DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO LA PRESCRIPCION

SALA CIVIL 02 DE AGOSTO DE 2017.

 

ACCIDENTE DE TRANSITO Y LA RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS -LA PRESCRIPCIÓN.

 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2016-000922

Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

En el juicio por daño moral derivado de accidente de tránsito, intentado inicialmente ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, el cual posteriormente correspondió conocer por declinatoria de competencia el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, seguido por los ciudadanos JOSÉ BENJAMÍN NÁCAR y MARÍA VICTORIANA TERÁN PÉREZ, representados judicialmente por el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes, contra el ciudadano YONNY DANIEL QUINTERO GONZÁLEZ (conductor), la sociedad mercantil VENEZOLANA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CLERICO, COMPAÑÍA ANÓNIMA, VINCCLER, C.A., (en su carácter de propietaria del vehículo), representados judicialmente por los abogados Obdulia Celenia Díaz Pérez, Delfín España Sánchez, Idalmis Rendón de Ñañez, y la última de los mencionados también representada judicialmente por la abogada Mirian Herrera De España y la sociedad mercantil SEGUROS LOS ANDES C.A., representada legalmente por el abogado Jorge Rodríguez Abad; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 20 de mayo de 2015 mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandante y con lugar las apelaciones ejercidas por los codemandados contra la sentencia del 14 de mayo de 2009 proferida por el a quo que estableció parcialmente con lugar la demanda y condenó a pagar la cantidad de cuarenta mil bolívares, en tal sentido, el ad quem declaró con lugar la defensa de fondo de prescripción de la acción y sin lugar la indemnización por daño moral ocasionado en el accidente de tránsito, en consecuencia, revocó la decisión apelada. Hubo condenatoria al pago de las costas procesales del juicio a la parte actora.

Contra el precitado fallo de alzada, la representación judicial de la parte demandante anunció recurso extraordinario de casación el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

En fecha 9 de diciembre de 2016, mediante acto público a través del método de insaculación se designó ponente al Magistrado Dr. Guillermo Blanco Vázquez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Con ocasión de la elección de la nueva junta directiva de este Tribunal Supremo en data de 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el período 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, por los Magistrados: Yván Darío Bastardo Flores, Presidente; Francisco Ramón Velázquez Estévez, Vicepresidente; Guillermo Blanco Vázquez, Vilma María Fernández González, Marisela Valentina Godoy Estaba; Secretario, Ricardo Antonio Infante y Alguacil: Roldan Velásquez Durán.

Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, siendo la oportunidad correspondiente, procede la Sala a decidir en los siguientes términos:

PUNTO PREVIO

Del escrito de formalización del recurso extraordinario de casación la Sala observa, que el recurrente hace una inversión del orden legalmente estipulado para plantear las denuncias, motivo por el cual esta Suprema Jurisdicción Civil, procede a alterar el orden de las mismas, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y resolver en primer término, la denuncia por defecto de actividad en la cual se plantea el vicio de incongruencia positiva, no obstante que de manera errónea la misma se enmarcó en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, siendo lo correcto la invocación del orinal 1° del mencionado artículo. Así mismo, se señala que de no proceder, se resolverá la única delación por infracción de ley.

DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

UNICA

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° eiusdem, el formalizante denuncia que el ad quem incurrió en el vicio –según su dicho- de incongruencia positiva, así como la infracción de los artículos 21, 26, 49, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fundamentó de la siguiente forma:

“…SEGUNDA DENUNCIA: Al amparo de la norma establecida en el Artículo (sic) 313.2 del Código de Procedimiento Civil, Artículos 12, 15, 243.5 del mismo Código (sic) en referencia, incurrió el Tribunal (sic) Ad (sic)  Quem(sic) en Incongruencia (sic) Positiva (sic) y los Artículos (sic) 21, 26, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al declarar la Jueza (sic) Ad (sic)  Quem (sic) Prescrita (sic) la Acción (sic) de indemnización de Daños (sic) Morales (sic)  derivados de Accidente (sic) de Tránsito (sic)  a todos los Codemandados (sic) por falta de Citación (sic) en donde perdió la vida una adolescente de 14 años de edad por Arroyamiento (sic).

Es el caso, se logró la Citación (sic) de los Codemandados (sic) (Chofer del Vehículo, Propietario del Vehículo y Seguro los Andes, S.A.). Antes de que se consumiera (sic) el lapso de prescripción, así se evidencia de las respectiva Contestación (sic) de la Demanda (sic) realizada por los representantes legales de las partes demandas que riela a los Folios (sic) 233 al 245 Pieza N° 1 ambos inclusive. Obsérvese, en la Contestación (sic) de la Demanda (sic) ninguna de las partes demandadas opusieron como defensa de fondo la Prescripción (sic) establecida por la Ley (sic) que rige la materia de Doce (sic) (12) Meses (sic) a partir de haber sucedido el accidentePor lo tanto, la Juez (sic) Ad (sic)  Quem (sic) no debió declarar la Prescripción (sic) de la Acción (sic) porque no fue opuesta como defensa de fondo en la Contestación de la Demanda (sic) por ninguna de las partes, la Juez (sic) no puede suplir de oficio la  Prescripción (sic) no opuesta. En el presente caso que nos ocupa se citarón los demandados: En fecha 27 de Marzo del 2003, el Alguacil (sic) del Tribunal (sic)  estableció por escrito, dando cuenta a la Juez (sic) que estuvo en la sede de Seguros los (sic) Andes, S.A, (sic) fue atendido por el Gerente de Seguros los (sic) Andes, S.A, JESÚS LEONARDO GONZÁLEZ, el cual se negó a firmar diciendo: “Que el apoderado de la Empresa (sic) pasaría luego por el Tribunal (sic)” riela al Folio (sic) 82 Pieza №1, el referido escrito. En fecha 23 de Marzo del 2003, la Secretaria (sic) del Tribunal (sic) se trasladó hasta la sede de Seguros los Andes, S.A, entregando la boleta de notificación a la Ciudadana RUDY RANGEL, en la oficina del Gerente de Seguro los Andes, S.A, todo de acuerdo al Artículo (sic) 218 del Código de Procedimiento Civil y, estampó la diligencia en escrito de fecha 30 de Abril del 2003. Así consta y se evidencia al reverso del Folio (sic) 138 Pieza N°1, donde (sic) se encuentra el referido escrito señalado. Razón por la cual resulta obvio e incuestionable establecer que se interrumpió el lapso de Prescripción (sic), porque se logró citar válidamente dentro del lapso concedido por la Ley (sic), en decir antes de los Doce (12) Meses. En fecha 19 de Julio del año 2002, tuvo lugar los hechos que dieron origen a la Demanda (sic) los mismos vencerían el 19 de Julio del 2003 y, se citó el 30 de Abril del 2003 solo había transcurrido Diez (10) Meses aproximadamente. En consecuencia no operó la prescripción. El Juez (sic) Ad (sic) Quem (sic) señaló en su Sentencia (sic) la prescripción de esta Codemandada (sic) lo que resulta falso a todo evento. Del análisis que antecede, se observa con meridiana claridad declaró la Prescripción (sic) de la Acción (sic) en contra de la parte actora y en beneficio de todos los demandados siendo que ninguna de las partes demandadas opusiera la Prescripción (sic) al momento de dar Contestación (sic) de la Demanda (sic) y, en particular la Codemandada (sic) Seguro los Andes, S.A, sólo alegó la falta de Competencia del Tribunal pero no opuso la Prescripción (sic) siendo esta la oportunidad para oponerla pero jamás existió la Prescripción de la Acción (sic) por haberse citado oportunamente.

La Juez (sic) Ad (sic) Quem (sic) vició de nulidad absoluta el dispositivo de la Sentencia dictada en fecha 20 de Mayo del 2015, al no atenerse a lo alegado y probado en autos, en consecuencia declaró la prescripción la Acción a todos los demandados sin haberla opuesto oportunamente cada uno de ellos por separado y sin lugar el Recurso de apelación de la Sentencia (sic) declarada parcialmente CON LUGAR contra la Sentencia (sic) dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, de fecha 14 de Mayo del 2009, donde se ordenó pagar Indemnización (sic) por Daños (sic) Morales (sic) ocasionado por Accidente (sic) de Tránsito (sic) y, condenó en costas al demandante. Así mismo, la Juez (sic) Ad (sic) Quem (sic) subvirtió el procedimiento, al exceder los límites del asunto sometido a su consideración generó una desigualdad entre los litigantes, ya que este hecho de declarar la prescripción de la acción respecto a todos los Codemandados (sic) solo en base de una última citación de la Codemandada (sic) VINCCLER, C.A, se concretó o materializó según el decir de la jueza Ad (sic) Quem (sic) el 30 de Julio del 2003, de lo que se colige que en el presente procedimiento se produjo la prescripción de la acción en estricta aplicación del Artículo (sic) 134 de la Ley (sic) de Tránsito y Transporte Terrestre. “Y ASI SE DECIDE” (Ver. Vtos. Folio 209 Pieza N°2 de la Sentencia Recurrida en Casación.).

La Juez (sic) Ad (sic) Quem (sic), de haberse atenido a lo alegado y probado en autos y de no haber incurrido en el vicio de Incongruencia Positiva el dispositivo de la Sentencia hubiere sido otro. Razón por la cual, solicito se declare CON LUGAR la Denuncia que antecede y, de conformidad con el Articulo 244 Ejusdem (sic) del Código de Procedimiento Civil SE DECLARE NULA LA SENTENCIA por todo lo antes expuesto…”. (Destacados del texto parcialmente transcrito, y doble subrayado de la Sala).

 

De la transcripción realizada se desprende que el recurrente delata el vicio de incongruencia positiva toda vez que, el ad quem debió atenerse a lo alegado y probado en autos por las partes sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, por cuanto al declarar prescrita la acción con relación a cada uno de los demandados sin que tal defensa hubiere sido alegada individualmente, habría suplido de oficio dicha defensa perentoria.

Para decidir, la Sala observa:

Precisado lo anterior, esta Sala pasa a transcribir parte de lo establecido por el tribunal de alzada en su fallo, a los fines de evidenciar el planteamiento del formalizante, y a tal efecto, se constata que efectivamente la recurrida declaró prescrita la acción para todos los demandados, sobre la base de la fecha de la comparecencia de la codemandada Vinccler, C.A., el 30 de julio de 2003, oportunidad ésta en la que había transcurrido el lapso de prescripción de un año previsto en el artículo 134 de la Ley de Tránsito Terrestre, a contar desde la fecha del accidente de tránsito fatal ocurrido el 19 de julio de 2002 en el que perdió la vida la adolescente Daniela Dayana Nácar Terán. En tal sentido, expresó lo siguiente:

“…PUNTO PREVIO:

De la prescripción de la acción

Preliminarmente, debe esta alzada pronunciarse acerca del alegato de la parte demandada relacionado con la prescripción de la acción, por haber transcurrido según afirman sobradamente el lapso de un (1) año entre la ocurrencia del accidente de tránsito y la citación de los demandados en la presente causa.

El artículo 1.952 del Código Civil, dispone:

(…Omissis…)

Como vemos tal disposición engloba la prescripción adquisitiva como la extintiva: por otro lado, el artículo 134 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, vigente para la fecha del accidente señala:

(…Omissis…)

Ahora bien, la prescripción prevista en la norma transcrita es una prescripción extintiva o liberatoria, la cual es definida por el artículo 1952 (sic) del Código Civil, como un medio de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley.

De lo antes expuesto, podemos concluir que el transcurso de un año, contado a partir de la fecha de ocurrencia del accidente, sin que la víctima o sus causahabientes hayan; interrumpido legalmente la prescripción, libera al deudor de la responsabilidad civil que origine del hecho.

La prescripción no corre cuando existan causas que impidan o suspendan su aplicación.

Esas causas se encuentran establecidas en los artículos 1964 y 1965 del Código Civil.

El artículo 1965, dispone:

(…Omissis…)

Sin embargo resulta muy importante resaltar, que en el presente caso ni la parte actora y mucho menos la parte demandada está conformada por niños, niñas y adolescentes, por lo que no es posible aplicar en este caso en concreto la causa que impida la prescripción en el caso de los menores no emancipados. Y ASÍ SE DECLARA.

A los fines de verificar si en el caso de marras se produjo o no la prescripción de la acción alegada por la parte demandada, este tribunal superior barinés pasa a analizar y valorar las actas procesales que conforman el presente expediente, muy especialmente las relacionadas con la interposición de la demanda y las gestiones para la citación de la parte demandada.

En efecto, se observa que en fecha 12 de febrero de 2003, el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes, actuando en nombre y representación de los ciudadanos José Benjamín Nácar y María Victoria Terán Pérez, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, escrito contentivo de demanda por daño moral contra la Empresa (sic) Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, C.A. (VINCCLER, C.A.), la empresa aseguradora Seguros Los Andes y el ciudadano Yonny Daniel Quintero.

En fecha 25 de febrero de 2003, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, admitió la demanda.

En fecha 27 de marzo del año 2003, el alguacil del tribunal a quo se trasladó a citar a la co-demandada Seguros Los Andes, C.A., y el gerente se negó a firmar la boleta de citación, tal y como consta de declaración efectuada mediante diligencia de fecha 27 de marzo de aquel año que consta inserta en el folio 82 del presente expediente.

En la antes señalada fecha, el apoderado actor solicitó librar boleta de citación en la que se le comunicara a la co-demandada (Seguros Los Andes, C.A.) la declaración del alguacil respecto a su negativa de firmar, el tribunal de la causa libró boleta de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, en fecha 1 de abril del año 2003 (Ver folio 101), y se fijó el cartel o notificación en el domicilio de la empresa Seguros Los Andes, C.A., el 30 de abril del año 2013, tal y como consta en el vto., del folio 138 de la primera pieza de este expediente.

También en fecha 27 de marzo del año 2003, el co-demandado ciudadano Yonny Daniel Quintero, firmó la boleta de citación tal y como se evidencia en los folios 106 y 107 del presente expediente.

En relación a la sociedad mercantil Vinccler, C.A., de igual modo demandada en esta causa, se observa que el 27 de marzo de 2003, el alguacil del tribunal a quo devolvió la boleta de citación manifestando la imposibilidad de citar al representante legal de la indicada empresa (Ver folio 114); posteriormente (3 de abril de 2003) el apoderado actor en virtud de declaración del alguacil, solicitó la citación por carteles; sin embargo, en fecha 09 de abril solicitó la citación personal de la empresa co-demandada, señalando el nombre de otra persona como su representante e indicando una nueva dirección (Folio 137 de la 1° pieza), y en fecha 28 de abril del señalado año el tribunal de la causa acordó la citación del ciudadano Luigi Mazzone, como representante legal de la sociedad mercantil Vinccler, C.A., librando la boleta respectiva.

En fecha 22 de mayo de 2003, el alguacil del tribunal de la causa devolvió la boleta de citación del ciudadano Luigi Mazzone con su compulsa, manifestando la imposibilidad practicar la citación personal del mencionado representante legal. (Folio 139 1° pieza). El 26 de mayo del año 2013, el apoderado judicial de la parte actora solicitó la citación por carteles (Folio 158), y el tribunal de la causa por auto de fecha 30 de mayo de 2013, acordó la citación por carteles de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y libró el cartel correspondiente.(Folio 159).

En fecha 5 y 9 de junio del año 2003, el apoderado de la parte actora consignó el cartel de citación librado a la empresa Vinccler, C.A., debidamente publicado en los diarios “La Prensa” y “De Frente”, ver folios 160 al 165. En fecha 11 de junio de 2003 la secretaria del tribunal dejó constancia de haber fijado cartel de citación en el domicilio de la empresa indicada. (Folio Vto. 165).

En fecha 17 de julio de 2003, la parte actora solicitó nombramiento del defensor ad litem y el 21 de julio de 2003, se acordó designar un defensor ad litem a la Vinccler, C.A.

En fecha 30 de julio de 2003, la abogada Obdulia Celenia Díaz, Inpreabogado n° 79.197, consignó instrumento poder otorgado por Vinccler, C.A., con facultad expresa; para darse por citada por la señalada empresa. (Folios 1773 al 177 de la 1° pieza).

De la relación de las actividades procesales materializadas en la presente causa, se observa con claridad que la última citación, es decir, la citación de la co-demandada Vinccler C.A., se produjo el 30 de julio del año 2003.

Ahora bien, de lo anteriormente expresado, debe este tribunal superior revisar y analizar los documentos siguientes:

En el libelo de la demanda, el representante judicial de la parte actora afirmó que en 19 de julio de 2002, siendo aproximadamente las 12:00 del mediodía, cuando la adolescente Daniela Dayana Nácar Terán, se desplazaba en una bicicleta por la calle Campo Elías, con avenida Guaicaipuro del municipio Cruz Paredes estado Barinas, apareció intempestivamente un vehículo a exceso de velocidad conducido por el ciudadano: Yonny Daniel Quintana González que impactó y arroyó a la adolescente antes mencionada ocasionándole la muerte, y posteriormente dándose a la fuga el conductor de dicho vehículo (Folio 1 y 2 de la primera pieza).

 

En las actuaciones administrativas del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre, Dirección de Vigilancia U.E.C.T.V.T.T.T. Comando, expediente n° 028-19072002, que se encuentra inserto del folio 21 al 38 de la primera pieza del presente expediente, se observa el reporte de accidente (Folio 24), en el que el funcionario respectivo dejó constancia de la ocurrencia de una colisión entre vehículos (bicicleta), cuya conductora era Daniela Dayana Nácar Terán, titular de la cédula de identidad n° 18.225.639, que el accidente ocurrió en fecha 19 de julio del año 2002, en la calle Campo Elías con avenida Guaicaipuro Barrancas, Barinas; actuaciones a las que se les otorga pleno valor probatorio como documento público administrativo que contiene presunción de veracidad por no haber sido impugnado en modo alguno.

Por otro lado, consta también en autos (Folio 39 1° pieza) acta de defunción signada con el n° 33 en la que la Abg. Yeida Carolina Campos, primera autoridad civil del municipio Cruz Paredes del estado Barinas, hace constar que el día veintidós de julio del año 2002, se presentó ante su despacho el ciudadano José Benjamín Nácar, titular de la cédula de identidad n° 8.141.639 y expuso que el día 19 de julio del año 2002, a las 12 y 15 p.m. en aquella población, dejo de existir Daniela Dayana Nácar Terán, titular de la cédula de identidad n° 18.225.639, señalando como causa de la muerte traumatismo encefálico, craneal severo por accidente de tránsito documento al que se le otorga pleno valor probatorio como documento público de conformidad con el artículo 1.357 y 429 del Código de Procedimiento Civil vigente.

De igual modo, consta en el folio 66 de la primera pieza de este expediente copia de la cédula de identidad de la ciudadana Daniela Dayana Nácar Terán, cuyo número es 18.225.639, a la que se le otorga valor probatorio por tratarse del documento a través del cual se identifican las personas naturales en nuestro país, y que concatenado con el acta de defunción demuestra que ésta última (es decir, el acta de defunción) versa sobre el fallecimiento de la joven tantas veces señalada en este fallo.

En consecuencia, de conformidad con los documentos que hemos analizado y valorado emergen suficientes elementos probatorios que demuestran de manera incontrovertible que el accidente de tránsito que dio origen a que al actor de autos esgrimiera a través de su demanda la pretensión de indemnización por daño moral en virtud del fallecimiento en el mismo de su hija Daniela Dayana, efectivamente se produjo el 19 de julio del año 2002, y del mismo modo quedó probado de conformidad con las actividades procesales que se produjeron en esta causa que la última citación de la co-demandada Vinccler, C.A; se concretó o materializó el 30 de julio del año 2003, de lo que se colige que en el presente procedimiento se produjo la prescripción de la acción en estricta aplicación del artículo 134 de la Ley de Tránsito y Transporte TerrestreY ASÍ SE DECIDE.

Cabe además añadir, que no consta en las actas procesales que conforman el presente expediente que la parte actora haya registrado la demanda cabeza de autos con las respectivas compulsas a los fines de interrumpir la prescripción de la acción, por lo que puede afirmarse que esta otra conducta establecida para también interrumpir la prescripción no fue desarrollada por la parte actoraY ASÍ SE DECLARA.

(…Omissis…)

Por último es importante señalar que en virtud de que en el presente caso hemos analizado y decidido un punto de mero derecho como lo es la ocurrencia de la prescripción de acción, y siendo que efectivamente esta defensa de fondo prosperó, este tribunal superior barinés, no analizará los demás alegatos esgrimidos por las partes y tampoco analizará y valorará el resto de los medios probatorios existentes en autosY ASÍ SE DECIDE.

(…Omissis…)

DECISIÓN

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en los términos:

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jesús Ricardo Ramos reyes, en su condición de apoderado judicial de los demandantes ciudadanos: José Benjamín Nácar y María Victoriana Terán Pérez, contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Barinas, en fecha 14 de mayo del año 2009, en el juicio de indemnización de daño moral ocasionado en accidente de tránsito, que se lleva en el Expediente n° 4.444, de la nomenclatura interna de ese Tribunal.

SEGUNDO: Se declaran CON LUGAR las apelaciones interpuestas por la Abg. Mirian Herrera España, en su condición de co-apoderada judicial de la Empresa Mercantil   “Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico” (VINCCLER CA), y del ciudadano Yonny Daniel Quintero González; y por el abogado: Jorge Enrique Rodríguez Abad, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil “Seguros Los Andes”, contra la sentencia dictada en fecha 14 de mayo del 2009, por el Juzgado de Primera Instancia de Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Barinas.

TERCERO: Se declara CON LUGAR la defensa de fondo de la prescripción de la acción, invocada por la parte demandada.

CUARTO: En consecuencia se declara SIN LUGAR la acción de indemnización de daño moral ocasionado en accidente de tránsito, (…)

(…Omissis…)

QUINTO: Se REVOCA la decisión apelada, por la motivación expuesta.

SEXTO: Dada la naturaleza de la presente decisión se condena en las costas del juicio a la parte actora ciudadanos: José Benjamín Nácar y María Victoriana Terán Pérez.

SÉPTIMO: No hay especial pronunciamiento en las costas del recurso.

OCTAVO: Por cuanto la presente sentencia ha sido dictada fuera del lapso legal  correspondiente, se ordena la notificación de las partes y/o sus apoderados judiciales. Líbrense boletas…”. (Negrillas, cursivas y mayúsculas de la recurrida, doble subrayado de la Sala).

 

La recurrida, según se evidencia de la transcripción supra realizada, ciertamente determinó que el accidente de tránsito en el que ocurrió el fallecimiento de la adolescente Daniela Dayana Nácar Terán se produjo el 19 de julio de 2002.

También refiere el tribunal superior que en fecha 27 de marzo de 2003 el co-demandado ciudadano Yonny Daniel Quintero firmó la boleta de citación.

En ese orden de ideas, puntualiza que en fecha 27 de marzo de 2003, el alguacil del tribunal a quo se trasladó a citar a la co-demandada Seguros Los Andes, C.A., y el gerente se negó a firmar la boleta de citación, tal y como constaría de la declaración efectuada mediante diligencia de fecha 27 de marzo de aquel año, inserta en el folio 82 del presente expediente.

Luego, agrega que en la antes señalada fecha, el apoderado actor solicitó librar boleta de citación en la que se le comunicara a la co-demandada (Seguros Los Andes, C.A.) la declaración del alguacil respecto a su negativa de firmar, por lo que el tribunal de la causa libró boleta de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, en fecha 1 de abril del año 2003 y, en consecuencia, se fijó el cartel o notificación en el domicilio de la empresa Seguros Los Andes, C.A., el 30 de abril del año 2013, (folio 138 de la primera pieza de este expediente).

Finalmente, el ad quem declaró la prescripción de la acción para cada uno de los accionados, con base en que la demanda no fue registrada y que la última citación practicada -atinente a la codemandada Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, VINCCLER, C.A.-, se habría concretado el 30 de julio de 2003, oportunidad en que la referida sociedad mercantil expresamente compareció a través de su apoderada judicial, abogada Obdulia Celenia Díaz.

A los fines de una mejor comprensión del caso planteado, la Sala estima necesario hacer el siguiente recuento de las actuaciones procesales más relevantes insertas en el expediente.

El 12 de febrero de 2003 el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes actuando en nombre y representación de los ciudadanos José Benjamín Nacar y María Victoriana Terán Pérez, incoó demanda ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas por daño moral contra el ciudadano Yonny Daniel Quintero González (conductor), y la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), (en su carácter de propietaria del vehículo), y a la sociedad mercantil Seguros Los Andes C.A., acción derivada –como ya se dijo- del accidente de tránsito suscitado el 19 de julio de 2002 en el cual se ocasionó el fallecimiento de la adolescente Daniela Dayana Nacar Terán de 14 años de edad por  arrollamiento.

Mediante auto de fecha 25 de febrero de 2003 el supra mencionado juzgado conociendo por distribución admitió la demanda y, ordenó comisionar al Juzgado del Municipio Valera, Motatan y Escuque del estado Trujillo para que practicara la citación del representante de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), Giacomo Clerico Bertola.

El 11 de marzo de 2013 el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas dictó auto, comisionando al Juzgado de los Municipios Cruz Paredes y Obispos de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, para la práctica de la citación del ciudadano Yonny Daniel Quintero González.

El 12 de marzo de 2003 el apoderado judicial de la parte actora consignó diligencia solicitando que la citación de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), se practicare en la persona del ciudadano Giacomo Clerico Bertola en su condición de Presidente de la Junta Directiva o el ciudadano Fedele Clerico Bartola, en su carácter de Gerente.

El 27 de marzo de 2003 el alguacil titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, consignó diligencia dejando constancia de haberse trasladado hasta la sede de Seguros Los Andes en el estado Barinas y, de haber encontrado al Gerente de Seguros ciudadano Jesús Leonardo González quien se negó a firmar el recibo de la compulsa de citación.

En la misma fecha, el apoderado de los demandantes consignó diligencia mediante la cual solicitó se libre boleta de notificación a los fines de comunicarle al citado supra referido la declaración del alguacil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, lo cual se acordó el 1° de abril de 2003.

En la mencionada fecha, el tribunal de primera instancia -tantas veces identificado- agregó a los autos las resultas de la comisión que le fuera conferida al Juzgado de los Municipios Cruz Paredes y Obispos del estado Barinas, referente a la citación del ciudadano Yonny Daniel Quintero González (Conductor) debidamente cumplida, y mediante auto separado ordenó igualmente agregar la comisión sin cumplir referente a la citación personal del ciudadano Giacomo Clerico Bertola, en la cual el alguacil accidental Maitan Antonio Mejías indicó mediante diligencia que el precitado ciudadano según información suministrada reside en la ciudad de Caracas.

El 9 de abril de 2003 el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes solicitó mediante diligencia que a la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), fuera nuevamente citada, esta vez, en la persona de su administrador Luigi Mazzone.

Mediante auto dictado el 28 de abril de 2003 el tribunal de primera instancia –anteriormente identificado- acuerda lo solicitado y ordena librar la nueva compulsa de citación.

El 30 de abril de 2003 la secretaria titular del tribunal de cognición, dejó constancia de haber cumplido con el complemento de citación a que se refiere el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, por haberse trasladado en fecha 23 de abril de 2003 a la sede de Seguros Los Andes y dejando la boleta de notificación al ciudadano Andy Rangel. (Vuelto del folio 138 de la pieza 1).

El 22 de mayo de 2003 el alguacil titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, consignó mediante acta el recibo de citación sin firmar del ciudadano Luigi Nazzone por no haberlo podido ubicar en la dirección suministrada.

El 26 de mayo de 2003 el apoderado judicial de la parte accionante solicitó mediante diligencia que a la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), se le citara mediante carteles de conformidad con lo estipulado en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

El 30 del mismo mes y año, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, acordó lo solicitado de conformidad con lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, ordenó la publicación de dos carteles en los diarios “El De Frente y La Prensa” con intervalos de tres días entre uno y otro en la morada de los demandados.

El 5 de junio 2003 el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes consignó a los autos cartel de citación debidamente publicado en el diario “La Prensa” y, posteriormente el 9 del mismo mes y año consignó el cartel de citación publicado en el diario “De Frente”, cuyo tenor es el siguiente:

“…SE HACE SABER

Al ciudadano: LUIGI MAZZONE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 4.256.682, actuando en su carácter de Administrador  de la empresa VINCCLER, C.A., deberá comparecer ante este Despacho dentro de los quince (15) días de despacho siguientes a la publicación de este Cartel por los diarios “El De Frente” y “La Prensa”, fijación y consignación que del presente cartel se haga en el expediente a darse por citado en el juicio…”.

El 11 de junio de 2003 la secretaria titular del mencionado tribunal de primera instancia, dejó constancia de haber cumplido con la fijación del cartel de citación librado al ciudadano Luigi Mazzone en su carácter de administrador de la empresa Vinccler, C.A., en:

“… (…) la Av. Los Manguitos, casa N° 75, de esta ciudad de Barinas, en fecha 10 -06-2003, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

Se deja constancia que el cartel librado al ciudadano Luigi Mazzone es en su carácter de Administrador de la empresa Vincler C.A…”

El 17 de julio de 2003 el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes solicita mediante diligencia la designación de un defensor judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 225 del Código de Procedimiento Civil.

El 21 de julio de 2003 el tribunal in commento acuerda lo solicitado, por haber transcurrido el lapso de comparecencia sin que la parte demandada haya comparecido, designando en consecuencia al Dr. Luis Gerardo Molina, a quien se le acordó notificar de su designación.

El 30 de julio de 2003 comparece la abogada Obdulia Celena Díaz Pérez actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), mediante el cual la precitada persona jurídica le otorga poder especial pero amplio y suficiente en cuanto derecho se refiere a los abogados Obdulia Celenia Díaz Pérez, Delfin España Sánchez y a Idalmis Rendón de Ñañez.

El 31 de julio de 2003 el alguacil del tribunal in commento consigna a los autos boleta de notificación debidamente firmada en cuanto a la designación del defensor judicial.

El 5 de agosto de 2003 el defensor judicial antes identificado consigna diligencia aceptando el cargo encomendado, por lo que asume la representación judicial de la sociedad mercantil Seguros Los Andes S.A.

El 7 de agosto de 2003 el tribunal de primera instancia antes identificado, ordenó emplazar al defensor judicial supra mencionado mediante compulsa de citación a los fines de que diera contestación a la demanda.

En fecha 14 de agosto de 2003 la apoderada de la codemandada Vinccler, C.A., a través de su apoderada judicial Obdulia Celena Díaz Pérez consignó diligencia solicitando que se practicara nuevamente la citación de los demandados, por cuanto -según sus dichos- habrían transcurrido más de sesenta (60) días entre la primera citación, la cual fue la del ciudadano Yonny Quintero efectuada el 27 de marzo de 2003, hasta la fecha que se pudiera citar al último de los demandados.

El 26 de agosto de 2003 el alguacil del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas Jorge Luis Mendoza, consignó a los autos recibo mediante el cual deja constancia de haber entregado la compulsa de citación junto con la orden de comparecencia al defensor judicial designado debidamente suscrita.

El 26 de agosto de 2003 la abogada Obdulia Celena Díaz Pérez consigna diligencia solicitando pronunciamiento por parte del tribunal referente al pedimento que se hiciere el 14 de agosto de 2003, esgrimiendo:

“…(Solicito respetuosamente a este Tribunal (sic) la mayor brevedad posible se pronuncie sobre tal petitorio, por cuanto existe una insertidumbre (sic) a cerca del momento en que debe efectuarse la contestación de la demanda…”. (Negrillas de la Sala).

El 27 de agosto de 2003 el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes consigna diligencia solicitando igualmente sean practicadas nuevamente las citaciones de todos los demandados, por cuanto -según sus dichos- habrían transcurrido más de sesenta días entre la primera y la última de las citaciones.

El 1 de septiembre de 2003 el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, acuerda lo solicitado y ordena librar nuevas compulsas a todos los demandados.

El 10 de septiembre de 2003 el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes consigna diligencia aportando a los autos su nuevo domicilio procesal junto con revocatoria de poder a los abogados Oscar A. Rodríguez Dávila y Carlos Enrique Rodríguez Guerrero.

El 8 de octubre de 2003 el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, agrega a los autos las resultas de la comisión que le fuera conferida al Juzgado de los Municipios Cruz Paredes y Obispos del estado Barinas, con motivo a la citación del ciudadano Yonny Daniel Quintero González debidamente cumplida.

El 13 de octubre de 2003 el alguacil del precitado juzgado Manuel Núñez consigna diligencia dejando constancia que se trasladó a la sede de Seguros Los Andes en el estado Barinas y que encontró a una persona de nombre Manuel Núñez, el cual se negó a firmar el recibo de citación. En la misma fecha el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes mediante diligencia solicitó al tribunal el complemento de citación a través de boleta de notificación dejada por la secretaría del tribunal, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, lo cual fue acordado el 16 de octubre de 2003.

El 21 de octubre de 2003 la secretaria del tribunal de la causa dejó constancia de haberse trasladado el 20 de octubre de 2003 a la sede de Seguros Los Andes en la ciudad de Barinas, entregándole la misma al Gerente ciudadano Manuel Núñez.

El 20 de noviembre de 2003 mediante diligencia los abogados abogada Obdulia Celena Díaz Pérez, Delfin España Sánchez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de los codemandados Yonny Daniel Quintero González y de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLERC.A.), consignan escrito de contestación al fondo de la demanda sin invocar en ninguna de sus partes la excepción de prescripción de la acción. (Folios 234 al 238 de la pieza 1 de 2).

Posteriormente, el 24 de noviembre de 2003 el abogado Jorge Enrique Rodríguez Abad se hace parte en el juicio a través de instrumento poder que le fuera otorgado la sociedad mercantil Seguros Los Andes C.Aa los fines de dar contestación la demanda alegando -entre otras razones- la incompetencia material del tribunal por cuanto la presente acción es derivada de un accidente de tránsito suscitado el 19 de julio de 2002, el cual originó el fallecimiento de la adolescente Daniela Dayana Nacar Terán de 14 años de edad por arrollamiento.

El 4 de diciembre de 2003 el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas dictó auto, declarando su incompetencia material y, por tanto, declinó así el conocimiento de la causa en ell Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, remitiendo el mismo a través de oficio.

El 11 de diciembre de 2003 el a quo le dio entrada al expediente y el juez se abocó al conocimiento de la causa.

El 15 de diciembre de 2003 la abogada Obdulia Celena Díaz Pérez actuando en su carácter de apoderada judicial de Yonny Daniel Quintero González y, de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), consignó de nuevo escrito de contestación a la demanda sin invocar en ninguna de sus partes la excepción de prescripción de la acción. (Folios 252 al 256 de la pieza 1 de 2). Actuación ésta, que reiteró el 18 de los mismos mes y año al consignar otra vez escrito de contestación a la demanda sin invocar en ninguna de sus partes la excepción de prescripción de la acción. (Folios 258 al 262 de la pieza 1 de 2).

El 12 de enero de 2004 el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes consigna diligencia dándose por notificado del abocamiento del nuevo juez.

El 19 de enero de 2004 la abogada Obdulia Celena Díaz Pérez actuando en su carácter de apoderada judicial de Yonny Daniel Quintero González y, de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), consignó por cuarta vez un nuevo escrito de contestación a la demanda sin invocar en ninguna de sus partes la excepción de prescripción de la acción. (Folios 266 al 270 de la pieza 1 de 2).

El 23 de enero de 2004 el a quo dictó auto fijando veinte (20) días de despacho para que tenga lugar el acto de contestación a la demanda.

El 29 de enero de 2004 la parte actora reformó el libelo de demanda.

El 4 de febrero de 2004 el a quo admitió la reforma de la demanda y, emplazó a las partes para dar contestación dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a dicha fecha.

El 19 de marzo del mismo año, la abogada Obdulia Celenia Díaz Pérez actuando en su carácter de apoderada judicial de Yonny Daniel Quintero González y, de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), consignó contestación a la reforma de la demanda oponiendo como excepción perentoria la prescripción de la acción-alegando entre otras razones- que en efecto el accidente de tránsito en el cual perdió la vida la menor Daniela Dayana Nacar Terán fue suscitado el 19 de julio de 2002 y, por cuanto la citación de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), se produjo el 30 de julio de 2003, y la citación del ciudadano Yonny Daniel Quintero González habría quedado sin efecto por haber trascurrido más de sesenta (60) días entre la práctica de la citación de los codemandados, tal y como lo establece el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que desde la fecha del accidente hasta la oportunidad en que se practicó la citación del último de los codemandados, habría trascurrido el lapso de prescripción establecido en el artículo 134 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, por lo que sin lugar a dudas –según sus dichos- al no constar en autos que la actora hubiere interrumpido el lapso de prescripción por el procedimiento establecido en el artículo 1.969 del Código Civil, ha operado la prescripción prevista en la ley especial.

El 19 de marzo de 2004 el abogado Jorge Enrique Rodríguez Abad actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Seguros Los Andes C.A, consignó escrito de contestación a la demanda oponiendo igualmente como primer punto la prescripción de la acción, de conformidad a lo establecido en el artículo 134 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, concatenado con el artículo 1.952 y siguientes del Código Civil aplicable supletoriamente en el presente caso.

El 25 de marzo del mismo año, el a quo dictó auto en el cual fijó a las diez de la mañana (10:00 a.m) del quinto (5to) día de despacho siguiente, para que tuviera lugar la audiencia preliminar.

El 1 de abril de 2004 el juez accidental José Ramón España consignó acta de inhibición con fundamento en el ordinal 1 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, remitiéndola a la alzada competente para su decisión y convocando a la juez suplente especial de ése tribunal Norma Dalida Moro Fasquias.

El 26 de mayo de 2004 el juez Henry Larez Rivas, se abocó al conocimiento de la causa y fijó a las diez de la mañana (10:00 a.m) del octavo (8to) día de despacho siguiente, para que tuviera lugar la audiencia preliminar, la cual se celebro el 14 de junio de 2004.

El 21 de junio de 2004 el a quo dictó auto estableciendo los límites de la controversia y, aperturó el lapso probatorio de cinco (5) días de despacho siguiente, según lo establecido en el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil.

El 25 de junio de 2004 la abogada Obdulia Celena Díaz Pérez actuando en su carácter de apoderada judicial de Yonny Daniel Quintero González y, de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A), consigna escrito de pruebas, el cual fue admitido el 28 de junio de 2004. En esta última fecha, el abogado Jorge Enrique Rodríguez Abad actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Seguros Los Andes C.A, consignó escrito de pruebas.

El 29 de junio de 2004 el a quo lo admitió cuanto a lugar en derecho.

El 29 de junio de 2004 el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes consignó escrito de promoción de pruebas, promoviendo documentales, testigos y experticia. El 1 de julio de 2004, el a quo se pronunció sobre las mismas.

El 15 de octubre de 2008 el a quo dictó decisión interlocutoria mediante la cual consideró que la prueba de experticia de reconstrucción de los hechos admitida y ratificada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Barinas de fecha 12 de noviembre de 2004, al no ser impulsada la evacuación de la mencionada prueba de experticia de reconstrucción de los hechos por la parte demandante, luego de ser admitida por el juzgado superior habría sido tácitamente desistida y, dado que el juicio se encontraba paralizado, se ordenó la notificación de la presente decisión a las partes.

El 15 de diciembre de 2008 el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes en su carácter acreditado en autos consigna escrito planteando la incompetencia material del tribunal a quo por considerar -según sus dichos- que los tribunales de protección del niño y del adolescente son los competentes para conocer la presente acción.

El 16 de diciembre de 2008 el a quo dicta decisión estableciendo que es ese juzgado el competente para continuar conociendo hasta su culminación del presente juicio de daño moral.

En fecha 21 de enero de 2009 el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes actuando con el carácter acreditado en autos, consignó diligencia insistiendo en la incompetencia material del a quo y, solicitando la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda y, que se anule la decisión del tribunal de fecha 16 de noviembre de 2008 por contrario imperio.

El 27 de abril de 2009 el a quo levantó acta dada la celebración de la audiencia probatoria. (Folios 36 al 42 de la pieza 2 de 2).

El 14 de mayo de 2009, el a quo dictó sentencia de fondo en la cual estableció sin lugar la defensa de fondo referente a la prescripción de la acción, parcialmente con lugar la demanda y, en consecuencia, estimó el pago por daño moral en la cantidad de cuarenta mil bolívares (Bs. 40.000,00). (Folios 47 al 70 de la pieza 2 de 2). En la misma fecha, la abogada Mirian Herrera de España apeló de la sentencia supra mencionada.

El 20 de mayo de 2009, el abogado Jorge Enrique Rodríguez Abad actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Seguros Los Andes C.A, apeló de la decisión de fecha 14 de mayo de 2009.

El 25 de mayo de 2009 el a quo dictó auto en el cual oyó las apelaciones formuladas en ambos efectos y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, a los fines de que decida la misma.

El 25 de junio de 2009 el apoderado judicial de la parte actora consignó escrito de informes. Luego, el 23 de julio del mismo año, el abogado Jorge Enrique Rodríguez Abad actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Seguros Los Andes C.A, consignó escrito de informes alegando primero la perención de la instancia señalando:

Que “… (…) por falta de impulso procesal, en fecha 16 de Febrero (sic) del año 2007, el tribunal A-quo (sic) expide el computó solicitado, el cual arroja la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÍAS (453) sin actividad en el expediente, constatándose claramente la falta de actividad de la parte actora durante un lapso superior de un año (…)…”.

Por otro lado, adujo la prescripción de la acción:

“… (…) es a partir del 01 de Septiembre (sic) del año 2003, que se considerarían citados los co-demandados de la presente acción en consecuencia y por cuanto quedó demostrado que no fuimos legítimamente citados antes del 19 de julio del año 2003, la presente acción quedó evidentemente PRESCRITA (…)…”

Y por último señaló:

“… (…) la Póliza Nro. 01-9515326-61-001-00000595 ramo 61 automóvil, emitida por Seguros Los Andes C.A., y que se encuentra agregada a los autos no contiene en su cuadro de Póliza (sic), mención alguna de Daño Moral, por lo tanto mal puede el Juzgador, que ante una obligación subsidiaria como lo es la de las compañías aseguradoras al obligarse como garantes del principal, mediante un contrato, en el cual no se exprese alguna obligación, por interpretación extensiva de una norma que no puede estar por encima de lo contratado por las partes,  contrato de seguros representado por la Póliza (sic), que le sea endilgada a mi representada una obligación que no asumió (…)…”

El 23 de julio 2009 la abogada Mirian Herrera de España actuado en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A), consignó escrito de informes alegando -entre otras razones- la prescripción de la acción por haberse transcurrido -según sus dichos- más de doce (12) meses, entre la fecha del accidente de tránsito y la citación de los codemandados.

El 25 de septiembre de 2013, el ad quem dictó sentencia estableciendo:

“… Sobre la base de las instrucciones que han sido proferidas y la jurisprudencia transcrita y visto que la empresa de Seguros Los Andes, C.A., se encuentra intervenida por el Estado Venezolano (sic); lo procedente en el caso de autos es la tramitación de las acreencias ante la Junta (sic) Interventora (sic) de la mencionada sociedad mercantil, a los fines de que ésta, cumpla sus obligaciones de acuerdo la ley especial que rige la materia.

Por las motivaciones antes expresadas (…) declara que el Poder (sic) Judicial (sic) no tiene jurisdicción para conocer la demanda en la presente causa de acción de indemnización por daño moral (…) por cuanto es a la Administración por órgano de la Junta interventora (sic) de la referida empresa, a la que corresponde continuar con el presente procedimiento. Y así se declara.

Decidido lo anterior, se ORDENA la remisión del presente expediente signado con el N° 09-3013 de la nomenclatura interna de este Tribunal (sic), a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia…” (Destacados del texto parcialmente transcrito).

El 14 de mayo de 2014 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó decisión declarando, que el poder judicial tiene jurisdicción, revocó la sentencia consultada del 25 de septiembre de 2013 dictada por el ad quem y, ordenó remitir la causa al juzgado de origen a los fines de la continuación de la causa.

El 12 de agosto de 2014, el tribunal de alzada ordenó el reingreso del expediente proveniente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se le dio entrada y el curso legal correspondiente ordenándose la notificación de las partes.

El 20 de mayo de 2015, el juez superior profirió la sentencia hoy recurrida.

Del extenso recuento de las actuaciones procesales que integran el expediente, es necesario destacar que inicialmente las citaciones de las demandadas, se practicaron en las siguientes fechas:

El codemandado Yonny Daniel Quintero González –conductor del vehículo- fue citado personalmente en fecha 27 de marzo de 2003, esto es, antes de verificarse el transcurso del lapso de un (1) año a contar desde la fecha del accidente, a saber, el 19 de julio de 2002.

La codemandada Seguros Los AndesC.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil quedó citada a partir del 30 de abril de 2003 oportunidad en la cual la secretaria titular del tribunal de cognición, dejó constancia de haber cumplido con el complemento de citación a que se refiere el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, por haberse trasladado en fecha 23 de abril de 2003 a la sede de Seguros Los Andes. (Vuelto del folio 138 de la pieza 1).

La codemandada Vinccler, C.A., quedó citada a partir del 30 de julio 2003 oportunidad en la cual el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes consignó a los autos cartel de citación debidamente publicado en el diario “La Prensa” y, el diario “De Frente”.

Con relación a la prescripción el autor ELOY MADURO LUYANDO en su obra “Curso de Obligaciones”, Derecho Civil III, Tomo I, actualizado por el profesor universitario EMILIO PITTIER SUCRE, en Caracas 2002, páginas 489 a la 505, realiza el siguiente análisis:

“…De una manera general podemos señalar que la prescripción en materia civil es, en sentido amplio, la adquisición o extinción de un derecho por el transcurso del tiempo. El sólo transcurso de un determinado tiempo no es suficiente, pues se requiere de otros elementos para producir sus efectos.

Es un medio no satisfactivo de extinción de las obligaciones, mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo y el cumplimiento de determinados requisitos contemplados en la ley.

III. REQUISITOS DE LA PRESCRIPCIÓN

En general, la doctrina exige tres condiciones fundamentales: 1) la inercia del acreedor; 2) transcurso del tiempo fijado por la ley y 3) invocación por parte del interesado.

  1. Inercia del acreedor

Por inercia del acreedor se entiende la situación en la cual el acreedor, teniendo la posibilidad de exigir el cumplimiento al deudor, se abstiene de hacerlo.

La doctrina señala dos requisitos integrantes de la inercia del acreedor: A) la posibilidad de exigir el cumplimiento, y B) la inactividad del acreedor.

(…Omissis…)

8° El acto de interrupción dirigido contra uno de los deudores solidarios no puede ser invocado contra los otros (art. 1228 CC). El acto que interrumpe la prescripción respecto de uno de los acreedores solidarios aprovecha a los otros (art. 1249 CC).

(…Omissis…)

  1. a)Causas de interrupción civil de la prescripción

Todo acto de ejercicio del derecho constituye acto de interrupción de la prescripción. Por acto de interrupción de la prescripción se entiende toda conducta del acreedor que revele su exigencia de cumplimiento y consta de dos elementos fundamentales: la manifestación de voluntad de exigir el derecho de crédito y la notificación al deudor de esa voluntad (…)

(…Omissis…)

  1. Transcurso del tiempo fijado por la ley

La segunda de las condiciones para la procedencia de la prescripción es el transcurso del tiempo fijado por la ley (…)

  1. Invocación por parte del interesado

La tercera de las condiciones para la procedencia de la prescripción viene a ser la invocación por parte del interesado. En otras palabras, la prescripción no opera de pleno derecho, sino que tiene que ser alegada por el interesado, el legislador deja a la conciencia del interesado la decisión de esgrimir la prescripción. El juez, de oficio, no puede suplir la prescripción no opuesta (art 1956), de modo que aunque se hubiesen cumplido los demás requisitos de hecho y de derecho para la consumación de la prescripción, el juez no podrá declararla si ella no es alegada.

La prescripción, como defensa de fondo, debe necesariamente alegarse en la contestación al fondo de la demanda. Su alegato implica un reconocimiento implícito de la existencia de la obligación. Por ello, si hay otras defensas, la prescripción debe alegarse como defensa subsidiaria.

 

De la supra transcripción doctrinaria realizada se colige que, la prescripción como defensa de fondo, necesariamente debe ser invocada por parte del interesado en la contestación al fondo de la demanda.

De igual forma, el precitado autor conceptualiza de una manera general la prescripción al señalar que la prescripción en materia civil es, en sentido amplio, la adquisición o extinción de un derecho por el transcurso del tiempo. Pero qué el sólo transcurso de un determinado tiempo no es suficiente, pues se requiere de otros elementos para producir sus efectos.

Es un medio no satisfactivo de extinción de las obligaciones, mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo y el cumplimiento de determinados requisitos contemplados en la ley.

De igual forma señala la doctrina que, es necesario tres condiciones fundamentales para que opere la prescripción: 1) la inercia del acreedor; 2) transcurso del tiempo fijado por la ley y; 3) invocación por parte del interesado.

1) La inercia del acreedor: no es oponible al caso decidendum por cuanto evidencia la Sala de la demanda incoada en fecha 12 de febrero de 2003, así como de todas las actuaciones desplegadas por la parte actora a través de su apoderado judicial para lograr la consumación de las citaciones de los demandados, configuran un hecho cierto de actividad procesal del acreedor para interrumpir la prescripción de la acción.

2) El transcurso del tiempo fijado por la ley: En tal sentido, el artículo 1.228 del Código Civil, señala que las causas de interrupción y de suspensión de la prescripción que existan respecto a uno de los deudores solidarios, no puede ser invocada contra los otros.

Sin embargo, el deudor que haya sido obligado a pagar, conserva su acción contra sus codeudores, aun cuando hayan sido liberadas por la prescripción.

Por su parte, el criterio jurisprudencial sentado por esta Sala de Casación Civil, en decisión N° RC. 000481, expediente N° 10-148, de fecha 4 de noviembre de 2010, cuya aplicación invoca el recurrente, dispone lo siguiente:

“…De igual manera, es de acotar que la prescripción es capaz de interrumpirse de acuerdo a los medios establecidos en el Código Civil y otras leyes especiales, según sea el caso, lo que la diferencia de la caducidad que siendo de orden público es irrenunciable y constituye un término fatal, que no está sujeto a interrupción ni suspensión, y obra contra toda clase de personas, pues, una vez caduca, carece de existencia y no puede discutirse en debate judicial.

Ahora bien, en el presente caso, como antes se ha dicho se trata de un juicio de daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito, por ende, se debe computar el lapso de prescripción previsto en el artículo 134 de la Ley de Tránsito Terrestre, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.332, de fecha 26-11-2001, Decreto N° 1.535 del 8 de noviembre de 2001, cuya ley estaba vigente para el momento de la ocurrencia del accidente y por lo tanto, es la aplicable al caso en estudio, en la que el referido artículo establece lo siguiente:

“…Artículo 134. Las acciones civiles a que se refiere este Decreto (sic) Ley (sic) para exigir la reparación de todo daño prescribirán a los doce (12) meses de sucedido el accidente. La acción de repetición a que se contrae el artículo anterior prescribirá en igual término, a partir del pago de la indemnización correspondiente…”. (Resaltado de la Sala).

De acuerdo a la norma supra transcrita, las acciones civiles para exigir la reparación del daño derivado de accidente de tránsito, prescriben a los doce meses (12) de ocurrido el accidente, por lo tanto, es necesario establecer cuando sucedió el accidente para poder determinar la fecha a partir de la cual se inicia el computo del lapso de prescripción.

Al respecto, observa la Sala que el juez de alzada dejó establecido que “…el accidente de tránsito en cuestión ocurrió el 01 (sic) de noviembre de 2006, tal como lo admitieron las partes y se evidencia del expediente administrativo 11-06-0177…”, por lo tanto, no existe ninguna duda que la fecha a partir de la cual se debe computar el lapso de prescripción en el presente juicio, es el primero (1°) de noviembre de 2006, fecha ésta que es admitida por la partes y establecida por el ad quem.

Ahora bien, respecto a las causales de interrupción de la prescripción en materia de tránsito, la Ley de Tránsito Terrestre no las establece, por tanto, se deben aplicar supletoriamente las normas establecidas en el Código Civil, al respecto el artículo 1.969 eiusdem, prevé lo siguiente:

(…Omissis…)

De acuerdo al criterio de esta Sala ut supra transcrito, el cual se reitera, la norma prevista en el artículo 1.228 del Código Civil, conlleva a una separación en el cómputo de la prescripción para cada uno de los deudores solidarios, ya que las causas de interrupción y de suspensión de la prescripción que existan respecto a uno de los deudores solidarios, no pueden ser invocadas contra los otrospues, la doctrina aceptada antes de la reforma del Código Civil del año de 1942, relativo a la solidaridad entre deudores fue modificada, ya que ésta consideraba a cada deudor solidario como mandatario tácito de sus codeudores.

Por lo tanto, considera la Sala que se debe tomar en cuenta la fecha de citación de cada uno de los deudores solidarios demandados a los efectos de determinar si hay alguna causa de interrupción de la prescripción y, así poder establecer si efectivamente ocurrió la prescripción de la acción en contra de la parte demandante en relación a todos los demandados solidariamente y, no tomar en cuenta solamente la citación del deudor solidario respecto al cual no se interrumpió la prescripción para con base en ese cómputo declarar la prescripción de la acción en relación a todos los demandados solidariamente.

(…Omissis…)

De acuerdo al criterio de los referidos autores las causas de interrupción de la prescripción obra individualmente, pues, las que existan respecto a uno de los deudores solidarios no pueden ser invocadas contra los otros, por lo tanto, la interrupción de la prescripción frente a uno de los obligados, no perjudica ni afecta a los otros, ello en virtud de lo establecido en el artículo 1.228 del Código Civil, lo cual significa que la citación de un codemandado no implica la extinción de la prescripción contra los otros, quienes la pueden plantear como una defensa de fondo, pues, el cómputo de la prescripción debe hacerse por separado.

En consecuencia, considera la Sala que cuando hayan sido demandados conjuntamente como deudores varias personas, si unas son citadas para la contestación de la demanda antes de que transcurra el término de prescripción de la acción intentada y otras con posterioridad a dicha fecha, la prescripción opera sólo respecto de éstas últimas, pues, el cómputo de la prescripción de las acciones respecto de los deudores solidarios debe hacerse separadamente para cada uno de ellos.

Por otra parte, respecto a la relación entre los litisconsortes con la parte contraria, el artículo 147 del Código de Procedimiento Civil, prevé que:

“…Los litisconsortes se consideran en sus relaciones con la parte contraria, y mientras no resulte otra cosa de disposiciones de la ley, como litigantes distintos, de manera que los actos de cada litisconsorte no aprovechan ni perjudican a los demás…”(Negritas de la Sala).

De acuerdo con la norma ut supra transcrita, al considerase los litisconsorte en sus relaciones con la parte contraria como litigantes, los actos de cada litisconsorte no aprovecha ni perjudican a los demás, por ende, considera la Sala que si uno de los deudores solidarios demandados alega la prescripción de la acción por haber sido citado luego de transcurrido el lapso de prescripción previsto en la norma y, cuya prescripción alegada es declarada con lugar, la misma no puede aprovechar a los otros codemandados que no la hayan opuesto en su debida oportunidad, ya que además, el juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta.

Ahora bien, realizadas las anteriores consideraciones, observa la Sala que en el presente caso el juez de alzada declaró la prescripción de la acción en contra de la demandante y a favor de todos los demandados, siendo que la prescripción fue opuesta únicamente por la codemandada Seguros Mercantil C. A., respecto a la cual efectivamente no se interrumpió la prescripción de la acción, pues, la misma fue citada luego de transcurrir los doce (12) meses de ocurrido el accidente para que se interponga la acción civil establecida en el artículo 134 de la Ley de Tránsito Terrestre.

Sin embargo, de acuerdo a las actuaciones procesales cursantes a los autos del presente expediente y que fueron reseñadas anteriormente, las cuales se dan aquí por reproducidas, observa la Sala que la parte demandante interrumpió el lapso de prescripción de la acción respecto a los demás codemandados Manuel Antonio Pires de Sousa (conductor del vehículo) y Joao de Jesús Rodríguez, (propietario del vehículo), pues, éstos fueron citados antes de que transcurrieran los doce (12) meses contados a partir de la fecha en que sucedió el accidente de tránsito, ya que como antes se ha dicho, el accidente de tránsito ocurrió el primero de noviembre de 2006, y por lo tanto, la acción prescribiría el primero de noviembre de 2007.

Pues, desde el primero de noviembre de 2006, cuando sucedió el accidente de tránsito, hasta los días 11 y 27 de junio 2007, fechas en las cuales se practicaron las citaciones de los codemandados Joao de Jesús Rodríguez y Manuel Antonio Pires, respectivamente, no transcurrieron los doce (12) meses previstos en el artículo 134 de la Ley de Tránsito Terrestre, para que prescribiera la acción civil para exigir la reparación de los daños.

Por las razones antes expuestas y conforme a los criterios jurisprudenciales y doctrinales ut supra transcritos, considera la Sala que el juez de alzada al declarar prescrita la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito, respecto a todos los codemandados, infringió los artículos 12, 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, ya que no decidió conforme a lo alegado y probado en autos al excederse en los límites de lo sometido a su consideración, incurriendo en incongruencia positiva, pues, extendió los efectos de la prescripción de la acción establecida en favor de uno de los codemandados a los demás codemandados quienes no la habían alegado y respecto a los cuales se había interrumpido la misma, por ende, no había fenecido el lapso de prescripción prevista en la Ley de Tránsito Terrestre.

Por lo tanto, el ad quem ha debido declarar la prescripción de la acción sólo en lo que respecta a la codemandada Seguros Mercantil C. A., quien fue la única que opuso la prescripción de la acción y respecto de la cual no se interrumpió la misma.

Asimismo, estima la Sala que el juez de alzada subvirtió el procedimiento, pues, al exceder los límites del asunto sometido a su consideración generó una desigualdad entre los litigantes, ya que este hecho vulneró derechos fundamentales previstos en los artículos 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantizan la igualdad ante la ley, el derecho de los justiciables del acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, el derecho a la defensa y el debido proceso, los cuales obligan a los jueces a mantener a los litigantes sin diferencias ni prerrogativas en las controversias a que deban someterse, así como que las mismas se sigan por los  procedimientos previamente establecidos en la ley.

Pues, como ya se ha dicho, los actos de cada litisconsorte no aprovechan ni perjudican a los demás y que el juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta.

Por ende, al haber sido demandados conjuntamente el conductor, el propietario y la aseguradora del vehículo como deudores solidarios y, siendo que tanto el conductor y el propietario fueron citados para la contestación de la demanda antes de que transcurriera el término de los doce (12) meses para la prescripción de la acción y, que por su parte la aseguradora fue citada con posterioridad a dicha fecha, considera la Sala que la prescripción operaba sólo respecto de ésta última…” (Negrillas, cursivas y subrayado de la sentencia parcialmente transcrita y doble subrayado de la Sala).

 

De la transcripción parcial supra realizada, se puede colegir que la prescripción es capaz de interrumpirse de acuerdo a los medios establecidos en el Código Civil y otras leyes especiales, según sea el caso. En los juicios derivados de accidente de tránsito se debe computar el lapso de prescripción de acuerdo a lo previsto en el artículo 134 de la Ley de Tránsito Terrestre, el cual dispone que las acciones civiles para exigir la reparación del daño derivado de accidente de tránsito, prescriben a los doce meses (12) de ocurrido el accidente.

Respecto a las causales de interrupción de la prescripción en materia de tránsito, la Ley de Tránsito Terrestre no las establece, por tanto, se aplican supletoriamente las normas establecidas en el Código Civil. Para ello, la norma prevista en el artículo 1.228 del Código Civil, conlleva a una separación en el cómputo de la prescripción para cada uno de los deudores solidarios, ya que las causas de interrupción y de suspensión de la prescripción que existan respecto a uno de los deudores solidarios, no pueden ser invocadas contra los otros.

Lo cual conlleva a considerar que en el sub iudice se debe tomar en cuenta la fecha de citación de cada uno de los deudores solidarios demandados a los efectos de determinar si se interrumpió la prescripción, o si efectivamente la misma se verificó con relación a todos los demandados solidariamente, pues cuando hayan sido demandados conjuntamente como deudores varias personas, si unas son citadas para la contestación de la demanda antes de que transcurra el término de prescripción de la acción intentada y otras con posterioridad a dicha fecha, la prescripción opera sólo respecto de éstas últimas, ya que el cómputo de la prescripción de las acciones respecto de los deudores solidarios debe hacerse separadamente para cada uno de ellos.

Ahora bien, en el presente caso, como antes se ha dicho se trata de un juicio de daño moral derivado de accidente de tránsito, por ende, se debe computar el lapso de prescripción previsto en el artículo 134 de la Ley de Tránsito Terrestre, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.332, de fecha 26-11-2001, Decreto N° 1.535 del 8 de noviembre de 2001, cuya ley estaba vigente para el momento de la ocurrencia del accidente y por lo tanto, es la aplicable al caso en estudio, en la que el referido artículo establece lo siguiente:

“…Artículo 134. Las acciones civiles a que se refiere este Decreto (sic) Ley (sic) para exigir la reparación de todo daño prescribirán a los doce (12) meses de sucedido el accidente. La acción de repetición a que se contrae el artículo anterior prescribirá en igual término, a partir del pago de la indemnización correspondiente…” (Resaltado de la Sala).

 

De acuerdo a la norma supra transcrita, las acciones civiles para exigir la reparación del daño derivado de accidente de tránsito, prescriben a los doce meses (12) de ocurrido el accidente, por lo tanto, es necesario establecer cuando sucedió el accidente para poder determinar la fecha a partir de la cual se inicia el computo del lapso de prescripción.

Al respecto, observa la Sala que el juez de alzada dejó establecido que de conformidad con los documentos analizados y valorados quedó demostrado que el accidente de tránsito que dio origen a que al actor esgrimiera en su demanda la pretensión de indemnización por daño moral, en virtud del fallecimiento en el mismo de su hija Daniela Dayana, efectivamente se produjo el 19 de julio de 2002, por lo tanto, no existe ninguna duda que la fecha a partir de la cual se debe computar el lapso de prescripción en el presente juicio, es el 19 de julio del año 2002, como ya se dijo, fecha ésta que es admitida por la partes y establecida por el ad quem.

Ahora bien, respecto a las causales de interrupción de la prescripción en materia de tránsito, la Ley de Tránsito Terrestre no las establece, por tanto, se deben aplicar supletoriamente las normas establecidas en el Código Civil. Al respecto el artículo 1.969 eiusdem, prevé lo siguiente:

“…Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez (sic) incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial.

Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de prescripción, copia certificada del libelo con orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez (sic); a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso…”. (Negrillas de la Sala).

 

La norma ut supra transcrita prevé que la demanda judicial interrumpe civilmente la prescripción en dos (2) supuestos, el primero, debe ser registrada en la oficina de registro correspondiente antes de expirar el lapso de prescripción, y el segundomediante la citación del demandado, siempre que sea antes de la fecha en que debe prescribir la acción, mediante la citación judicial oportuna del demandado.

Partiendo de estos dos supuestos, se evidencia que, el fin de ambos actos jurídicos es informar al demandado que hay un juicio en su contra, y con ello evidentemente interrumpir la prescripción que pueda operar, si es opuesta, según sea el caso.

Es de advertir, que una vez interpuesta la demanda y aún cuando la misma no se haya registrado, pero, de lograrse la citación del demandado antes de que finalice el lapso de prescripción, la misma quedará interrumpida.

Ahora bien, con relación a las causas de interrupción de la prescripción que existan respecto a uno de los deudores solidarios (supuesto de hecho relacionado con el caso en estudio), el artículo 1.228 del Código Civil, establece lo siguiente:

“…Las causas de interrupción y de suspensión de la prescripción que existan respecto a uno de los deudores solidarios, no pueden ser invocadas contra los otros.

Sin embargo, el deudor que haya sido obligado a pagar, conserva su acción contra los codeudores, aun cuando hayan sido liberadas por la prescripción…” (Destacados de la Sala).

 

Es decir, que de acuerdo a la referida norma, en aquellos casos en donde exista una solidaridad pasiva y el demandante logre interrumpir la prescripción de la acción en relación a uno de los deudores solidarios, éste (el demandante) no puede invocar el efecto de esa interrupción contra los demás deudores solidarios, por tanto, si el demandante no quiere correr el riesgo que prescriba la acción con relación a uno de los codemandados, debe interrumpir la prescripción de la acción contra todos los deudores solidarios, pues de lo contrario el deudor solidario respecto al cual no se interrumpió la prescripción podrá oponerla en la oportunidad de dar contestación al fondo de la demanda.

Respecto a los efectos de las causas de interrupción de la prescripción que existan en relación a uno de los deudores solidarios en materia de tránsito, esta Sala en un caso similar al sub iudice, en sentencia N° 72, de fecha 17 de mayo de 1967, caso: Carlos Valera contra Guillermo Michelli Pino y Nicolai Babin, estableció lo siguiente:

“…La recurrida admite explícitamente que el demandado Nicolai Babín fué (sic) citado el 22 de marzo de 1.966 (sic), cuando aún faltaban tres días para cumplirse los seis meses a partir del accidente; pero establece que, como el otro demando fué (sic) citado en fecha posterior (15 de julio de 1.966) (sic) es esa última citación la única que hay que tomar en cuenta para los efectos de la prescripción de la acción contra todos los demandados.

La Corte (sic) observa que tal criterio del sentenciador está en contradicción con los principios que informan lo relativo a la solidaridad entre deudores, sobre todo a partir de la promulgación del actual Código Civil de 1.942 (sic) que modificó radicalmente la legislación que hasta entonces había estado en vigencia. La doctrina admitida hasta entonces y que consideraba a cada deudor solidario como mandatario tácito de su (sic) codeudores, dejó el lugar a nuevos principios que fueron consagrados en el Código (sic) actual, uno de los cuales es el establecido en el artículo 1.228, según el cual las causas de interrupción y de suspensión de la prescripción que existan respecto a uno de los deudores solidarios, no pueden ser invocadas contra los otros. Esta disposición, que implica la separación en el cómputo de la prescripción para cada uno de los deudores solidarios, fué (sic) indudablemente infringida por la recurrida, con la consiguiente mala aplicación del artículo 1.969 del mismo Código (sic) en su parte final, al no tomar en cuenta a los efectos de la interrupción de la prescripción contra el demandado Nicolai Babín la fecha de la citación de éste sino la del otro demandado. Se declara, en consecuencia, que fueron infringidos por la recurrida los artículos 1.969 y 1.228 del Código Civil…”.

De acuerdo al criterio de esta Sala ut supra transcrito, el cual se reitera, la norma prevista en el artículo 1.228 del Código Civil, conlleva a una separación en el cómputo de la prescripción para cada uno de los deudores solidarios, ya que las causas de interrupción y de suspensión de la prescripción que existan respecto a uno de los deudores solidarios, no pueden ser invocadas contra los otrospues, la doctrina aceptada antes de la reforma del Código Civil del año de 1942, relativo a la solidaridad entre deudores fue modificada, ya que ésta consideraba a cada deudor solidario como mandatario tácito de sus codeudores.

Por lo tanto, considera la Sala que se debe tomar en cuenta la fecha de citación de cada uno de los deudores solidarios demandados a los efectos de determinar si hay alguna causa de interrupción de la prescripción y, así poder establecer si efectivamente ocurrió la prescripción de la acción en contra de la parte demandante en relación a todos los demandados solidariamente y, no tomar en cuenta solamente la citación del deudor solidario respecto al cual no se interrumpió la prescripción para con base en ese cómputo declarar la prescripción de la acción en relación a todos los demandados solidariamente. (Destacados de la Sala).

 

Igualmente, esta misma Sala respecto a la interrupción de la prescripción por la citación de cada uno de los codemandados, en sentencia Nº 0057, de fecha 18 de febrero de 2008, caso Magaly Socorro Parra de Depablos contra Zeneida Díaz Parra y otros, expediente N° 07-508, estableció lo siguiente:

“…Se advierte que, la citada abogada, renunció al poder que le fuera conferido en el mes de febrero de 2003, por lo que en ese mismo mes en el año 2005 se cumpliría el lapso fatal de prescripción para que la señalada abogada demandara el pago de sus honorarios, lapso que se que se (sic) vencería fatalmente si no se hubiese logrado practicar el medio comunicacional de la citación a ninguno de los codemandados, en acatamiento a lo establecido en el artículo 1.969 del Código Civil que prevé:

(…Omissis…)

De la norma trascrita se desprende que si incoada la demanda, aun sin registrarla, se logra la citación del demandado antes de que se consuma el lapso de prescripción, ella quedará interrumpida y comenzará a contarse nuevamente el referido lapso.

Por otra parte, el artículo 147 del Código de Procedimiento Civil, prevé: “Los litisconsortes se consideran en sus relaciones con la parte contraria, y mientras no resulte otra cosa de las disposiciones de la ley, como litigantes distintos, de manera que los actos de cada litisconsorte no aprovecha ni perjudican a los demás” 

En el sub iudice observa esta Máxima Jurisdicción Civil, que, se repite, el lapso de prescripción se consumó en el mes de febrero de 2005; asimismo consta al folio número 213 del cuaderno principal que ante el juzgado de la causa el 24 de enero de 2005 compareció la ciudadana Betulia Díaz de Chacón, una de las codemandadas, con la finalidad de otorgar poder apud acta al abogado Giulio Homero Vivas García advierte la Sala que para la fecha del otorgamiento del poder apud acta señalado, no había fenecido el lapso para que se consumara la prescripción para el cobro de los honorarios profesionales de la abogada intimante.

Por está razón, al declarar prescrita la obligación respecto a todos los codemandados, el juez superior se excedió en los límites de lo sometido a su consideración, asimismo la Sala observa que existe una subversión del procedimiento que devino en desigualdad entre los litigantes, hechos que violan derechos fundamentales consagradas a tenor de los artículos 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantizan la igualdad ante la ley, el derecho de los justiciables del acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, el derecho a la defensa y el debido proceso. Derechos que obligan a los jueces a mantener a los litigantes sin diferencias ni prerrogativas en las controversias a que deban someterse, así como que las mismas se sigan por los  procedimientos previamente establecidos en la ley.

En el caso que se resuelve se infringió, además de las normas antes señaladas, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil al establecerse, como se apuntó, que se declaró prescrita la obligación a favor de todos los co-demandados en perjuicio y detrimento de la accionante, razón por la que la Sala casará de oficio la sentencia recurrida y así será establecido en el dispositivo del presente fallo, de forma expresa y positiva. Así se declara…”. (Negritas en cursivas y subrayado de la Sala).

 

De la sentencia ut supra transcrita, se evidencia que en aquellos casos en donde exista solidaridad pasiva para que venza el lapso de prescripción de la acción en contra de la parte demandante, es necesario que no se haya practicado la citación de ninguno de los codemandados, ello en observancia a lo establecido en el artículo 1.969 del Código Civil, pues de esta norma se observa que “…si incoada la demanda, aún sin registrarla, se logra la citación del demandado antes de que se consuma el lapso de prescripción, ella quedará interrumpida y comenzará a contarse nuevamente el referido lapso…”.

Así tenemos que el 19 de julio de 2002, oportunidad en la cual -como ya se dijo- ocurrió el accidente es la fecha que se tiene como comienzo del cómputo de doce (12) meses para que opere la prescripción de la acción en el sub iudice,finalizando el 19 de julio de 2003, fecha tope para que dentro de cuyo lapso se lograra interrumpir la prescripción de la acción.

Puntualizado lo anterior, tenemos que al lograrse la citación del conductor del vehículo ciudadano Jhonny Daniel Quintero González, en fecha 27 de marzo de 2003(Vid. Folios 106 y 107 de la pieza 1 de 2), la prescripción de la acción fue interrumpida con respecto al precitado codemandado.

Asimismo, es pertinente reiterar la fecha exacta en que se configuró la citación de las codemandadas, Seguros Los Andes C.A, y la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), para así establecer si hubo o no prescripción con respecto a cada una de las precitadas sociedades mercantiles.

En cuanto a Seguros Los Andes, C.A., se constató supra que fecha 30 de abril de 2003, la secretaria del tribunal a quo dejó constancia de haberse trasladado a las oficinas de la señalada empresa y dejó constancia “… (…) Que la boleta de notificación librada al ciudadano Jesús Leonardo González,  en su carácter de gerente de Seguros Los Andes, la recibió (sic) Andy Rangel en la sede de seguro Los Andes, de esta ciudad de Barinas, con fecha 23-04-2.003, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 218 de Código de Procedimiento Civil…”, quedando así configurada la citación personal de la parte codemandada Seguros Los Andes C.A, debido al complemento de citación a través de boleta de notificación realizado por la secretaria del tribunal a quo. (Vid. Folio 138 de la pieza 1 de 2).

Por último, con respecto a la fecha exacta de la citación de la codemandada Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), la cual fue el condicionante para que el ad quem determinará –erróneamente- como de seguidas se explica, que la acción había prescrito para todos los demandados, se evidencia que:

El 30 de julio de 2003, mediante diligencia la abogada Obdulia Celenia Díaz Pérez actuando en su carácter de apoderada judicial de la codemandada Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), intervino y se hizo parte en la causa exponiendo:

“…En horas de despacho del día de hoy treinta (30) de Julio del año 2003, compareció por ante este Tribunal, la abogada OBDULIA CELENIA DÍAZ PÉREZ, (…) actuando en mi carácter de apoderada de la sociedadVENEZOLANA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CLÉRICO, COMPAÑÍA ANÓNIMA, (VINCCLER, C.A.), (…) Consigno en este acto instrumento Poder (sic) Especial (sic) en original, debidamente otorgado por la empresa que aquí represento (…) a los fines de que se nos tenga como apoderados de la misma en el juicio que por daños y perjuicios tienen intentado en su contra (…) y en el entendido de que deberé contestar la demanda de los veinte (20) días de despacho siguientes al de hoy…” (Negrillas y mayúsculas del texto parcialmente transcrito).

 

Cuyo poder debidamente autenticado reza:

“…Yo, GIACOMO CLERICO BERTOLA, (…) en mi carácter de Presidente (sic) de la sociedad VENEZOLANA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CLÉRICO, COMPAÑÍA ANÓNIMA, (VINCCLER, C.A.)(…) confiero Poder Especial, amplio y suficiente cuanto en derecho fuere necesario, a los Abogados (sic) en ejercicio, OBDULIA CELENIA DIAZ PEREZ, (…) para que conjunta o separadamente sostengan y defiendan los derechos e intereses de mi representada en el juicio que por daño moral han incoado en su contra los ciudadanos JOSE BENJAMIN NACAR y MARIA VICTORIANA TERAN PEREZ, (…) por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Barinas, Expediente (sic) N° 260-03. (…) los apoderados aquí constituidos quedan facultados, actuando conjunta o separadamente, para: darse por citados o notificados en el juicio…” (Mayúsculas y negrillas del texto parcialmente transcrito, subrayado de la Sala).

 

De la supra transcripción que se hiciera del poder otorgado y de la diligencia efectuada por la apoderada judicial de la parte codemandada Venezolana de Inversiones y Construcciones Clérico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A.), se colige que dada la intervención de la referida empresa en la causa en fecha 30 de julio de 2003, mediante su apoderada judicial la cual se encuentra plenamente facultada para darse por citada así lo hizo, pues el 9 de junio de 2003 oportunidad en la cual el abogado Jesús Ricardo Ramos Reyes consignó a los autos cartel de citación debidamente publicado en el diario “La Prensa” y, el diario “De Frente”, esto es, antes que feneciera el precitado lapso deprescripción de doce (12) meses estipulado en el artículo 134 de la Ley de Tránsito Terrestre; por tanto, no se interrumpió en ese caso la prescripción a través de la citación 

Ahora bien, es evidente que entre la primera citación lograda y la última de ellas transcurrieron más de sesenta (60) días; sin embargo, en el caso sub examine, la finalidad debatida es -como ya se dijo- si las partes tuvieron conocimiento de la demanda incoada en su contra antes de fenecer el lapso de prescripción supra indicado y, en todo caso, si fue opuesta oportunamente por cada uno de los demandados.

Al respecto, se debe señalar que el decaimiento de las citaciones por haber transcurrido más de sesenta (60) días entre la primera citación practicada y la última de ellas, opera para el lapso de emplazamiento a los fines de dar contestación a la demanda, no así con relación a la prescripción de la acción, debido a que si la citación se practicó correctamente antes que feneciera el lapso de prescripción estipulado por la ley, la citación ya cumplió su finalidad, que no es otra, que poner en conocimiento a la parte demandada que existe un juicio en su contra y en presente caso ello está plenamente demostrado.

En éste orden de ideas, es determinante citar el criterio establecido por esta Sala de Casación Civil mediante sentencia N° 325, de fecha 13 de junio de 2013, expediente. 13-002, caso: María De La Paz Barradas De Zárraga y otro contra Eusebio De La Nuez Velázquez y otros, en la cual se estableció la utilidad que debe tener la reposición establecida en el artículo 228 del Código Adjetivo, con respecto al haber transcurrido más de sesenta (60) días sin que se cumplieran las citaciones de todos los demandados, estableciendo que es indispensable para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad, el cual es del siguiente tenor:

“…De la denuncia antes transcrita se desprende, que el formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 15, 206, 208 y 228 del Código de Procedimiento Civil, por reposición preterida o no decretada, al considerar que se debió reponer la causa al estado de nueva citación de sus representados, al haber transcurrido más de sesenta (60) días sin que se cumplieran las citaciones de todos los demandados.

Al respecto esta Sala observa, que los ciudadanos Antonio De La Nuez Velázquez y Eusebio De La Nuez Velázquez, fueron patrocinados durante todo el juicio por el ciudadano abogado formalizante José Antonio Anzola Crespo, y que se cumplieron a cabalidad todos los actos del proceso, como contestación de la demanda, promoción de pruebas e informes. De igual forma, los demandados recurrentes, interpusieron recurso ordinario de apelación y extraordinario de casación. No verificando esta Sala, violación alguna al debido proceso o derecho a la defensa, ni el quebrantamiento de alguna forma sustancial del proceso, que degenerara en indefensión de los co-demandados ya descritos. Sino más bien, que estos disfrutaron de un debido proceso con todas las garantías procesales necesarias, que garantizaron su plena defensa en este juicio, en las dos instancias e inclusive ante esta sede casacional, con una respuesta del órgano jurisdiccional sobre el fondo del asunto litigado.

En este sentido cabe acotar, que ciertamente la violación de las normas antes citadas y delatadas como infringidas, son normas que atañen directamente al orden público, al estar referidas a la citación de las partes en el proceso, pero no es menos cierto, que la reposición de la causa y consecuente nulidad de esta, solo sería procedente cuando haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad.

Al respecto esta Sala en sentencia Nº RC-96 de fecha 22 de febrero de 2008, expediente Nº 2007-740, señaló lo siguiente:

(…Omissis…)

En atención al precedente jurisprudencial transcrito, queda claro que en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, es indispensable para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad.

Lo antes expuesto queda sustentado asimismo en Principios Constitucionales, como los desarrollados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ratifican lo hasta ahora expuesto, al referirse al derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela de los derechos, a la justicia imparcial, equitativa, sin formalismos o reposiciones inútiles. Del mismo modo, el artículo 49 de la referida Carta Magna garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa; y el artículo 257 eiusdem, el cual hace referencia al proceso como el instrumento fundamental para la realización de la justicia”.

De donde se desprende, que en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, es indispensable para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad.

Ahora bien, como en el presente caso no se evidencia que la supuesta infracción procesal cometida, ha causado indefensión, y la finalidad del acto tiene implícito en sí, la citación de los co-demandados para que comparezcan a juicio y asuman su defensa, y estos disfrutaron de todo un proceso completo, en el cual participaron en todos los actos procesales que le eran de su incumbencia, y ésta defensa fue asumida desde el comienzo del juicio hasta su fin, la nulidad y reposición consecuencia de la violación de las normas objeto de esta delación, acarrearía solo un típico caso de reposición inútil, no cumpliendo por ende con el requisito referente a la utilidad de la reposición que es indispensable para su procedencia, y como consecuencia solo generaría una Casación Inútil, al estado de nueva citación de los dos co-demandados antes descritos, para que comparecieran a juicio, a realizar nuevamente los actos procesales, que ya se verificaron, después de que el juicio se encuentra en su fase final, y ya fueron agotadas las dos instancias a que se contrae, ni la falta revista la importancia necesaria como para un pronunciamiento tan grave como es la nulidad de una sentencia en vísperas de cosa juzgada, por cuanto que la casación debe perseguir un fin útil y, por tanto, no debe concederse por vicios circunstanciales, accesorios o de mera forma, dado que se considera Casación Inútil, cualquier infracción que, aún siendo procedente no sea capaz de cambiar la decisión de la litis, como ocurre en este caso. Así se establece.

Tal criterio ha sido sustentado por la extinta Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, en sentencias del 23 de noviembre de 1.988 y 9 de diciembre de 1.992, entre muchas otras, y reiteradas por esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo N° RC-848 del 10/12/2008. Exp. N° 2007-163. Caso: Antonio Arenas, Danyali Del Valle (†), Yumey Coromoto (†) y Rosangela Arenas Rengifo (†); y otros, contra Serviquim C.A. y Seguros Mercantil, entre muchos otros, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, y que señalaron lo siguiente:

(…Omissis…)

Todo lo antes señalado se encuentra actualmente sustentado constitucionalmente, en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela de los derechos, a la justicia imparcial, equitativa, sin formalismos o reposiciones inútiles; así como el debido proceso y el derecho a la defensa; y un proceso como el instrumento fundamental para la realización de la justicia”” (Destacados del texto parcialmente transcrito).

 

De la supra transcripción jurisprudencial que se hiciere se colige que, la doctrina de esta Sala ha establecido que la reposición de la causa y la consecuente nulidad de esta, solo sería procedente cuando haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y, que el acto no haya cumplido su finalidad y que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y, que el acto no haya cumplido su finalidad.

En el caso sub examine, la finalidad debatida es -como ya se dijo- si las partes tuvieron conocimiento de la demanda incoada en su contra antes de fenecer el lapso de prescripción supra indicado y, si fue opuesta oportunamente por cada uno de los demandados.

Por cuanto, el decaimiento de las citaciones con respecto al haber transcurrido más de sesenta (60) días entre la primera citación practicada y la última de ellas, opera para el lapso de emplazamiento a los fines de dar contestación a la demanda, no opera así, con relación a la prescripción de la acción, debido a se practicó antes que feneciera el lapso de prescripción estipulado por la ley y cumplió su finalidad, que no es otra, que poner en conocimiento a la parte demandada que existe un juicio en su contra.

Finalmente, en cuanto a la tercera y última de las condiciones necesarias para que se verifique la prescripción se tiene lo siguiente:

3) Invocación por parte del interesado: Al respecto, la Sala no puede pasar por alto lo dispuesto por el legislador en el Código Civil en sus artículos 1.956, 1.957 y 1.969 los cuales son del siguiente tenor:

“…Artículo 1956. El Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta.

Artículo 1.957, La renuncia de la prescripción puede ser expresa o tácita. La tácita resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso de la prescripción.

Artículo 1.969. Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente (…)…” (Negrillas de la Sala)

 

De lo dispuesto en los artículos supra transcritos, la Sala colige que la prescripción se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haya hecho ante un juez incompetente como en el caso de marras, igualmente el legislador dispone que el juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta, también dispone que la renuncia de la prescripción puede ser expresa o tácita, la última de las nombradas resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso de la prescripción.

Así las cosas, la Sala observa del recuento de las actuaciones ut supra, específicamente de los cuatro (4) escritos de contestación al fondo de la demanda realizados por la representación judicial de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A), ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, siendo aún éste incompetente, en el cual, se evidencia que no fue opuesta la prescripción como defensa perentoria en ninguno de sus escritos de contestación al fondo de la demanda, relacionados anteriormente, pues no fue sino hasta el 19 de marzo de 2004, cuando la alegó. Cabe destacar, actuaciones procesales cuya validez en modo alguno fue cuestionada.

Es por lo anteriormente expuesto que, la Sala determina que operó la renuncia tácita de oponer –en tiempo hábil- la prescripción por parte de la sociedad mercantil Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico, Compañía Anónima, (VINCCLER, C.A).

Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala declara con lugar la presente delación, pues el sentenciador de alzada efectivamente suplió la defensa de prescripción a los codemandados. Así se decide.

Por resultar procedente una denuncia por defecto de actividad, la Sala no conocerá los restantes alegatos de infracción contenidos en el escrito de formalización, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y declarará con lugar el recurso de casación en el dispositivo del fallo. Así se establece.

DECISIÓN

En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por los demandantes José Benjamín Nácar y María Victoriana Terán Pérez contra la sentencia dictada el 20 de mayo de 2015, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. En consecuencia, CASA la sentencia recurrida y se ORDENA al juez superior que corresponda, dictar nueva decisión en la que resuelva el fondo del asunto controvertido, con apego estricto a los criterios doctrinarios expuestos en el presente fallo.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior antes referido, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

Dada la naturaleza del fallo no hay expresa condenatoria en costas, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dos (2) días del mes de agosto de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

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