel José Guerrero Navarro y Luis Enrique Guerrero Navarro, siendo admitida la misma el día 20 de febrero de 2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, quien ordenó la citación a los demandados, librando despacho de comisión al Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para que realice el emplazamiento de la ciudadana Soledad Scarlet Guerrero Navarro, otorgando un lapso de cuatro días como termino de la distancia. Posteriormente en data 25 de febrero de 2014, mediante diligencia uno de los co-demandado ciudadano Luis Enrique Guerrero Navarro, se dio por citado del presente caso. De igual modo observó la Sala que en fecha 23 de abril de 2014, mediante diligencia la apoderada judicial de la demandante, solicitó al juzgado de instancia la citación por carteles del resto de los co-demandados ciudadanos Soledad Scarlet Guerrero Navarro y Manuel José Guerrero Navarro. Asimismo el día 24 de abril de 2014, mediante auto el tribunal de instancia deja constancia que la comisión librada no fue efectiva, es decir, “sin cumplir”, en virtud que el Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), devuelve la referida comisión motivado a cambio de domicilio; siendo que la demandante no señaló la dirección exacta para practicar la citación a la co-demandada ciudadana Soledad Scarlet Guerrero Navarro, motivo por el cual el Tribunal de Municipio del Área Metropolitana de Caracas (comisionado), remite el despacho de comisión sin obtener el resultado positivo al juzgado de instancia solicitante.

Así tenemos entonces que, en el transcurso del iter procesal la demandante a través de sus apoderados judiciales efectuó diversas solicitudes, no siendo estas de las llamadas de impulso procesal, toda vez que su carga de hacer lo posible para que se produzca la citación de todos los co-demandados no se verificó el presente caso, por cuanto desde el día 20 de febrero de 2014, fecha está en la cual se admitió la demanda hasta el día 24 de abril de 2014, fecha está en la cual el juzgado de instancia mediante auto dejó constancia de haber recibido el despacho de comisión no efectivo, enviado al Tribunal de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Distrito Capital, quien refiere que el Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), lo devuelve por no indicarse la dirección exacta de su receptor; hace que se produzca consecuencialmente la perención breve al haber transcurrido desde el momento de la admisión de la demanda (20 de febrero de 2014) hasta el día en que el tribunal de instancia mediante auto deja constancia de la devolución del despacho de comisión (24 de abril de 2014)sesenta y cuatro (64) días, verificándose que la demandante incumplió con las obligaciones legalmente establecidas para llevar a cabo la citación de todos los co-demandados dentro del lapso de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, tal como lo señala el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, lo cual produce la extinción del presente caso por falta de interés procesal de la demandante, al superar con creces el lapso de los treinta (30) días otorgados expresamente por la ley.

Es de resaltar que tal como lo estableció el tribunal de alzada, aún y cuando la demandante efectuó diversas diligencias, las mismas no son consideradas de impulso procesal pues no persiguen la continuación del juicio y no son capaces de interrumpir la perención; por lo que tal inactividad o negligencia tiene como efecto jurídico y directo la institución procesal antes mencionada.

Por otra parte y no menos importante, la recurrente aduce que la alzada le causó indefensión en virtud de la declaratoria de la perención ordinaria en el presente asunto; por lo que de la revisión efectuada a las actas esta Sala pudo observar que desde el día 20 de febrero de 2014, fecha en la cual se admite la demanda hasta la fecha 14 de julio de 2014, el tribunal de instancia mediante auto, deja constancia que se citó por carteles a la co-demandada Soledad Scarlet Guerrero Navarro, sin haber agotado la vía de la citación personal, existiendo ausencia de citación personal, declarando nulas las citaciones por carteles, ordenando su citación personal para el acto de contestación de la demanda y comisionó al Juzgado Distribuidor del Municipio del Área Metropolitana de Caracas, para que emplazara a la referida ciudadana, verificándose que hasta la presente fecha no se encuentra citada; toda vez que en fecha 13 de abril de 2015, mediante escrito la apoderada judicial de la demandante, solicita le sea designado otro defensor ad litem; caso en el cual el día 15 de abril de 2015, mediante decisión el juzgado de instancia, declara la perención de la instancia en el presente juicio y libra boletas de notificación a las partes o sujetos procesales; aunado a ello es importante destacar que la Sala verificó de igual modo que el co-demandado ciudadano Manuel José Guerrero Navarro, tampoco ha sido citado en todo el transcurso del iter procesal, causa ésta que hace producir la perención de la instancia.

Es importante destacar, que si el lapso para la verificación de la perención se constata en el juicio, el tribunal tiene la obligación de decretar dicha institución procesal, conforme a la doctrina de esta Sala de Casación Civil y de la Sala Constitucional, que señala, “…la perención de la instancia es una sanción que establece la ley adjetiva por la falta de impulso procesal, que opera de oficio y de pleno derecho al constituir materia de orden público y en consecuencia la misma es de obligatoria declaratoria cuando se verifique, en cualquier estado y grado de la causa”. (Cfr. Fallos de esta Sala N° RC-443, de fecha 30 de julio de 2013, expediente N° 2012-602; RC-639, de fecha 9 de octubre de 2012, expediente N° 2012-258; RC-071, de fecha 13 de febrero de 2012, expediente N° 2011-560; RC-100, de fecha 26 de marzo de 2010, expediente N° 09-593; RC-031, de fecha 15 de marzo de 2005, expediente N° 1999-133; y sentencias de la Sala Constitucional N° 853, de fecha 5 de mayo de 2006, expediente N° 2002-694; N° 1828, de fecha 10 de octubre de 2007, expediente N° 2007-133; N° 1151, de fecha 10 de agosto de 2009, expediente N° 2009-51; y N° 1700, de fecha 6 de diciembre de 2012, expediente N° 2012-878).

En tal sentido, al no estar debidamente citados todos los demandados en el caso bajo estudio, la consecuencia jurídica de ello es la perención de la instancia, producto de la falta de interés, inactividad o impulso procesal de la demandada para que se produzca la citación de los co-demandados Soledad Scarlet Guerrero Navarro y Manuel José Guerrero Navarro, como obligación propia que pesa sobre la demandante, conforme a lo estatuido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

En consideración a todo lo antes expuesto, la Sala establece, que en el presente caso no hubo una subversión procedimental con infracción de lo estatuido en los artículos 15 y 207 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 267 eiusdem, y artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que no se evidencia de la recurrida indefensión alguna a la demandante, ni el quebrantamiento de alguna forma sustancial del proceso, ni la violación del debido proceso o derecho a la defensa, que pudiera afectarla, razones por las cuales se declara improcedente esta denuncia, al no verificarse la infracción de las normas legales y constitucionales señaladas como infringidas por la formalizante. Así se declara.-

En consecuencia, esta Sala declara sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto. Así se decide.

Por último, esta Sala extremando sus funciones jurisdiccionales, revisó la sentencia recurrida de alzada y no evidenció de esta ningún vicio de orden público o constitucional que amerite el uso de la facultad discrecional de casar de oficio el fallo recurrido, en aplicación de lo estatuido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil Así se decide. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-356, de fecha 14 de junio de 2016, expediente N° 2015-616. Caso: Joel De Sousa Méndez contra Irma María Mavárez De Rodríguez y otros, bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, en fecha 16 de enero de 2017.

Se CONDENA en costas del recurso extraordinario de casación a la demandante recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Apure. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce días del mes de agosto de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

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