DEBE UN ABOGADO COBRAR HONORARIOS PROFESIONALES A SU COLEGA?

SALA CIVIL 21 DE JULIO DE 2017.

¿ DEBE UN ABOGADO COBRAR HONORARIOS A UN COLEGA?

N° SENTENCIA: RC.000498

N° EXPEDIENTE: 17-100

Procedimiento: Recurso de Casación
Partes: LUÍS ALBERTO GONZÁLEZ REYES contra JESÚS ERNESTO PLASENCIA BLANCO.
Decisión: SIN LUGAR
Ponente: Guillermo Blanco Vázquez

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¿debe un abogado cobrar honorarios profesionales a un colega?.

En este sentido, el Código de Ética del Abogado establece en los artículos 40 y 53 lo siguiente:

(…Omissis…)

Igualmente, el artículo 31 del Reglamento de Honorarios Mínimos señala:

(…Omissis…)

Las normas permiten establecer situaciones excepcionales, a la regla elemental por el cual los abogados tienen derecho a cobrar sus honorarios profesionales. Nótese que las normas anteriores están redactadas mas (Sic) en un sentido motivador que imperativo, nuevamente, porque se reconoce la autonomía o independencia propia de la ética para decidir la conducta más apropiada, en este caso, para determinar si deben o no cobrarse honorarios profesionales. Entre los factores enunciados a tomar en cuenta para conocer la excepción están la pobreza, los lazos de consanguinidad y se colega.

En el caso que nos ocupa ambos abogados coinciden en el lazo de profesionalismo que los une, por cuanto son colegas, tal como se desprende de las actas que conforman la presente causa, por ello, en atención a las normas señaladas ut supra el demandado estaría exonerado del pago de los honorarios mínimos fijados por el Reglamento respectivo. La conclusión solo puede ser una, éticamente si el abogado no está en la obligación de cancelar una porción al Colegio de Abogados por ser el patrocinado un colega, ¿por qué habría de demandarse en Tribunales (Sic) por el pago personal? Si se condenara al pago y luego se ejerciera el derecho de retasa ¿cómo se podrían aplicar los criterios para cuantificar las actuaciones en base al reglamento cuando el mismo los exonera?.

Yendo más allá, si el artículo 53 del Código de Ética del Abogado califica falta grave a la ética que un abogado cobre honorarios a su colega por actuaciones jurídicas porque tales servicios pueden prestarse gratuitamente, con el mayor celo y diligencia como un imperativo de la solidaridad gremial, por lo tanto, No (Sic) pretende este juzgador entrar a detallar como debe tratarse a los colegas, pues como se mencionó anteriormente la crianza y el entorno social influyen directamente en lo ha de considerarse como conducta ideal arrojando respuesta disímiles, pero los artículos nos permiten concluir que dentro de las normas obligatorias para los abogados no es ético que un abogado demande a otro abogado por el cobro de honorarios profesionales, es una conducta que no responde a los dictados de la decencia y del honor que debe regir a la profesión. Así se establece.

Es necesario destacar que este Juzgador (Sic), quien también es abogado, no pretende con esta negativa desconocer el derecho que tienen los profesionales colegas en cobrar sus honorarios, pero, es derecho no puede ser ejercido en detrimento de las normas de conducta que deben regirnos como ciudadanos, o en este caso, como profesionales. Esto tampoco puede verse como una invitación desmedida para que los abogados abusen de los valiosos servicios que prestamos como profesionales del derecho, por lo que, en (Sic) base a la honorabilidad y dentro de las posibilidades económicas cada patrocinado debe proveer los medios necesarios para que el mandamiento se lleve a feliz término, de lo contrario, se convertiría en una carga casi imposible se sobrellevar para el abogado. Así se decide.

En conclusión, esta Alzada comparte el criterio proferido por el Tribunal (Sic) A quo (Sic) y concluye en que si bien están demostradas las actuaciones judiciales existe impedimento, contrario a la ética de la profesión para pretender su cobro por Tribunales (Sic), consecuencialmente la demanda es contraria a derecho de conformidad con el artículo 1 del Código de Ética del Abogado y por ello se declara Sin Lugar la demanda por intimación de honorarios Profesionales, tal como dicto (Sic) la recurrida y como en efecto as (Sic) se confirma…”. (Mayúsculas y negrillas del texto).

En el sub iudice el sentenciador de alzada a fin de resolver la demanda que por estimación e intimación de honorarios profesionales incoara el abogado Luís Alberto González contra el también profesional del derecho Jesús Ernesto Plasencia Blanco, luego de examinar los argumentos expuestos por ambas partes concluyó que lo controvertido en el presente caso se ceñía a determinar si “… ¿debe un abogado cobrar honorarios profesionales a un colega?…”.

En ese sentido, del análisis de los artículos 1, 40 y 53 del Código de Ética del Abogado y 31 del Reglamento de Honorarios Mínimos estableció que aun cuando no existen dudas sobre las actuaciones realizadas por el demandante por constar en instrumento público y por haber sido reconocido expresamente por el intimado, al constatarse el lazo de profesionalismo que une a las partes de conformidad con las normas supra señaladas el demandado se encontraba exonerado del pago de los honorarios pretendidos por el demandante.

Destacó, que con tal negativa no se pretendía desconocer el derecho que tienen los profesionales colegas de cobrar sus honorarios; sin embargo, consideró que tal derecho no podía ser ejercido en detrimento de las normas de conducta que deben regir a los profesionales del derecho, situación que tampoco debía interpretarse como una invitación desmedida para que se abusara de los valiosos servicios que prestan.

Ahora bien, analizados los argumentos expuestos por el formalizante y lo decidido por el ad quem esta Sala considera pertinente realizar las siguientes consideraciones partiendo de la premisa de que “…cualquier profesión no es una actividad individual, sino que es ejercida por un conjunto de personas, de “colegas”, con los que se conforma una comunidad, porque deben perseguir las mismas metas, utilizar la misma jerga, se sirven de unos métodos comunes y asumen un ethos, el carácter de la profesión…”. (Adela Cortina, j. Conill. “El sentido de las profesiones. 10 palabras claves en Ética de las profesiones”. Editorial Verbo Divino. Navarra. 2000).

En el sub iudice, como se dijo, se pretende el cobro de honorarios profesionales judiciales al decir del recurrente, los cuales habrían sido previamente pactados mediante un contrato de prestación de servicios de abogado suscrito por las partes con ocasión al proceso judicial de partición de comunidad hereditaria intentado por el abogado Jesús Ernesto Plascencia Blanco el cual fue sustanciado y tramitado ante la jurisdicción civil finalizando en fecha 25 de abril de 2016 mediante sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva que homologó el desistimiento de la demandada, convenio éste, cuya existencia fue alegada por primera vez en la oportunidad de la formalización del presente recurso.

A tal efecto, el demandante hoy formalizante acompañó las actuaciones judiciales realizadas en el juicio incoado por su colega Jesús Ernesto Plascencia Blanco alegando en su escrito que “…el contrato de servicios que suscribiéramos quedó en posesión de la cuñada de demandado, quien no quiso entregarlo…”.

Al respecto, cabe precisar que el sentenciador de alzada estableció que de conformidad con lo preceptuado en numeral 1 del artículo  31 del Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados, supra transcrito el demandado se encontraba exonerado del pago de honorarios profesionales judiciales pues estos son pretendidos por su colega demandante, utilizando además para colorear su decisión normas contentivas principios éticos como reglas legales que regulan el comportamiento de los profesionales, motivo por el cual esta Sala considera que en el presente caso no se evidencia el vicio que se le pretende endilgar a la recurrida, pues efectivamente la norma delatada como infringida exonera el pago de honorarios profesionales de abogado entre colegas, tal como se plantea. Así se declara.

Con base en las consideraciones que anteceden, se declara la improcedencia de la presente delación por falsa aplicación de los artículos 1 y 53 del Código de Ética del Abogado venezolano y 31 literal “a” del Reglamento de Honorarios Mínimos del Abogado, así como la falta de aplicación de los artículos 2, 3, 21, 22, 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 8 de diciembre de 2016.

NO SE CONDENA en costas del recurso a la parte demandante recurrente dada la naturaleza del juicio.

Publíquese, regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado de Primero de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo extensión Puerto Cabello. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil. Diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

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